Donald Trump, desde su irrupción en la política hace más de una década, ha transformado el panorama mundial. Ha impuesto un nuevo lenguaje, un estilo provocador y ha desafiado convenciones establecidas. Lo que antes se consideraba impensable se ha vuelto rutinario, dominando el discurso público y movilizando a un amplio sector de la sociedad. Sin embargo, su legado está marcado por controversias y desafíos a la democracia estadounidense.
El Daño a la Confianza en el Sistema Electoral
Uno de los aspectos más graves del impacto de Donald Trump ha sido el daño, quizás irreparable, a la confianza de los estadounidenses en el sistema electoral y la alternancia de poder. Ahora mismo, en todo Estados Unidos, no hay ningún miembro del Gobierno y casi ningún congresista, senador, gobernador o aspirante a cualquier cargo Republicano que diga en voz alta cosas como "Joe Biden ganó las elecciones de 2020", salvo los que están enfrentados a Trump.
Desde noviembre de ese año, Trump ha alimentado todo tipo de conspiraciones sobre el proceso electoral hasta convencer a una parte significativa de sus partidarios no sólo de que les robaron el resultado, sino de que la única posibilidad de que Trump sea derrotado, ayer, hoy o mañana, es si hay un apaño, un complot liderado por los Demócratas y millonarios de izquierdas, como George Soros. Que hay un plan masivo para que voten millones de inmigrantes ilegales, personas sin ciudadanía o sin ningún tipo de identificación.
Según datos del Public Affairs Council, solo el 37% de los estadounidenses creía que las elecciones de 2024 serían honestas y limpias, mientras que el 43% tiene serias dudas sobre su honestidad, transparencia o ambas, siendo los conservadores los más escépticos. Este miércoles, en una entrevista con la cadena NBC, el periodista le preguntó si confiará en los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre si los republicanos pierden el control del Congreso. Y Trump, con cierto recelo, respondió: "Lo haré... si las elecciones son honestas. Mire, las últimas elecciones me fueron muy bien, algunos dicen que una de las más grandes de siempre, ganando el 84% de los condados. Pero creo que hubo trampas".
Unos días antes, apareciendo en el podcast de Dan Bongino, un maestro de los bulos y las conspiraciones que durante unos meses ha sido el número 2 del FBI, antes de aburrirse del trabajo diario y volver al streaming, el presidente instó a "nacionalizar las elecciones". En EEUU el proceso electoral es una cuestión de los Estados, y el Gobierno federal no tiene competencias, una decisión de la época de los Padres Fundadores precisamente para evitar posibles enjuagues a gran escala.
No es palabrería. En cuestión electoral hay que tomarse al presidente muy en serio y muy literalmente, porque además de hablar, actúa. Y sus seguidores más poderosos lo replican. "¡Tenéis toda la razón!", le dijo a la oposición en un vídeo Steve Bannon, el gran gurú de la derecha alternativa mundial. "¡Vamos a tener al ICE cercando las urnas en noviembre! Podéis quejaros y llorar todo lo que queráis, pero nunca más permitiremos que nos roben unas elecciones", insistió.
Según Gallup, en los días previos a las elecciones de noviembre de 2024, sólo el 57% de los estadounidenses afirmaba tener "mucha o algo de confianza" en que los votos se emitirían y contabilizarían correctamente. Aunque cifras similares se mantienen desde 2008, ahora hay una brecha partidista salvaje de 56 puntos porcentuales, pues si un 84% de demócratas creía que todo sería normal, pero sólo un 28% de los republicanos confían en la limpieza del proceso y la seguridad de su voto.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva presionando para lograr cambios profundos en el proceso electoral, incluyendo la exigencia de presentar pruebas fehacientes de ciudadanía el día de voto o la exigencia de que todas las papeletas de voto por correo se reciban antes del cierre de las urnas el día de las elecciones, contra las prácticas de algunos estados que permiten el recuento si llegan después, especialmente en caso de militares. Los tribunales se han pronunciado ya sobre ello diciendo que no es admisible.
En agosto avisó de que quería eliminar el uso del voto por correo, una de sus obsesiones desde hace mucho tiempo, e incluso abrió la puerta a prohibir el uso de máquinas de votación. Igualmente, ha amenazado con retirar fondos federales a lo estados que, como California, el que más votos al Colegio Electoral da en las presidenciales y feudo Demócrata, no cambien sus normas para exigir al menos presentar un DNI o carnet de conducir el día de los comicios.
Trump va muy en serio. Lleva una década luchando para debilitar las leyes sobre voto, y más de un lustro colocando a afines en las juntas electorales estatales, partidarios que buscan la forma de complicar el voto de los potenciales simpatizantes Demócratas en distritos específicos. Incluso removió cielo y tierra para lograr el indulto de Tina Peters, ex secretaria del condado de Colorado que cumple nueve años de prisión por la manipulación de máquinas de votación en medio de una cruzada para probar que fueron utilizadas en un complot contra Trump.
Además, hay ahora mismo una guerra abierta entre los dos partidos mediante lo que se conoce como gerrymandering, una ingeniería demográfica que permite modificar los límites físicos de los distritos para poder conseguir más representación en Congreso. Trump empezó cambiando las normas en Texas, estado republicano, calculando que podrían conseguir hasta cinco congresistas más. California respondió haciendo lo propio. Y hay una decena de Estados que están en batallas políticas y judiciales para seguir esos pasos.
Después de las elecciones de 2020, Trump presentó más de 60 pleitos por todo el país alegando todo tipo de fraudes. Los perdió todos. Ahora, ha exigido mediante cartas del Departamento de Justicia a más de 20 estados que entreguen todo tipo de documentación sobre las elecciones.
La Doctrina de la Seguridad Nacional Aplicada Internamente
Trump es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EE.UU.
Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza, incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EE.UU. publicada en diciembre de 2025. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones.
Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, donde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial.
Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior, tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades.
Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11-S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado, vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EE.UU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir.
En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley -Laken Riley de 29 de enero- que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles.
Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense.
También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades -incluso residentes legales en EE.UU o estadounidenses de origen extranjero- sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EE.UU. hay que añadir los extraterritoriales.
Más de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EE.UU. a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos.
El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FF.AA., en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EE.UU. estaría sufriendo una “invasión interior”, organizada desde dentro, “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “quede fuera de control”.
En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida. También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EE.UU. -bajo mando de los gobernadores de los Estados- y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata -Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles-, con la finalidad de perseguir al enemigo interior, a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes.
A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras -US Border Patrol-, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos.
LaUS Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas. Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata.
En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FF.AA. y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EE.UU., sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas.
Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir -migrantes, y opositores- y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas.
Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior.
Las Controversias y Políticas de Donald Trump
Durante su campaña presidencial de 2016, Donald Trump repitió en varias ocasiones su deseo de construir un muro fronterizo con México. “Cuando México envía a su gente, no a envía a lo mejor, no envía a gente como tú o como yo. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, asumo, que son buenas personas”, concluyó.
En junio de 2017, Donald Trump declaró una nueva política de inmigración con medidas mucho más severas. Se establecieron centros de detención para inmigrantes, donde se encontraban las personas ilegales y los capturados injustamente. Las condiciones de estos lugares eran realmente pésimas. Esta situación de “tolerancia cero” ha hecho que cerca de 3.000 niños fueran separados de sus padres al cruzar la frontera, culpabilizando a los progenitores de ir con sus hijos.
Desde el principio de la pandemia del COVID-19, Donald Trump la ha bautizado como la “plaga china” y ha culpabilizado a la población asiática de este virus. En uno de sus mítines cerca de Pittsburgh (Pensilvania), declaró lo siguiente: “No lo llaméis el coronavirus, es el Chinavirus”. Unas palabras racistas que tenían como fin sembrar el odio hacia la población china.
Respecto a la población negra, han sido numerosas veces las que Donald Trump se ha mostrado en contra. “Pido el voto de cada negro que hay en este país. ¿Qué puede perder? Viven en la pobreza, sus colegios son malos, no tienen trabajo, el 58% de su juventud está desempleada… ¿qué demonios pueden perder?”, manifestó en unos de sus discursos electorales.
Entre las medidas más sonadas del presidente de la Casa Blanca contra el colectivo LGTBI, cabe destacar la ley en contra de la entrada de personas transexuales a formar parte de las filas del ejército estadounidense. Donald Trump colgó varios tweets explicando los motivos de porqué no creía conveniente que hubiera soldados transexuales.
Además, el presidente no apoyo el termino de «identidad de género», que hacia referencia a las personas transgénero. A raíz de ello, planteo una medida contra este colectivo, por la cual no podía usar los servicios públicos de su actual género.
Donald Trump fue acusado de acoso sexual por 16 mujeres durante su campaña de 2016. Durante sus años de presidencia y a través del movimiento feminista #Metoo, diez mujeres se sumaron a contar su historia contra el presidente americano. Una de ellas fue la exmodelo, Amy Dorris que contó en una entrevista al periódico The Guardian cómo Trump la acosó y toqueteo en contra de su voluntad en un baño del palco VIP del torneo de Nueva York en 1997. Trump se colocó en contra de este movimiento feminista y critico en varias ocasiones a las mujeres que lo defendían.
En enero de 2020, por primera vez un presidente estadounidense se unía a una marcha por la vida celebrada por colectivos conservadores y religiosos. Donald Trump se mostró muy simpatizante del movimiento en contra del aborto libre.
Una de las principales medidas que tomó Donald Trump a la hora de llegar a la presidencia fue intentar quitar la Obamacare (La ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible). Una ley pionera que implantó Barack Obama y que mejoraba la accesibilidad de los ciudadanos a la sanidad, sin poner objeciones sobre su raza, sexo, edad, ect.
El Legado de Trump: Desinformación y Polarización
El legado de Trump es la pérdida de la credibilidad en los medios de comunicación - solo el 35% de los republicanos confiaban en ellos en 2021, en comparación con el 70% de 2016 - y un país donde existen patrullas paramilitares armadas sin control en la frontera que se dedican a cazar seres humanos por placer y sin consecuencias.
Tras las palabras y los hechos, llegan las consecuencias reales. Los hechos indican que en 2020 Estados Unidos alcanzó la tasa de paro más alta desde la Gran Depresión debido a la inacción del gobierno, que no tomó ninguna medida proteccionista durante la pandemia. La verdad fehaciente nos tira a la cara las imágenes en 2018, que muchos en 2025 ya habían olvidado, de miles de niños enjaulados como bestias, separados de sus padres mientras sus familias buscaban asilo político, una práctica cruel y humillante constituyente de tortura, segun Amnistía Internacional. Los hechos probados ante un tribunal declaran a Donald J. Trump culpable de 34 delitos graves de falsedad documental.
El poder que otorga el manejo de información para la conformación de la opinión de la ciudadanía es una realidad de la que se es consciente ya hace muchos años. En este campo de la superinformación es donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.
Está demostrado el enorme poder político que la desinformación y los bulos pueden tener en ciertos momentos en la opinión pública y cómo los canales electrónicos de comunicación pueden potenciar su influencia. No hay más que recordar cómo la circulación de noticias falsas y la manipulación de la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales estuvo detrás de acontecimientos como el resultado del referéndum del Brexit o la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, donde no pocas las voces apuntaron hacia el gobierno ruso como el artífice de las webs y redes sociales que estuvieron detrás de aquellas noticias falsas.
Lo peligroso es que la diseminación permanente y reiterada en el tiempo de determinados mensajes, -medio ciertos, o incluso falsos-, puede llevarse a cabo vistiéndolos de un pretendido ejercicio de la libertad ideológica, donde no opera el límite de la veracidad. El riesgo se encuentra en que, efectivamente, ello puede acabar convirtiendo dichos mensajes en una opinión más, tan válida como otras, como si de una verdad más se tratase.
Esto es importante en el ámbito de la política donde la difusión de los programas de partido o de ideas de determinados grupos de interés puede buscar afianzarse públicamente mediante un pretendido ejercicio de la libertad ideológica, cuando en realidad no esconden más que afirmaciones falsas, o expresión de opiniones fundadas en datos o hechos que se saben falsos, con la exclusiva intención de generar daño o rechazo hacia determinadas personas o colectivos o desacreditar a quien está en el poder o a otro partido o movimiento político, entre otros objetivos.
Porque la democracia se asienta sobre un debate público, plural e informado; no solo la libre opinión, sino igualmente la información veraz es esencial.
Y la tercera cuestión sobre la que habría que reflexionar es sobre quién debe controlar los bulos. Si es el gobierno, se corre el riesgo de dejar en sus manos la determinación de cuál es la verdad oficial y qué se consideran mentiras. Si son las empresas proveedoras de servicios de datos e internet, también detrás de ellas existen intereses políticos y económicos que podrían hacer un uso interesado de ese control de los mensajes que se publican en sus plataformas. Por otro lado, las medidas que las empresas proveedoras de servicios de red están implementando en su lucha contra las fakes en las redes o aquellas que pudiesen derivarse de normas que impongan el deber de hacerlo, si van exentas de la participación de un juez o de una comisión independiente de control, me parecen muy peligrosas.
| Área | Impacto |
|---|---|
| Confianza en el sistema electoral | Disminución significativa, con una marcada brecha partidista |
| Políticas de inmigración | Endurecimiento y separación de familias |
| Credibilidad de los medios | Disminución, especialmente entre republicanos |
| Desinformación | Aumento y polarización de la opinión pública |
| Relaciones Internacionales | Inestabilidad y tensiones con aliados tradicionales |