El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado una iniciativa para reformar la Constitución con el objetivo de incluir el derecho al aborto y blindar así este derecho. Esta propuesta surge como respuesta a controversias recientes, como la moción apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid que planteaba informar a las mujeres sobre un supuesto síndrome post-aborto sin base científica.
Contexto Político y Justificación de la Propuesta
Ante el temor de que el PP y Vox cuestionen este derecho, ya sancionado por el Tribunal Constitucional, el Gobierno plantea incluirlo en la Constitución. Según La Moncloa, el Ejecutivo impedirá que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica. Se cumplen ahora 40 años de la primera despenalización, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Alianza Popular, origen del PP, fue quien recurrió la ley de UCD de 1983.
“El Gobierno propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Ley Fundamental. En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, señalan en el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno inicia este martes el primer trámite para blindar el aborto en la Constitución. "Vamos a iniciar el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la C.E.", ha expresado en una entrevista en la 'Cadena Ser'.
Sánchez no ha descartado un referéndum al respecto, pero ha recalcado que su intención es iniciar la reforma constitucional desde el Ejecutivo para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo de la carta magna que recoge el derecho a la protección de la salud. Además, pretende que se obligue a los poderes públicos a garantizar el aborto en condiciones de igualdad efectiva para todas las mujeres. Para el jefe del Ejecutivo es necesario seguir el camino de Francia porque, con independencia de que exista la ley del aborto, hay gobiernos autonómicos que "por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo" la incumplen, en referencia a la Comunidad de Madrid.
Reacciones Políticas y Desafíos
La reforma de la Constitución requeriría una mayoría cualificada de tres quintos para su aprobación, lo que implica el voto favorable del PP. Esta medida se interpreta como una forma de presionar al partido de Alberto Núñez Feijóo para que defina su postura sobre el aborto. Fuentes del PP rechazan la iniciativa del Gobierno y argumentan que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de estar avalada por una sentencia firme del Constitucional.
El Gobierno está convencido de que un Gobierno de PP-Vox tendría este asunto como prioritario porque los ultraderechistas lo tienen como una cuestión central y la plantearían en cualquier acuerdo, y por eso cree que la solución es blindarlo en la Constitución, pero para eso necesitaría el concurso del PP.
En Génova son tajantes sobre la iniciativa del Gobierno central, después de varios días de idas y venidas con el aborto. "Que se olviden, no se va a incluir en la Constitución", han expresado fuentes del PP a RTVE.
La postura respecto a la propuesta de reforma de la constitución está consensuada con el socio de coalición, Sumar, aunque para llegar a ese punto, las dos formaciones que conforman el Ejecutivo han tenido que negociar.
La propuesta ahora primero debe ser sometida al veredicto del Consejo de Estado y después al examen de las Cortes, donde el PP ya ha mostrado su rechazo. En todo caso, pese a ser una reforma de la Constitución, en concreto del artículo 43, su aprobación, algo ahora no asegurado, no implicaría una disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
La Moncloa plantea esta reforma de la Constitución mediante el artículo 167 de la misma, esto es, "una reforma ordinaria", que argumentan, que es como se han realizado los últimos cambios en la Carta Magna -así sucedió con el artículo 135, que garantizaba el principio de estabilidad presupuestaria y priorizaba el pago de la deuda, y con el 49, que eliminaba del texto la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", ambos casos con acuerdo entre el PSOE y el PP-.
La fórmula escogida para por añadir un nuevo apartado al artículo 43 de la Carta Magna, enmarcado en el Título I sobre los derechos y deberes fundamentales y relativo a los principios rectores de la política social y económica. Se contempla añadir un punto cuarto a ese artículo, con la siguiente redacción: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
"El derecho a la interrupción voluntaria del embrazo queda amparado como una facultad indisponible para los poderes públicos, especialmente para el legislador, que no pueden desconocerla, ni suprimirla. Por otro lado, el derecho a la práctica de un aborto seguro y con las garantías sanitarias adecuadas, añade argumentos a la conveniencia de incluir este derecho como una manifestación del derecho a la salud reconocido en el artículo 43", recoge la exposición de motivo de la propuesta de reforma constitucional que firman el ministro Félix Bolaños, titular de Justicia, y Ana Redondo, al frente de Igualdad.
"Su reconocimiento en el artículo 43, reforzado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, impone a los poderes públicos el deber de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias adecuadas, sin que puedan desconocer ni suprimir esta facultad. Así, el aborto seguro y legal no solo se ampara en el marco constitucional, sino que se erige como una exigencia derivada del respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española". completa el texto al que ha tenido acceso este diario.
Disparidad en el Acceso al Aborto en las Comunidades Autónomas
Otro problema es que algunas comunidades autónomas no facilitan el acceso al aborto en centros públicos. La diferencia es considerable. Según un estudio del Instituto de las Mujeres, el porcentaje de abortos en centros públicos varía significativamente entre autonomías.
Según datos de un reciente estudio del Instituto de las Mujeres, mientras en algunas autonomías el porcentaje de abortos en centros públicos es importante -Cataluña 41,8%, Navarra 35,1%, País Vasco 28,7%- en otras es mínimo: en Madrid, la más baja, es del 0,27%, Murcia del 0,6% o Castilla-La Mancha del 0,9%. “Este desequilibrio evidencia una falta de equidad en el acceso al derecho a decidir, condicionada por el lugar de residencia”, señala el informe.
| Comunidad Autónoma | Porcentaje de Abortos en Centros Públicos |
|---|---|
| Cataluña | 41,8% |
| Navarra | 35,1% |
| País Vasco | 28,7% |
| Madrid | 0,27% |
| Murcia | 0,6% |
| Castilla-La Mancha | 0,9% |
Mapa de las Comunidades Autónomas de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "no va a permitir" que no cumplan con la ley que garantiza a las mujeres el derecho al aborto o que no financien como ... deben los servicios públicos.
De hecho, el Gobierno ha anunciado que requerirá a Madrid un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Un registro que la presidenta Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se niega a hacer. A juicio de Sánchez, si en esa comunidad solo se realizan un 1% de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública, es porque detrás hay una decisión política, que nada tiene que ver con el sentir de la mayoría de las mujeres.
Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que con esa decisión están "garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo dentro del sistema de salud público". En el Gobierno reconocen que lograr introducir el derecho al aborto en la carta magna no va a ser sencillo, ya que se necesita el voto favorable de tres quintas partes de las Cámaras, y ponen la presión en el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. "Espero que el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres", ha expresado Redondo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De hecho, el propio Sánchez ha recordado en su entrevista que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener "ningún problema, ni político ni intelectual".
Requerimiento Formal a Comunidades Autónomas
Madrid no es la única comunidad autónoma que no ha creado en registro de médicos objetores. Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, tampoco lo tienen. Por ese motivo, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, les ha enviado este martes un requerimiento formal a todas ellas para que cumplan la ley, y si no responden en un mes, se acudirán a la justicia.
"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", ha señalado García. Además, García se ha dirigido directamente a Ayuso, que ha sido la más crítica con el Gobierno. La ministra ha recomendado a la presidenta madrileña "recoger cable" y que abandone la "cruzada contra las mujeres".
La aprobación en el Gabinete pone fin a dos semanas de choque entre el Gobierno y el PP, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, en lo relativo al aborto.