El debate sobre el aborto en España ha cobrado বিশেষ relevancia en los últimos años, con diferentes partidos políticos expresando posturas encontradas. Entre ellos, el Grupo Parlamentario VOX ha emergido como un defensor firme de políticas que "fomenten la vida" y "garanticen el consentimiento informado" como alternativa al aborto.
Fundamentos de la Postura de VOX
VOX fundamenta su postura en la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la vida como "el derecho fundamental esencial". Además, VOX considera que la ley del aborto "supuso un ataque frontal al derecho a la vida" porque "no respeta los valores en los que se basa el texto constitucional".
Asimismo, esta ley recoge un sistema de plazos por el cual la mujer podrá solicitar el aborto durante las primeras 14 semanas o hasta las 22 en caso de existir causas médicas. En este sentido, la ley del aborto recoge que en todos los casos se habrá de informar de manera “clara, objetiva y comprensible” a las mujeres “sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de su interrupción”, y hace referencia también al plazo de tres días que debe transcurrir desde que la mujer embarazada recibe la información hasta que aborta.
Críticas al Partido Popular
Vox ha criticado con dureza al Partido Popular por su postura relativa al aborto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló la semana pasada la ley de plazos vigente. "Recurren, lo pierden y se alegran. Insólito", ha dicho este martes el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Espinosa se ha referido así a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la semana pasada el aval del Constitucional a la "correcta" ley de plazos y dijo "alegrarse" de que el tribunal "marque el camino" sobre esta cuestión. A raíz de sus palabras, ha surgido el malestar dentro de algunos sectores del PP, y Vox ha sido también muy crítico con esta cuestión.
Propuestas Legislativas de VOX
En este sentido, el partido de Santiago Abascal ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley para derogar la ley del aborto de 2010 y sustituirla por "políticas públicas que protejan a la mujer embarazada y al concebido no nacido", que incluye la extensión a toda España de "las impulsadas por la Junta de Castilla y León", según ha indicado la formación.
La posibilidad de escuchar el latido del feto en el primer trimestre de embarazo, el acceso a ecografías 4D y la asistencia gratuita de psicólogos son las medidas presentadas hace semanas en Castilla y León, aunque no se están aplicando porque su socio en la Comunidad (PP) ha rechazado aplicar este protocolo, y que Vox propone extender ahora "a todas las regiones", según ha expuesto en la proposición no de ley.
Para el partido de Santiago Abascal existe una desprotección del no nacido hasta la semana 14 de embarazo y una discriminación hacia los discapacitados al permitirse el aborto en esos casos hasta la semana 22. Vox también ha registrado este martes una proposición no de ley "de rechazo a la autodeterminación de género", contemplada en la ley trans, en la que insta al Gobierno a elaborar un informe acerca de la transexualidad en España, que incluya una estadística sobre los casos de disforia de género y cuáles son tanto los tratamientos como los efectos a largo plazo de algunos, como la reasignación o transición de género.
Reacciones y Debate Político
El aborto genera debate en el seno del PP y el sector conservador y han sido públicas las críticas a la postura de Feijóo de los exministros Jaime Mayor Oreja y Jorge Fernández Díaz, a las que se une la acusación de traición por parte del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. El líder del PP no ha aclarado este martes si el aborto es o no un derecho y ha emplazado a los periodistas a una rueda de este miércoles.
Su portavoz de campaña, Borja Sémper, sostuvo el lunes que el partido no se había movido de la postura fijada en 2017 que sostenía que "el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad". En los mismos términos se ha expresado este martes su número dos, Cuca Gamarra, que considera que el aborto es un "fracaso", un "drama para toda mujer".
En la izquierda, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha señalado que Feijóo dijo que la ley de plazos era positiva a "ver si colaba" pero no "colaba" porque el recurso era del PP y salieron a "enmendarle la plana" lo que demuestra que "no manda absolutamente nada en su partido". Aína Vidal, de los Comunes, ha subrayado que cada vez que habla Feijóo tiene que salir alguien de su partido para "corregirle o recoger cable".
Gabriel Rufián, de ERC, que considera que el problema de Feijóo son "Ayuso y Vox", lo que "genera es una competición para ver quién es más salvaje". Bildu, por su parte, ha pedido al PP que no "endosen" a la sociedad y "ni mucho menos a las mujeres" las dificultades que tienen para hacer frente a "sus propios debates internos" y "al acoso que le somete Vox".
"El PP puede decir misa, el aborto es un derecho", ha subrayado Íñigo Errejón, de Más País, que lamenta que el PP "dé pasos atrás".
El Síndrome Post-Aborto y la Propuesta en Madrid
Abortar puede provocar “consumo de alcohol y drogas (...) pensamientos suicidas (...) aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino”. Y hay que “proteger la vida de los bebés no nacidos”. Estas son algunas de las frases que recoge la propuesta de Vox aprobada el miércoles en el Ayuntamiento de Madrid para hacer obligatorio que los servicios municipales informen a las embarazadas que se plantean abortar sobre un supuesto síndrome que no cuenta con aval científico.
El voto favorable de los conservadores de José Luis Martínez-Almeida supuso que asumieran el lenguaje de los ultras, y que ahora estén enredados en un tema, el aborto, que causa tensiones en sus filas por una propuesta de la que dudaron hasta el punto de intentar enmendarla.
En ella se dice que el aborto “representa una experiencia compleja (...) cuya sintomatología y desarrollo le hace pertenecer a los denominados trastornos de estrés postraumático”. Que la interrupción voluntaria del embarazo es un “eufemismo para describir el aborto”. Que el supuesto síndrome posaborto “recibe su nombre del Síndrome Post-Vietnam (...) con el agravante añadido del silencio y la marginación que rodea a la patología resultante de un aborto provocado”. Es decir, que se comparan los efectos de la interrupción del embarazo con los de matar, herir, ver morir y ser herido en una guerra.
Y se añade que si este síndrome no está reconocido por las sociedades científicas, y ha desaparecido del “manual de referencia de psiquiatría”, es “por presiones políticas e intereses ideológicos”, y porque “el aborto es legal y el mundo de la modernidad positivista, lo legal es lo bueno o lo moral”. Como si hubiera una conspiración.
El PP tuvo muchas dudas. Por eso, el partido de Martínez-Almeida presentó una enmienda para intentar diluir la iniciativa. Quería cambiar el texto de una manera tan sutil como profunda. Desaparecería la obligación de dar la información. Y se añadiría una salvedad que podría dejar todo el proyecto en nada: el plan debería ser “previamente estudiado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid”.
Sin embargo, los ultras no aceptaron. Y ha pasado algo inusitado: pese a que Vox rechazó la enmienda del PP, el PP apoyó la iniciativa de Vox. La confusión consecuente quedó implícita en las dificultades con las que el concejal José Fernández, delegado del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, defendió esa posición.
La Reforma de la Ley del Aborto de 2010
El Congreso ha aprobado de manera definitiva la reforma de la ley del aborto de 2010 que, entre sus principales medidas, recupera que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin el permiso de sus padres, garantiza que las intervenciones se lleven a cabo en la sanidad pública y en el hospital más cercano al domicilio y que, además, aborda una regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario.
La nueva y ampliada legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero llega una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara íntegramente el sistema de plazos de la ley de Zapatero, después de una tardanza de 13 años en resolver el recurso presentado por el Partido Popular. Precisamente, ese contexto y el giro de los populares sobre este tema es lo que ha marcado el debate final en el Congreso, con la izquierda y Vox haciendo pinza para acorralar al PP por su posición "actualizada" y por su enredo sobre si considera que el aborto es o no un "derecho" de las mujeres.
En números, la reforma del aborto ha logrado un respaldo amplísimo del Congreso. El proyecto de ley ha salido con 185 votos a favor. Los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, o Compromís, entre otros. Han votado en contra 154 diputados, los del PP, Vox, Ciudadanos o Navarra Suma. Ha habido tres abstenciones.
Irene Montero replica a Feijóo: "El aborto sí es un derecho"La ministra de Igualdad, Irene Montero, toma oxígeno con una aprobación tan rotunda de su ley del aborto en medio de la crisis de desgaste que está sufriendo con las rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí, que van camino de las 550. No ha querido aludir a ese asunto explícitamente pero sí lo ha hecho de manera indirecta para intentar apuntalar su tesis de que todo lo que está ocurriendo con la ley de libertad sexual es consecuencia de las "resistencias" de los sectores reaccionarios a aplicar de manera correcta la leyes feministas.
De este modo, Montero ha advertido de que con la ley del aborto va a pasar lo mismo: "Va a haber resistencia a la aplicación de la ley igual que habrá a todas las leyes feministas", ha dicho, para añadir que ahora "toca trabajar mucho con las comunidades autónomas, los centros sanitarios o las administraciones competentes para que haya personal suficiente para practicar los abortos o permitir la educación sexual en todas las escuelas y ser capaces de "cumplir la ley a pesar de las resistencias".
Por su parte, el PSOE ha aprovechado el debate para hurgar en el debate interno en el PP sobre el aborto y para cargar contra el partido por el "espectáculo" que está dando sobre si lo considera un derecho o no. "Señores del PP, no engañan a nadie porque han tenido recurrida la ley del aborto 13 años", ha criticado Laura Berja, que ha tachado de "impostura electoralista" el nuevo discurso de los populares.
El PP ha justificado su rechazo al proyecto de ley por ser "inoportuno", "innecesario", "infantilizador", "intolerante" e "incongruente". Entre otras cuestiones Marta González ha señalado la oposición del partido a que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de sus padres o que la nueva normativa vaya a eliminar la obligatoriedad de entregar información a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo. Además, la diputada popular ha avisado de los riesgos que hay cuando este Ministerio de Igualdad toca una ley por "la probabilidad de que el desastre se extienda". Motivo por el cual ha invitado a Montero a dimitir por las consecuencias de la ley del sólo sí es sí.
Mientras el PSOE, Unidas Podemos, ERC o Más País han arremetido por la izquierda contra el PP por volver a oponerse a una ley del aborto, desde su derecha ha recibido también la descarga de artillería de Vox por haberse sometido "sumisamente" a los postulados de la izquierda y por ser el "responsable directo" de no haber derogado la ley de 2010 y haber contribuido al cambio de mentalidad sobre esa norma. Ahora, ha incidido Lourdes Méndez Monasterio, Feijóo "consuma su traición" por aceptar lo que Vox tacha de ser "la máxima expresión de la barbarie".
En cuanto al contenido, la nueva ley establece garantías para que los abortos se puedan practicar en la sanidad pública en toda España y obliga que haya personal disponible para hacerlo en todos los hospitales. Además, hace una regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, al espejo de la que ya se puso en marcha con la aprobación de la eutanasia. También se cambian protocolos como la eliminación de los tres días de reflexión.
Más allá del tema del aborto, la ley establece medidas sobre maternidad, como una baja preparto para las madres a partir de la semana 39 de gestación, o sobre salud sexual, como el reparto gratuito de la píldora del día después, educación sexual en los centros escolares o las bajas laborales por menstruaciones con dolor incapacitante.
Claves de la Nueva Ley del Aborto
- ABORTO
- Las mujeres de 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres.
- Las menores de 16 años a quienes sus padres nieguen el permiso para abortar tendrán la capacidad para pedir que se nombre un defensor judicial para resolver el conflicto.
- Hay cambios en los protocolos. Se eliminan los tres días de reflexión obligatorios.
- Se excluye a los médicos inscritos en el censo de objetores de los comités clínicos que analizan si una mujer puede abortar más allá de la semana 22.
- Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita.
- HOSPITALES PÚBLICOS Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
- La ley blinda el acceso al aborto en la sanidad pública, en todos los hospitales de la red y la opción de hacerlo lo más cerca del domicilio.
- La objeción de conciencia se garantiza como un derecho individual del personal médico. Se crea un registro en el que inscribirse, del mismo modo que en la ley de la eutanasia.
- BAJA POR REGLA DOLOROSA Y SALUD MENSTRUAL
- La ley regula por primera vez en un país europeo el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral.
- Para combatir la "pobreza menstrual" se repartirán gratis productos de higiene femenina en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales u organismos públicos.
- MATERNIDAD
- Se crea una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
El 14 de febrero de 2023 fue un día de inflación informativa debido a las palabras del líder del PP: “la ley de plazos en el aborto es correcta”. Se abrieron las cajas de los truenos en el interior del primer partido de la oposición, azuzado por jerarcas de la Iglesia católica.
Por su parte, como tiburones ante el reclamo de la sangre, los de Vox aprovecharon para infligir al PP una mordida en sus votantes, registrando el 14 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con una triple finalidad: la derogación de la ley del aborto. El empleo de políticas públicas de apoyo a las mujeres embarazadas y el traslado a todo el territorio español del protocolo de presión contra las embarazadas intentado sin éxito en la Comunidad autónoma de Castilla-León: audición del latido del feto, ecografías y asistencia psicológica. La ironía sobre la actitud del PP del portavoz parlamentario de Vox lo dice todo: “Recurren, lo pierden y se alegran. Insólito”.
Tras la teoría y la práctica, las actitudes de las personas en relación con el derecho al aborto ofrecen este cuadro: a) concepción negacionista activa: en contra radical e inflexiblemente, utilizando acciones y medios contra el aborto, b) concepción negacionista: en contra, con independencia de lo que exprese el derecho o la ética pública, c) concepción jurídica: a favor porque la ley lo establece como derecho, d) concepción socio-jurídica: a favor porque la ley lo regula, si además coincide con la ética pública, e) concepción iusnaturalista: a favor siempre, aunque la ley no lo establezca.
Claramente el tema del aborto ha puesto de manifiesto la presencia de dos sectores en el PP: el sector conservador y el sector moderado. No podemos hablar de un tercer sector progresista, porque no existe.
El sector conservador del PP muestra un porcentaje significativo contrario al derecho al aborto: según las encuestas recientes un tercio, un 33%, de los militantes del PP, están en contra del derecho al aborto. Por consiguiente, se sitúan estos militantes en el punto b) indicado, el de los contrarios al derecho al aborto, sin acompañar su negativa de actitudes militantes contra él. No respetan el derecho y tampoco la ética pública. Únicamente su propia ética en una posición abiertamente antidemocrática.
El sector moderado del PP, representado por Feijóo, manifiesta un porcentaje mayor de aceptación del derecho al aborto, dos tercios de los militantes, aunque lo admiten en una dimensión parcial: solo en los Estados que lo establezcan como ley. Reitero las palabras del líder de la oposición más completas sobre el asunto tras sus sucesivas intervenciones aclaratorias al albur de las exigencias de los prebostes conservadores de su partido: “el aborto es un derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley de su país y fuera de esa ley no puede producirse”. La posición de esta ala moderada del PP está bien lejos de defender el derecho al aborto como un derecho universal.
Por otra parte, Vox muestra una posición extrema contra el derecho al aborto por dos razones. Primera, se opone al derecho al aborto sin fisuras e incondicionadamente, una posición más radical que la del sector de los conservadores del PP, antes explicada. Segunda: no son simplemente negacionistas, sino negacionistas activos y combativos, ya que pretenden emplear protocolos y herramientas contra la interrupción del embarazo, que incluso forman parte de la proposición parlamentaria presentada por Vox en el Congreso.
Decíamos antes que un 33% de los militantes del PP se oponen al derecho al aborto. Cifra que aumenta ostensiblemente añadiéndole la de los militantes-votantes de Vox. Por lo tanto, tenemos en España una cifra altísima de votantes que se sitúan fuera del derecho democrático español y no asumen la ley sobre el aborto aprobada por nuestros representantes elegidos por la ciudadanía. Aviso para navegantes en el proceloso mar de la democracia.
De vez en cuando salta a los medios la cuestión de si nuestro sistema político es una democracia plena. Muchos/as se enfadan por la pregunta, ya que dan por hecho que nuestra democracia ocupa un alto puesto en el ranking de la calidad democrática de los países del mundo. Yo les pregunto cómo puede ser plena una democracia en un país, si el principal partido de la oposición reitera que, al llegar al Gobierno, inmediatamente derogará las leyes progresistas del actual Gobierno de coalición, y el segundo partido de la oposición, sin necesidad de gobernar, ya está arrojando fuego y metralla sobre estas mismas leyes.
Alberto Ruiz-Gallardón quiso romper en 2014 la ley de plazos del aborto de 2010, que le costó la dimisión del cargo de ministro de Justicia.