El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación. Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas.
Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Situación legal del aborto en el mundo. Fuente: Wikipedia
Avances Recientes en el Acceso al Aborto
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Obstáculos Persistentes al Acceso al Aborto Seguro
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
Clase 5: Aborto con enfoque de Derechos Humanos.
Retrocesos en el Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto. Al finalizar 2024, el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho. Ese mismo año, se publicó un estudio sobre mortalidad materna correspondiente a 2022 que confirmó la muerte de al menos dos mujeres en Georgia, debido a demoras en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios. En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Manifestación por el derecho al aborto en Madrid. Fuente: Expansión
Situación en Países Específicos
España: De la Ley al Hecho
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante. Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Irlanda del Norte: Acceso Limitado en Áreas Remotas
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
Polonia: Restricciones Severas y Persecución de Activistas
En 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto. A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En febrero de 2025, un tribunal polaco resolvió que Justyna no había tenido un juicio justo, ya que la jueza del tribunal de primera instancia no fue nombrada de forma independiente. Sin embargo, la causa no ha sido anulada y el juicio deberá repetirse. En marzo de 2025 han abierto el primer centro en el país que proporcionará información sobre el aborto en otros países, autocuidados y acompañamiento a las personas que decidan practicarse un aborto autogestionado con píldoras.
Marruecos: Penalización del Aborto y sus Consecuencias
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
Texas: Prohibición Temprana y Recompensas por Denuncias
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
Estados Unidos: Protección en Algunos Estados, Restricciones en Otros
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont. Otros estados continuaron con los retrocesos: a finales de 2024, 19 estados prohibían parcial o totalmente el aborto.
El Aborto en la Sanidad Pública Española
Mónica García también ha presentado al Consejo de Ministros el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.
La titular de Sanidad ha resaltado que el informe concluye que "integrar el aborto en la sanidad pública no solamente es posible, sino que además funciona", que existe una desigualdad territorial en el acceso a la red pública y que las buenas prácticas están identificadas. Durante su comparecencia en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado que uno de los retos del Gobierno es homogeneizar el acceso en todo el territorio. Y, en este sentido, ha instado a las comunidades autónomas más rezagadas a que cumplan la ley e integren la IVE en la sanidad pública.
El informe refleja que es clave que el aborto se lleve a cabo en la sanidad pública con el objetivo de evitar que las comunidades paguen a clínicas privadas para que los realicen, y para que las mujeres no sean expulsadas del sistema público y quede garantizado su derecho a la elección. Y que cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de abortos en centros públicos, mientras que en 11 comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el porcentaje no llega al 10%.
La ministra ha incidido en que en la comunidad de Madrid sólo el 0,47% de las interrupciones se realizan en centros públicos y en Andalucía sólo el 0,2%. Si estas dos comunidades, ha apuntado, alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto - en torno al 50% de media- el porcentaje nacional se duplicaría y superaría el 40%: "Con el cambio en esas dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública".
El informe muestra que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo -el 77%- se realiza antes de la semana ocho. Los abortos realizados en estadios más avanzados se concentran en mayor medida en centros públicos, "lo que garantiza la continuidad asistencial en estos casos clínicos, que son los más graves y complejos", ha indicado Mónica García.
El texto también recoge que en las comunidades donde el aborto se integra en un sistema público predomina el método farmacológico para interrumpir el embarazo, mientras que en las que la prestación recae en centros privados, predomina el método quirúrgico.
| Comunidad Autónoma | Porcentaje de abortos en centros públicos |
|---|---|
| Cantabria | >75% |
| Galicia | >75% |
| La Rioja | >75% |
| Navarra | >75% |
| Madrid | 0.47% |
| Andalucía | 0.2% |
| Ceuta y Melilla | <10% |
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.