El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Directrices: la atención para el aborto:leyes/políticas-en torno al proceso continuo de la atención
“700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros.”
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Al finalizar 2024, el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho. Ese mismo año, se publicó un estudio sobre mortalidad materna correspondiente a 2022 que confirmó la muerte de al menos dos mujeres en Georgia, debido a demoras en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
“Al finalizar 2024, en Estados Unidos el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho.”
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
“La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.”
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Irlanda del Norte
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
En febrero de 2025, un tribunal polaco resolvió que Justyna no había tenido un juicio justo, ya que la jueza del tribunal de primera instancia no fue nombrada de forma independiente. Sin embargo, la causa no ha sido anulada y el juicio deberá repetirse.
Pero Justyna y su movimiento, Abortion Dream Team, no se rinden. En marzo de 2025 han abierto el primer centro en el país que proporcionará información sobre el aborto en otros países, autocuidados y acompañamiento a las personas que decidan practicarse un aborto autogestionado con píldoras.
Marruecos
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. “Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, conlleva pena de hasta dos años de prisión o multas. Mientras tanto, el personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia y, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.
Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
El informe “My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco”, documenta las consecuencias ruinosas de la penalización del aborto en Marruecos, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación. Ante la amenaza de cárcel, muchas recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto.
Manifestación por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Buenos Aires, Argentina.
Texas
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
“En Texas, la ley solo permite el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud grave de la mujer, sin excepciones por violación o incesto. Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a quienes denuncien a personas que ayuden a abortar.”
Otros estados continuaron con los retrocesos: a finales de 2024, 19 estados prohibían parcial o totalmente el aborto.
Las prohibiciones del aborto y otras políticas restrictivas de los estados tienen un impacto desproporcionado en las comunidades más marginadas, que ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El informe “Abortion in the USA. The human rights crisis in the aftermath of Dobbs” incluye numerosas historias de personas embarazadas negras, indígenas, indocumentadas, LGBTQI+, discapacitadas, del medio rural y de ingresos bajos.
Estados de EEUU que blindan el derecho al aborto
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
Mapa mundial de las leyes sobre el aborto.
Al ser dos de las empresas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo, sus acciones tienen consecuencias de alcance mundial.
Internet es una parte central de la vida moderna y uno de los principales canales a través de los cuales obtenemos información. Esta práctica impide que la gente acceda a información que salva vidas y tome decisiones informadas sobre su cuerpo.
República Dominicana
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
Más recientemente, en 2021, la Cámara de Diputados volvió a abrir el debate, pero la mayoría de los diputados...
“Mientras el mundo avanza hacia mayores garantías en el derecho al aborto, contados países como Estados Unidos, Polonia o China, se empeñan en devolvernos a un oscuro pasado que pretende anclar a las mujeres en su rol reproductor”, ha declarado Maribel Tellado, responsable del trabajo sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se celebra cada 28 de septiembre.
El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria y, cada vez hay un mayor consenso mundial a favor de respetar y garantizar este derecho. En los últimos 25 años, se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa una quinta parte de ellos, y en América Latina la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.
“Sin embargo, desgraciadamente, no podemos dar por sentados derechos humanos que en los últimos tiempos se han visto en peligro. Hay que volver a recordar que el acceso al aborto legal y seguro es un derecho humano, y que los países que lo penalizan ponen en riesgo no sólo la salud de las mujeres y las niñas sino también su derecho a la autonomía corporal, a la intimidad, a la no discriminación y a igual protección ante la ley”.
“Países como Estados Unidos, China o Polonia son solo algunos malos ejemplos de Estados que han dado pasos hacia atrás en el acceso al aborto. Gracias a la lucha imparable de muchas activistas, tenemos éxitos que celebrar, como los que se han producido en Colombia, que en marzo de este año despenalizaba el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo, igual que lo hacía México en 2021, o Argentina, que legalizaba el aborto el año pasado. Sin embargo, el recorrido todavía es largo: Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Madagascar, Malta o Andorra, entre otros países, todavía mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias y, otros países como Polonia, sólo lo permiten en caso de que la vida de la embarazada esté en peligro o en caso de violación. En definitiva, casi el 50% del total de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde el abordo está fuertemente restringido”.
Un repaso de avances y retrocesos
Europa lleva más de 60 años liderando la tendencia mundial a la liberalización de la legislación sobre el aborto y del acceso de las mujeres y otras personas susceptibles de embarazo a un aborto seguro y legal. Es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido y los avances son continuos. Irlanda fue el último país en despenalizarlo a finales de 2018. Más recientemente, el 26 de septiembre de 2021, hubo una rotunda votación popular a favor de reformar la prohibición del aborto en San Marino, vigente desde hace 156 años. Y en España, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se encuentra en trámite parlamentario, contiene importantes avances respecto a la actual legislación.
Entre ellas, permitirá el acceso al aborto a las adolescentes de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad, sin necesidad de la autorización de sus progenitores o tutores. Además, promueve la eliminación de barreras en el acceso, como el llamado “plazo de reflexión” y la obligatoriedad de recibir información acerca de recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Y se regula la denegación de servicios por motivos de conciencia (“objeción de conciencia”), de manera que se garantiza la prestación del aborto en los servicios públicos. Aún quedan también por resolver en la ley cuestiones pendientes de derechos humanos, como la garantía del acceso al aborto en situaciones de emergencia, y también acometer la reforma del Código Penal para la eliminación del aborto de la legislación penal, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Entre los retrocesos más graves en el acceso al aborto legal y seguro en Europa se encuentra el caso de Polonia, cuya legislación sobre el aborto es una de las más restrictivas de Europa desde que en octubre de 2020, el muy cuestionado Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional el aborto por malformación mortal o grave del feto. Eliminó así uno de los pocos supuestos legales permitidos del aborto al que se acogían más del 90% de los aproximadamente 1.000 abortos practicados anualmente en el sistema de salud de Polonia. Además, el país ha empezado a procesar a defensoras de derechos humanos por ayudar a embarazadas que necesitan un aborto sin riesgos como Justyna Wydrinska que se enfrenta a tres años de cárcel. Otro país que ha seguido esta nefasta estela contra los derechos humanos de las mujeres es Hungría, que recientemente ha firmado un decreto que obliga a las embarazadas que quieran abortar a escuchar los latidos del feto, un preocupante retroceso que hará más difícil el acceso al aborto y traumatizará aun más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles.
Fuera de Europa
En América la legislación ha avanzado en numerosos países como Chile, Argentina, Ecuador, México y Colombia, pero sigue siendo el continente con mayor número de países que prohíben totalmente el aborto, como El Salvador que el pasado mes de mayo condenó a una mujer a 30 años de prisión por homicidio agravado por sufrir una emergencia obstétrica. Y el reciente y grave retroceso de casi 50 años en Estados Unidos, cuando el pasado 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo dictaminó que dejará de proteger el derecho al aborto y que, por lo tanto, serán los estados los que regulan este derecho. Esto originó una respuesta inmediata por parte del presidente Biden que firmó una orden ejecutiva para salvaguardar el derecho al aborto y la protección de la intimidad de los y las pacientes, entre otras protecciones de los servicios de aborto. Además en Kansas, un estado muy conservador, se blindó el derecho al aborto cuando en agosto, la población de este Estado votó mayoritariamente a favor de que su legislación siga protegiendo este derecho, manteniéndose como un “Estado refugio” para las mujeres. En septiembre, en un nuevo y peligroso ataque a este derecho, el senador Lindsay Graham ha introducido un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos que prohibiría en todo el país la mayoría de los abortos después de 15 semanas, lo que, de promulgarse, supondría una prohibición nacional del aborto. Esto contrasta con el caso de Canadá, donde el acceso al aborto es un procedimiento médico gratuito que no tiene regulación ni barreras específicas.
En Asia, que representa una quinta parte de los países liberalizadores de los últimos años, el aborto se despenalizó en Corea del Sur en enero de este año, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición. En febrero fue el Parlamento de Tailandia el que reformó el Código Penal para legalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. En el lado opuesto se encuentra China, que en 2021 anunció que limitará los abortos con “fines no médicos”. Este país lleva décadas aplicando políticas de reproducción restrictivas de cara a controlar su tasa de natalidad, utilizando el aborto y los anticonceptivos para poder cumplir su política de hijo único. Estas medidas han conducido al país a la menor tasa de natalidad desde el año 1960. Para enfrentar la evidente crisis demográfica, el gobierno ha anunciado que se limitarán los abortos con “fines no médicos” y que “mejorarán la educación sexual y los servicios de planificación familiar tras un aborto o embarazo”. El Gobierno chino no ha detallado las especificaciones de estas restricciones, pero sí que tendrá una duración de 10 años, lo que resulta preocupante para los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.
Por su parte, en África se encuentran casi la mitad de los países que han avanzado en el derecho al aborto en los últimos 25 años.