El debate sobre el aborto es un tema socialmente trascendental que enfrenta la protección de la vida humana prenatal con la autodeterminación de la mujer. Este conflicto no encuentra una respuesta definitiva a corto plazo en muchas partes del mundo. En este contexto, es crucial analizar la legislación y regulación del aborto en Brasil y otros países de América Latina.
En los próximos meses, el aborto en Estados Unidos podría dejar de ser un derecho constitucional, mientras que España propone reformar la ley para permitir que las jóvenes aborten sin el conocimiento de sus padres y crear un registro de médicos objetores. Ante esta situación de profunda división social, se requiere un ejercicio de madurez cívica, donde se presenten argumentos honestos y se escuchen las opiniones opuestas.
Especial: situación del aborto en América Latina, ¿cuáles son los desafíos?
La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, generó controversia por su posición contraria al aborto. El Presidente Macron propuso reformar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para incluir el derecho fundamental al aborto. A pesar de la legalidad del aborto en muchos países, existen obstáculos que limitan el acceso, como la denegación de atención médica basada en creencias personales. La objeción de conciencia, aunque reconocida, no debe utilizarse para bloquear el acceso a servicios legalmente garantizados.
La Unión Europea mantiene una posición favorable al aborto, permitiéndolo en 25 de sus 27 Estados miembros y defendiendo esta postura en Naciones Unidas. Sin embargo, esta posición unitaria contrasta con la variedad de opiniones a nivel internacional, donde insinuar la protección de la vida prenatal puede ser mal visto.
Naciones Unidas, desde las conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995), ha promovido el principio de que los derechos sexuales y reproductivos incluyen el acceso seguro al aborto, aunque este criterio no está consagrado en instrumentos jurídicos universales.
El aborto en América Latina
Latinoamérica es una región donde el debate sobre el aborto está en ebullición. Chile se plantea incluir el aborto en su Constitución, mientras que Perú ha manifestado su deseo de reformar la ley que penaliza el aborto salvo en casos de peligro para la vida de la mujer. Ecuador declaró inconstitucional penalizar el aborto en casos de violación. Brasil mantiene una posición activa en la defensa de la vida, tanto a nivel nacional como internacional.
En marzo de 2022, la Corte Constitucional de Colombia liberalizó el aborto hasta la semana 24, convirtiéndose en uno de los países con una regulación más permisiva. En octubre de 2021, se lanzó una Declaración copatrocinada por varios países, que niega la existencia de un derecho al aborto y exige la protección integral de la salud de la mujer y la vida antenatal.
Máxima expectación en Estados Unidos ante la eventual revocación de Roe vs. Wade
La revisión de la sentencia Roe vs. Wade genera gran expectativa en Estados Unidos. Los tribunales del estado suspendieron una ley que era contraria a la sentencia Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de 1973, que proclamaba el derecho de la mujer al aborto hasta la semana 24 de gestación. El estado de Misisipi, en su recurso ante el Tribunal Supremo, no pide directamente la revocación de Roe, sino que se abandone el criterio de la viabilidad.
El borrador filtrado de la sentencia propone revocar la doctrina Roe, argumentando que no existe un derecho constitucional a abortar derivado del derecho a la intimidad. Según la sentencia Roe, este derecho estaría implícito en el derecho a la libertad personal reconocido en la 14.ª enmienda. Robert George afirma que la sentencia Roe es contraria a la Constitución porque carecía de fundamento en el texto, la lógica, la estructura o la comprensión histórica de la Constitución.
Habrá que esperar para ver si el borrador filtrado se confirma y cuenta con una mayoría de votos en el Tribunal Supremo. La ley de Misisipi objeto del recurso permite el aborto hasta la semana 15, más de lo permitido en España e incluso en Francia.
Situación en España
En España, se discute la regulación del aborto con ocasión del anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros. La ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el grupo parlamentario popular. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso pero denegó la suspensión cautelar solicitada.
La nueva propuesta de reforma ha generado un amplio revuelo en la opinión pública, no solo por los puntos que se propone reformar de la ley vigente sobre el aborto, sino también por otros que afectan a los derechos de la mujer, como la baja laboral por reglas incapacitantes y la persecución de la gestación por sustitución. Se busca garantizar que la prestación de interrupción del embarazo se lleve a cabo en instalaciones de la sanidad pública.
Parece claro que la finalidad primaria del registro es combatir el recurso a la objeción como medio para impedir el acceso al aborto. La creación de un registro no es necesaria para garantizar la prestación sanitaria de interrupción del embarazo. El borrador de anteproyecto de ley prevé una vuelta al régimen de 2010 en lo que respecta al aborto de las menores de 18 años y mayores de 16: podrán hacerlo sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres. Se suprime la obligación de informar a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y la exigencia de que transcurran tres días de reflexión.
Estas propuestas de reforma se sostienen en el principio de autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo y en la convicción de que la protección de la vida prenatal en las primeras catorce semanas de desarrollo viene enteramente determinada por la voluntad de la madre. Resulta paradójico que la propuesta de reforma de la ley no haga mención alguna al único punto de la ley actual sobre el que un órgano de supervisión de los derechos humanos se ha pronunciado.
Regulación del aborto en Latinoamérica
El acceso al aborto en Latinoamérica es desigual. Algunos países prohíben completamente el aborto, mientras que otros lo legalizan solo bajo ciertas causales o aceptan el aborto voluntario con un límite de tiempo. En ningún país de la región el acceso al aborto voluntario es completamente libre o exento de penalización. Uruguay fue pionero en la región en legalizar el acceso al aborto voluntario en las primeras semanas del embarazo.
Es necesario analizar en detalle la regulación del aborto en los países de América Latina y el Caribe para aportar información e identificar lo logrado y lo que aún falta legalmente. La situación de cada país es única, y es necesaria una conversación informada para avanzar en un mejor acceso al aborto de calidad.
El aborto hoy debe ser considerado un derecho y una práctica para cuidar la salud reproductiva. La OMS recomienda que los abortos se realicen con personas debidamente entrenadas. Para garantizar el derecho de acceso al aborto, este tiene que ser cubierto por el sistema público de salud o dentro de los servicios básicos sanitarios de los subsistemas de asistencia social y privados.
Algunas regulaciones establecen la obligatoriedad de contar con personal dispuesto a realizar las prácticas, y de brindar capacitaciones suficientes. La evidencia más actualizada aconseja la habilitación para el uso de misoprostol y mifepristona, así como la aspiración endouterina. La telemedicina asegura la asistencia en contextos de restricción de movilidad, en lugares alejados o con poco acceso a servicios físicos de salud.
En la región, todos los países han restringido normativamente el acceso a las interrupciones provocadas del embarazo, estableciendo condiciones que no se encuentran basadas en la evidencia sobre la seguridad de las prácticas para limitar el acceso oportuno y adecuado al aborto. Exceptuando aquellos en que el aborto está completamente prohibido, en todos los países analizados las personas gestantes deben cumplir con ciertos requisitos, clínicos o legales, para acceder al aborto por causales y al voluntario.
La atención posaborto es una práctica que requiere de mucha celeridad, porque postergarla aumenta el riesgo de mortalidad de las personas que necesitan esa atención. La falta de garantía del secreto profesional en la región se ha convertido en una fuente de daño para la salud de las mujeres, porque quienes requieren asistencia después de un aborto retrasan la consulta.
La interrupción del embarazo constituye el único mecanismo disponible para evitar el agravamiento del impacto que los embarazos no intencionales, y especialmente los embarazos forzados, tienen sobre la salud y la vida de niñas y adolescentes. Sin embargo, en la región, tanto las normativas vigentes como la accesibilidad a servicios de salud seguros para garantizar este derecho siguen siendo profundamente deficientes.
El marco regulatorio del aborto varía considerablemente entre países, reflejando diferentes niveles de acceso y restricciones. El Salvador es el único país analizado con una penalización total del aborto. En contraste, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú adoptan un modelo basado exclusivamente en causales. Argentina garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, así como la atención posaborto. Colombia permite la IVE dentro de las primeras 24 semanas y, posteriormente, bajo un sistema de causales sin límite gestacional. Ecuador sancionó la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación.
Bolivia, Chile, Brasil, Perú y Uruguay exigen la presencia y autorización de representantes legales de niñas y adolescentes para acceder al aborto, y contemplan mecanismos para que puedan acceder cuando hay conflicto de interés.
La falta de información relativa al derecho a la interrupción del embarazo, y a los mecanismos para acceder a las prácticas de forma segura, es un problema en la región. La mayoría de los países tienen un déficit importante en materia de educación sexual integral, especialmente en la niñez y adolescencia. La debilidad de las políticas para abordar la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes es otro factor a considerar. La violencia institucional y barreras en el acceso que se profundizan por las prácticas discriminatorias que en muchos casos enfrentan niñas y adolescentes.
En relación con la cantidad de abortos en niñas y adolescentes dentro del marco legal, una proporción importante de países no disponen de datos desagregados por grupo etario, lo que limita la comprensión del impacto y accesibilidad de los servicios en población joven.
Los Estados tienen el deber de garantizar la capacidad jurídica, autonomía y el derecho a brindar consentimiento informado de las niñas y adolescentes, considerando su autonomía progresiva, edad y grado de madurez. Asimismo, deben asegurar que reciban información clara y oportuna y los apoyos necesarios para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo, sin interferencias indebidas de representantes legales, madres, padres, tutores o cuidadores.
La 'marea verde' que reclama la legalización del aborto en Argentina ha puesto de nuevo en el foco del debate la legislación sobre la interrupción del embarazo. Cada país tiene su legislación, y con ella sus peculiaridades. Por el momento, solo un pequeño grupo mantiene en su legislación la prohibición total sin ningún tipo de distinción, concentrados en la zona del mar Caribe: Honduras, Haití, Nicaragua y El Salvador.
La basta mayoría dentro del conjunto latinoaméricano mantienen el aborto en su Código Penal como una práctica no permitida, pero sí aceptan ciertas circunstancias como válidas para frenar el embarazo. Los países oscilan alrededor de una pena de 2 años, como en Panamá, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Perú. También en México, pero hay que tener en cuenta que, debido a su carácter federal, cada estado es independiente en determinados asuntos.
Hace casi un año se introdujeron nuevas medidas dentro de la ley del aborto en Chile. Se incluyó que, además de la violación y peligro de la vida de la mujer, una alteración estructural letal del feto puede ser motivo para abortar. Las penalizaciones más reducidas se encuentran en Colombia, de 16 a 54 meses, y en Paraguay, de 15 a 30 meses.
En América Latina, el aborto está permitido en cuatro países. En 1995 el aborto ya estaba permitido en Guayana. Y, finalmente, Cuba fue pionera al despenalizarlo en 1965. Siempre que la mujer no supere las 12 semanas de gestación. Nunca se llegó a implantar ninguna ley de aprobación.
Los datos muestran cómo el panorama latinoamericano todavía se inclina por considerar el aborto como una praxis ilegal, con excepciones muy reducidas, y condenas muy diversas tanto para las mujeres, como para aquellos que se implican.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la ola del virus del zika «una emergencia de salud pública de preocupación internacional». Mientras varios gobiernos de la región han instado a las mujeres evitar quedar embarazadas hasta 2018, el aborto sigue siendo fuertemente restringido o ilegal en casi toda nación latinoamericana. Esta extraña paradoja -se advierte a las mujeres que eviten quedar embarazadas, pero se les niega la oportunidad de terminar un embarazo no planeado, no deseado, potencialmente peligroso- las deja con opciones trágicamente limitadas.
En muchos de estos países una mujer infectada con zika que queda embarazada tiene dos posibilidades: arriesgarse a dar a luz un niño con un serio defecto de nacimiento o recurrir a un método inseguro e ilegal para interrumpir su embarazo. En Brasil, antes de que comenzara la ola del zika, entre 800.000 y un millón de mujeres practicaban abortos ilegales cada año. Ese número probablemente aumentará como consecuencia de la propagación del virus.
La Dra. Rebecca Gomperts administra un servicio de aborto por correo llamado Women on Web, que envía la píldora de aborto a mujeres en más de 120 países. Women on Web entregará píldoras de aborto de manera gratuita a toda mujer que pueda proporcionar una prueba de laboratorio indicando que ha contraído el virus de zika.
Diferentes investigaciones demuestran que prohibir el aborto no reduce la tasa en absoluto, sólo aumenta las probabilidades de que las mujeres interrumpan sus embarazos usando métodos dudosos e ilegales. Estadísticamente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 68.000 mujeres mueren cada año por condiciones insalubres de aborto, lo que el organismo define como «uno de los desafíos más ignorados de la salud pública global».
Women on Web apunta a reducir esta abrumadora cifra facilitándole a las mujeres mifepristona y misoprostol para que puedan terminar su embarazo en casa de una manera segura. Cuando se toman juntas, estas drogas tienen más de 90 por ciento de efectividad. Ambas están incluidas en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS.
Gomperts insiste en que esta no es la única razón por la que el aborto debería ser algo seguro y legal. «El aborto debería legalizarse. No sólo por el zika, sino porque la evidencia científica ha demostrado una y otra vez que sólo el aborto legal reducirá las muertes innecesarias de mujeres a causa de abortos inseguros».
Tabla resumen de legislaciones sobre el aborto en Latinoamérica
| País | Legislación sobre el aborto |
|---|---|
| Argentina | Legalizado hasta la semana 14 y en causales específicas. |
| Bolivia | Permitido solo bajo causales específicas. |
| Brasil | Permitido en casos de violación, riesgo de vida de la madre y anencefalia fetal. |
| Chile | Permitido en causales específicas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. |
| Colombia | Legalizado hasta la semana 24 y en causales específicas sin límite gestacional. |
| Costa Rica | Ilegal con excepción del aborto terapéutico. |
| Cuba | Legalizado hasta la semana 12 a petición de la mujer. |
| Ecuador | Permitido en casos de violación y riesgo de vida de la madre. |
| El Salvador | Totalmente prohibido. |
| Guatemala | Ilegal con excepción del aborto terapéutico. |
| Guyana | Legalizado hasta la semana 8 con el consentimiento de la mujer. |
| Honduras | Totalmente prohibido. |
| México | Depende del estado; legalizado en algunos estados hasta la semana 12. |
| Nicaragua | Totalmente prohibido. |
| Panamá | Ilegal con excepción del aborto terapéutico. |
| Paraguay | Ilegal con excepción del aborto terapéutico. |
| Perú | Permitido solo en casos de aborto terapéutico. |
| República Dominicana | Ilegal con excepción del aborto terapéutico. |
| Uruguay | Legalizado hasta la semana 12 a petición de la mujer. |
Nota: Esta tabla proporciona un resumen general y puede no reflejar todas las excepciones o matices de cada legislación.