Durante los cuarenta años de dictadura franquista, y hasta ya entrada la democracia, en España tuvo lugar uno de los delitos más silenciados y, a su vez, con mayor implicación y difusión mediática de la historia reciente. En el año 2010, los casos de mujeres que habían dado a luz en clínicas y maternidades a neonatos que fallecieron en extrañas circunstancias se hicieron noticia (Tortosa, 2014). El fenómeno delictivo de los bebés robados engloba una heterogeneidad de situaciones, todas relacionadas con las adopciones irregulares sucedidas en el seno del Estado español durante el siglo XX.
Este artículo analiza las desapariciones infantiles sucedidas en España desde la Guerra Civil hasta la década de los noventa, más conocidas como la trama de los «bebés robados».
Bebés robados durante el franquismo | Amnistía Internacional
Evolución del Delito de Sustracción de Menores
El delito de sustracción de menores en España presentó una evolución diferenciada en dos etapas:
- Primer Periodo (Años 40 y 50): Se enmarcó bajo un contexto de represión dictatorial donde la separación de multitud de niños de su familia biológica se justificó como medida de “higiene racial” (Vicedo, 2021) en aras a la regeneración del espíritu nacional español.
- Segundo Periodo (Aperturismo del Régimen): Debido al cambio contextual sufrido por el régimen, asociado a su etapa de aperturismo que conllevó la entrada de España en la ONU, la práctica de sustracción de menores y adopciones irregulares que se había mantenido vigente durante más de veinte años adoptó un cambio en su estructura y organización.
La "Higiene Racial" y la Anulación Política
El final de la Guerra Civil española supuso la búsqueda, por parte de la dictadura franquista, de diferentes medios de instauración de la ideología fascista y nacionalcatólica, mientras acababan con cualquier resquicio y manifestación del enemigo. La patologización y negación de la condición humana de los militantes republicanos fue el primer paso hacia su anulación política y social. De este modo, desde el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, el comandante Vallejo Nágera se centró en “investigar las raíces psíquicas del marxismo” llegando a concluir y promover, partiendo de la consideración de la raza como adquisición cultural derivada del ambiente, las medidas de higiene racial y eugenesia positiva. Así se produjo el comienzo de la separación de multitud de menores sustentada por un “entramado legal ex profeso” (Vicedo, 2019, p.360) que abrió paso a las deportaciones de estos niños al ámbito tutelar pasando a depender su custodia de la red asistencial falangista.
El nuevo régimen, en sintonía con las leyes eugenésicas del nazismo, trató de buscar una explicación biológica al marxismo, la idea de que esta ideología se transmitía genéticamente. Para capitanear la sádica búsqueda del llamado “gen rojo", el régimen recurrió al que fuera el jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército, el comandante Antonio Vallejo-Nájera, autor de la Eugenesia de la Hispanidad, obra cuya intención era “contribuir a la regeneración de la raza” hispánica a través de la selección de individuos “de elevado potencial biopsíquico”.
Bajo estas ideas de segregación, el régimen empieza a sustraer a niños de familias republicanas para pasar a formar parte de familias católicas, centros de la Iglesia o de Falange.
El Decreto sobre los Huérfanos de la Revolución y la Guerra
El Decreto sobre los huérfanos de la revolución y la guerra publicado en 1940 establecía, en su tercer artículo, que dicha tutela sería confiada, en defecto de la propia familia, a causa de existir “razones fundadas para estimar nocivo a este -el menor- para sus intereses de orden formativo y moral” (art. 4), a personas de “reconocida moralidad, adornadas de garantía que aseguren la educación de los huérfanos en un ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional” (art. 3). Un articulado que, en última instancia, reducía la operación de la pérdida de la tutela a criterios de carácter arbitral, únicamente dependientes de la opinión política que merecían los familiares según las autoridades.
Cambio en la Estructura y Organización
Todo ello con la intención de dar respuesta a la demanda social de niños por parte de familias afines al régimen, económica y socialmente bien posicionadas, que hasta entonces se había visto satisfecha. En este periodo se consolida un modus operandi caracterizado por el engaño a mujeres solteras, pobres o jóvenes a quienes se informaba falsamente de la muerte de sus hijos al nacer (Esteso, 2012) o se negaba la recuperación de su tutela tras el ingreso de sus hijos en centros de beneficencia (de Tena, 2014). Los recién nacidos eran entregados, a cambio de donaciones o pagos, a familias consideradas aptas para la crianza en un intento de imponer una moral familiar tradicional y favorecer la vigencia de la institución familiar desde el punto de vista nacionalcatólico.
Coerción en Clínicas de Maternidad
Las sustracciones en las clínicas de maternidad se producían, también, por coerción, sobre todo, en los casos de madres solteras y mujeres ingresadas en pisos o casas de maternidad que, tras el parto, eran coaccionadas a la entrega de su hijo en adopción como medio para evitar el estigma de la maternidad en calidad de soltera. Coacción también sufrida por las mujeres y niñas ingresadas en los diferentes reformatorios y correccionales para madres solteras dependientes del Patronato de Protección a la Mujer (García del Cid, 2012). Un organismo constituido formalmente en el año 1942, dependiente del Ministerio de Justicia y presidido por Carmen Polo de Franco, encargado de “velar por las jóvenes caídas o en riesgo de caer” (García del Cid, 2012, p.9) y cuyas maternidades se dirigían, tal como referían sus propios boletines informativos (1971), a voluntarias y forzadas, huidas, rechazadas, rabiosas, listas, tontas, analfabetas, educadas, groseras.
Testimonios de las Víctimas
La verdadera comprensión de la profundidad de este fenómeno requiere de la escucha y reconocimiento de las voces de sus víctimas. El archivo público Maternidades robadas (Mujer y Memoria, s.f.) recoge los testimonios de distintas víctimas cuyo análisis permite reconstruir el daño ocasionado desde el relato y la narrativa de sus historias.
En la revisión del discurso de las víctimas, podemos observar cómo la ideología marca para ellas el inicio de la práctica del delito, pasando a ser sustituida por la motivación de lucro a medida que avanzaban las décadas y, en especial, tras el comienzo de la democracia.
"Empezó por motivo ideológico y con el tiempo pues se convirtió en… en un negocio. Pero, para mí, desde luego que… que tiene que ver con la dictadura franquista porque era una época oscura y donde la gente era ignorante y… y en estos casos, esas madres no podían… o sea, era gente de bajo nivel cultural, familias humildes a las que les pasaba. Es mucha casualidad. Nunca le pasaba a gente preparada ni a gente… con una economía saneada. Entonces, para mí sí que tenía mucho que ver."
Asimismo, las víctimas coinciden en la identificación del poder residual del Estado franquista como facilitador de la comisión del delito en democracia. Al igual que la ideología, la desigualdad y vulnerabilidad social son identificadas por los testimonios como factores predisponentes a su victimización y dificultades a la hora de actuar judicialmente y buscar la reparación del daño ocasionado.
"A nosotros nos utilizaron, a las madres, como meras mercancías."
Consecuencias Emocionales y Psicológicas
Las consecuencias emocionales y psicológicas narradas en los testimonios son numerosas y devastadoras. Las mujeres describen sentimientos de culpa, duelo no resuelto, y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
"Estos hechos te producen una sensación de que no has sabido llevar la situación… un sentimiento de culpa por no haber sabido hacer nada en aquel momento."
Asimismo, encontramos multitud de menciones de las víctimas al proceso de embarazo y parto; y el trato violento recibido por el personal sanitario durante el mismo. Un eje transversal a los testimonios es la denuncia de la falta de reconocimiento oficial y de reparación efectiva. Las víctimas sienten que el Estado ha desatendido su derecho a la verdad y la justicia.
"El ser reconocidos como víctimas, la implicación, la primera que tiene, es que automáticamente cuando eres víctima tienes unos derechos (…). Nos sentimos totalmente ninguneados."
Ejemplos de Testimonios Recogidos
- Gema Armero: Su ADN no coincide con los restos de la que debería ser su hermana melliza, enterrada en 1982 en una fosa común del cementerio de Alicante.
- Irene Meca: Hija de una mujer soltera, fue comprada en 1953. No encontró a su familia biológica hasta los 71 años.
- María José Picó: Su hermana melliza murió dos noches tras el parto, según una monja. Se les negó el derecho a ver el cadáver.
- Lola Pérez: Vio por última vez a su hermana a través de un cristal en el hospital. El hospital informó que no existe historia clínica de su madre.
El Marco Legal y la Impunidad
Hoy en día el marco legal para abordar casos relacionados con los niños robados es escaso, dado que no existe una ley específica, sino que únicamente pueden ampararse en la Ley de Memoria Democrática, a pesar de que anteriormente se han emprendido algunas iniciativas legislativas como la proposición de Ley de Bebés Robados y Desaparición Forzada Infantil.
La primera iniciativa jurídica fue en el año 2008 cuando el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Nos preguntamos por qué a pesar de las medidas adoptadas desde entonces, la gran mayoría de las causas están sin resolver. Como conclusión consideramos que el asunto debe pasar del ámbito privado para ser considerado cuestión de Estado.
En enero de 2011, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) presentó la primera denuncia colectiva de casos de bebés robados en España.
El abogado Jacinto Lara sostiene que detrás de los casos archivados existe un componente político que ha mantenido un relato oficial basado en el “olvido y en la desmemoria”, cerrando las puertas a las víctimas al acceso a la justicia.
Desde la primera denuncia colectiva hasta marzo de 2021 abrieron un total de 2.138 investigaciones de casos de bebés robados, de las cuales solo 526 se habían judicializado hasta la fecha.
La Constitución establece que la ley española se debe interpretar de acuerdo con todos los tratados internacionales y convenios que el Estado español ha suscrito, señala a RTVE.es el letrado. Un principio que da de bruces con ese elemento de prescripción en el que se amparan los tribunales para archivar la mayoría de las causas.
La Proposición de Ley sobre Bebés Robados
El 6 de marzo de 2020 fue presentada en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.
La proposición de ley fue presentada por los grupos parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano, Confederal de Unidas podemos- En Comú Podem-Galicia en Común. El objetivo principal de esta propuesta es proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Dentro de las medidas, abogan por una Base de Datos Estatal de Afectados, aunque un censo que genere esta base de datos no sería público, con el fin de salvaguardar la protección de los datos personales.
Tabla Resumen de Etapas y Características
| Etapa | Contexto | Motivación Principal | Víctimas | Características |
|---|---|---|---|---|
| 1940-1950s | Represión Dictatorial | "Higiene Racial" | Familias Republicanas | Entramado legal ex profeso; deportaciones a la red asistencial falangista. |
| Aperturismo del Régimen | Cambio Contextual | Demanda Social y Lucro | Mujeres solteras, pobres o jóvenes | Engaño; adopciones irregulares a cambio de donaciones o pagos. |
Es lamentable observar cómo miles de familias han sido destrozadas por esta práctica criminal de robo de bebés. Incluso décadas después del fin del régimen franquista, las víctimas y sus familias continúan luchando por obtener justicia y reparación. La propuesta de Ley de Bebés Robados y Desaparición Forzada Infantil representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, su estancamiento en el proceso legislativo refleja la falta de voluntad política para abordar este problema de manera efectiva.