La situación del aborto en América Latina es un tema complejo y diverso, marcado por la tensión entre la legalización y la criminalización, los servicios médicos seguros y la clandestinidad, y las perspectivas liberales y conservadoras. En esta realidad contradictoria, tanto quienes luchan por la legalización como quienes se resisten a estas demandas recurren al derecho para argumentar sus posiciones.
Mapa mundial de las leyes sobre el aborto. Fuente: Wikipedia
El contexto legal y social
En los últimos años, el activismo conservador, arraigado en la articulación entre el poder político y religioso, ha perfeccionado sus tácticas legales, adoptando rasgos de un movimiento transnacional en respuesta a los avances del movimiento feminista. Los textos sobre el aborto visibilizan aspectos poco tratados, como el embarazo de niñas y adolescentes, la perspectiva médica, los efectos del requisito de denuncia de violencia y el nuevo activismo conservador, ofreciendo un material de consulta para juristas y expertos de las ciencias sociales y humanas.
El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta.
Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), en las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos".
Regulación del aborto en Latinoamérica
El acceso al aborto en Latinoamérica es desigual, en parte por las posturas y condenas sociales que hay alrededor del aborto, pero también por cómo es abordado desde las regulaciones de cada país. Hay países en los que esta práctica está completamente prohibida y países en los que el aborto está legalizado sólo para algunas causales determinadas. Sin embargo, en ningún país de la región el acceso al aborto voluntario es completamente a libre demanda o está completamente exento de penalización, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años en esa senda.
En este estudio se analiza en detalle la regulación del aborto en dieciséis países de América Latina y el Caribe con el propósito de aportar información e identificación de lo logrado y de todo lo que aún falta legalmente, considerando los mejores estándares, buenas prácticas y recomendaciones en la materia.
Los países que forman parte de este reporte son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además, por la característica federal de México, donde los estados presentan regulaciones diferentes, también se estudió la situación de Ciudad de México, Coahuila, Colima y Querétaro.
Marcha contra la despenalización del aborto en Mexico, Mexico DF, 2019. Fuente: Infobae
Avances y retrocesos en la región
En los últimos tiempos, los movimientos fueron vertiginosos: en menos de cinco años, América Latina y el Caribe pasaron de ser las regiones más restrictivas en acceso al aborto, a tener estándares progresistas. Gracias a la insistencia histórica de los feminismos, se redujeron las zonas de riesgo para muchísimas personas: hay menos mujeres embarazadas muertas o con secuelas físicas y legales, menos niñas obligadas a crecer criando, menos hijos e hijas que quedan huérfanos, menos hombres y mujeres que tienen que duelar a su pareja.
Más de 28 millones de mujeres de este continente viven en siete países donde las leyes permiten la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de límites gestacionales específicos, sin necesidad de justificar razones, de acuerdo a las últimas estimaciones hechas por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR). Estos países son: Argentina, Colombia, Uruguay, Cuba, Guayana Francesa y Guyana.
Sin embargo, 19 millones de mujeres en edad reproductiva habitan en nueve países (Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago) en los que la práctica del aborto está permitida solo por razones de salud o terapéuticas. Y aún hay ocho países donde 11 millones y medio de mujeres en edad reproductiva solo pueden interrumpir su embarazo para salvar su vida, entre otras razones (Brasil, Venezuela, Paraguay, Guatemala y Chile).
Además, 13 millones y medio de mujeres en edad reproductiva (un 8%) viven en 7 países que prohíben la interrupción del embarazo por completo. Esta categoría incluye a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití, la República Dominicana y Jamaica. En El Salvador, la prohibición existe desde 1998, incluso en emergencias obstétricas.
A mediados de junio, las alertas se encendieron en Brasil. La Cámara de Diputados aprobó tramitar con urgencia -es decir, sin discusión en comisiones- un proyecto de ley (PL 1904 de 2024) que equipara el aborto al homicidio si la interrupción se realiza a partir de la semana 22 de gestación, incluso en casos de violación. Los castigos que plantea son desorbitantes: hasta 20 años de prisión a las mujeres y niñas que busquen el procedimiento y al personal de salud que lo realice.
En el Caribe también se encendieron las alertas recientemente. En República Dominicana el parlamento evalúa un proyecto de Nuevo Código Penal que mantiene la prohibición total del aborto y avanza en la despenalización de la violación dentro del matrimonio, considerándola “actividad sexual no consentida”. La prohibición total del aborto en ese país caribeño extiende las sanciones a los y las trabajadoras de la salud que participen en la interrupción.
En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció el 1 de junio que presentará un proyecto de ley para despenalizar el aborto y la eutanasia.
Aunque se ha avanzado mucho, el acceso al aborto todavía es desigual y depende del país donde a una niña, adolescente o mujer le tocó nacer. Aunque es difícil trazar un panorama común por la diversidad de situaciones, estrategias, disputas y realidades locales, el estado de alerta parece ser una constante en esta región donde todos los derechos nacen frágiles.
Las mujeres en Latinoamérica y el Caribe han seguido muy de cerca la aprobación de la histórica ley del aborto en Argentina. Un hito de la marea verde que se ha convertido en un ejemplo a seguir para luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se trata de uno de los continentes con la tasa de abortos más alta. Según el Instituto Guttmacher, especializado en estas cuestiones, en América Latina abortan 44 mujeres por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, es una de las regiones más peligrosas para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. También destaca que la zona lidera la cifra de los embarazos no planeados: 96 embarazos por cada 1000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años.
Tres de cada cuatro interrupciones del embarazo discurren sin condiciones de seguridad, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
La religión tiene mucho que ver en el carácter conservador de una mayoría social que se opone a la legalización del aborto. “Hay una gran diversidad religiosa. Por un lado, tenemos la espiritualidad de las cosmovisiones indígenas. También están las iglesias evangélicas, muy conservadoras y que tienen mucha fuerza porque actúan como propuesta de sociedad. La Iglesia Católica también tiene su peso, aunque tiene sus aristas, de ahí que hayamos visto propuestas a favor del derecho de la mujer a decidir.”
Esto explica por qué, además de Argentina, solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas del embarazo. Aún son pequeños oasis frente a la penalización de la interrupción del embarazo, salvo en caso de que la vida o la salud de la mujer corra peligro, supuestos que sí contemplan Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica.
Por el contrario, los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no contemplan excepción para interrumpir el embarazo.
A continuación, se presenta un resumen de la situación en algunos países específicos:
| País | Situación del Aborto |
|---|---|
| Argentina | Legalizado hasta la semana 14. |
| Colombia | Despenalizado hasta la semana 24. |
| Uruguay | Legalizado hasta la semana 12. |
| Cuba | Despenalizado desde 1961, legal desde 1965. |
| El Salvador | Prohibido en todas las circunstancias. |
| Honduras | Prohibido en todas las circunstancias. |
| Nicaragua | Prohibido en todas las circunstancias. |
| México | Varía según el estado; Ciudad de México legalizó el aborto a pedido hasta las 12 semanas. |
Casos emblemáticos y campañas
En El Salvador, la situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Sara García, activista feminista, cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado.
La historia de Beatriz, una joven salvadoreña, salió a la luz pública en 2013, cuando la "Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico" presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que se le permitiera la interrupción de su embarazo. Beatriz tenía 22 años, padecía lupus eritematoso discoide y estaba embarazada de un feto anencefálico. El amparo reclamaba que se respetara el derecho a su vida, salud, integridad física y moral.
En Nicaragua, una de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres.
El rol de las organizaciones feministas
Desde un abordaje teórico, podemos inscribir el accionar de las organizaciones salvadoreñas en el marco de un fenómeno de movilización legal, tanto nacional como internacional, que busca impulsar una serie de reformas políticas y legales y constituirse como herramienta de cambio social.
Después de que la sala constitucional de la Corte Suprema se negó a pronunciarse sobre un sistema que ella misma determinaba incompleto y necesario de revisión y ante un escenario de fuerte persecución y condena judicial contra mujeres puestas en condiciones de vulnerabilidad, en abril de 2014 organizaciones de mujeres y derechos humanos de El Salvador presentaron ante la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto.
Las peticiones fueron formuladas a favor de mujeres que habían sido injustamente condenadas por homicidios agravados por el vínculo como consecuencia de haber sufrido emergencias obstétricas o abortos. Esto es así dado que, en muchos casos, las penas que se les aplican no son por abortos.
Es de resaltar que las solicitudes de los 17 indultos no se centraron sólo en la estrategia legal, ya que se dieron en el marco de una extensa campaña de difusión, nacional e internacional, denominada "Una flor para Las 17".
Podemos destacar aquí el pedido del Director General de Amnistía Internacional ante el pleno de la Asamblea Legislativa, para que dieran lugar a los indultos, solicitud que fue acompañada por un informe de esta organización sobre diversas causas judiciales. Asimismo, se presentaron cartas a favor de "Las 17" en diversas embajadas y consulados de El Salvador en América Latina.
Uno de los argumentos expuestos por la defensa de "Las 17" en los escritos de indulto remite a una constante: la violación del principio de inocencia durante los procesos judiciales.
En relación con la violación al Art. 5 de CEDAW, en los escritos también se recuperó la resolución del Comité CEDAW en el caso L.C. Los argumentos presentados en los indultos en este sentido remiten a una actividad discriminatoria, no sólo de parte del sistema judicial, sino también de los equipos de salud que realizaban las denuncias contra las mujeres.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico e invitando a todos los estados a revisar sus códigos penales.
Sofía Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta".