La ley y su aplicación práctica a menudo difieren. En España, aunque el aborto está incluido en la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, la realidad muestra deficiencias significativas.
El Aborto en España: Entre la Ley y la Realidad
España legalizó el aborto en 1985, inicialmente bajo supuestos restrictivos. En 2010, se reconoció el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras 14 semanas, o hasta la 22 en casos de riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 establece que la prestación debe realizarse en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.
Sin embargo, la excepción se ha convertido en norma: la mayoría de las intervenciones se derivan a clínicas concertadas en lugar de realizarse en centros sanitarios públicos. Esto no implica un coste económico directo para la mujer, ya que el aborto es gratuito y financiado por el Sistema Nacional de Salud, pero presenta problemas como la necesidad de desplazarse a otra provincia si no hay clínicas acreditadas en su ciudad, falta de información clara y presión social de grupos antiabortistas.
Guillermo González Antón, presidente de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, lamenta las dificultades y la inequidad existentes, así como el resurgimiento de grupos que buscan retroceder en los derechos sexuales.
Situación del aborto en el mundo.
Estadísticas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
El Registro Estatal de IVE del Ministerio de Sanidad revela que en 2020 se realizaron 88.269 abortos, pero solo el 15,49% en centros sanitarios públicos, mientras que el 84,51% se derivó a clínicas acreditadas. Además, comunidades autónomas como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia no notificaron abortos en centros sanitarios públicos.
Según González, "salir del sistema público" complica el procedimiento y dificulta el acceso al derecho, especialmente para mujeres en ciudades o comunidades sin clínicas concertadas acreditadas. En lugares como La Rioja, no hay médicos que practiquen abortos en la sanidad pública debido a la objeción de conciencia, ni clínicas acreditadas.
Análisis de la objeción de conciencia en la despenalización del aborto - Teleantioquia Noticias
La Objeción de Conciencia: Principal Obstáculo
La baja cifra de abortos en la sanidad pública se debe principalmente a la objeción de conciencia de muchos médicos. La Ley del Aborto de 2010 contempla esta objeción como una decisión "individual", pero garantiza que "el acceso y la calidad asistencial de la prestación" no se vean afectados.
El doctor Francisco Valero, director de la clínica ginecológica Iris, señala que el estigma social y profesional influye en la objeción de conciencia. El Ministerio de Igualdad trabaja en una reforma de la ley del aborto que incluirá un registro de médicos objetores para garantizar el derecho a la IVE en hospitales y centros públicos.
Objeción de conciencia al aborto en España por provincias (2018).
Valero reflexiona sobre la dificultad de encontrar compañeros dispuestos a dedicarse a esta especialidad, tanto en el ámbito público como en el privado. González coincide en la necesidad de regular la objeción de conciencia para garantizar el derecho al aborto, señalando el estigma y el acoso que enfrentan los médicos que realizan estas prácticas.
Calidad Asistencial y Formación Especializada
La doctora Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, destaca la falta de formación específica sobre aborto durante la carrera de medicina y en la especialidad de Ginecología y Obstetricia. Sonia Lamas, de la Clínica Dator, subraya que la accesibilidad no debe comprometer la calidad de la intervención, y que se necesitan equipos multidisciplinares y formación especializada.
García incide en que la mujer debe tener derecho a elegir el método de aborto, ya sea farmacológico o instrumental. Lamas añade que el incremento del método farmacológico en la sanidad pública podría estar relacionado con la objeción de conciencia.
Acoso Anti-Elección: Un Obstáculo Adicional
La información oficial ofrecida a las mujeres sobre el aborto y el proceso a seguir es deficiente, lo que lleva a la confusión sobre la necesidad de pagar por abortar. La obligatoriedad de recoger un sobre con información y pasar por un periodo de reflexión de tres días también supone una barrera.
La plataforma #abortosinacoso denuncia el recrudecimiento de las acciones intimidatorias contra profesionales y mujeres que acuden a centros de IVE. Estos grupos antiabortistas acuden a las puertas de los centros para intentar convencer a las mujeres de que no están decidiendo lo correcto, llegando incluso a rezar y mostrar fotos de fetos.
El Congreso aprobó una propuesta para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas IVE. Valero denuncia que estos actos son una agresión psicológica y un acoso injustificado.
Legislación y Estadísticas Actuales
En España, el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación desde la Ley del Aborto de 2010. Las estadísticas oficiales muestran que algunas comunidades autónomas solo realizan abortos en clínicas privadas. La ley reconoce el derecho de los sanitarios a declararse objetores de conciencia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto modificar la legislación para limitar la objeción de conciencia y crear un registro de objetores. El PSOE ha llevado al Congreso una reforma del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas.
Amnistía Internacional y el Acceso al Aborto en Europa
Según Amnistía Internacional, los gobiernos europeos deben garantizar el acceso igualitario y universal a los servicios de aborto. A pesar de los avances, siguen existiendo obstáculos dañinos y peligrosos. La organización denuncia los esfuerzos de grupos antiderechos para restringir el acceso al aborto, difundiendo miedo y desinformación.
Amnistía Internacional insta a los gobiernos europeos a despenalizar el aborto, eliminar las barreras de acceso y resistir los intentos de los grupos antiderechos de bloquear el acceso a servicios de aborto seguros y oportunos.