El municipio colombiano de Jamundí, ubicado al suroeste del país, se vio sacudido por el secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años. Este suceso generó una ola de indignación y movilización ciudadana, mientras que investigaciones posteriores sacaron a la luz vínculos con el narcotráfico y disputas entre grupos armados.
Movilización Ciudadana por la Liberación de Lyan
Centenares de personas se manifestaron en Jamundí para exigir la liberación inmediata de Lyan José Hortúa, quien había sido secuestrado el 3 de mayo en una zona rural de esta localidad del departamento de Valle del Cauca.
"Esta es una marcha en la que estamos participando diferentes entidades públicas y organizaciones sociales para decirle no a los violentos. Necesitamos a nuestros niños, niñas y adolescentes libres de cualquier situación de conflicto. Los niños son intocables", afirmó la representante de Jamundí, Marta Isabel Gutiérrez, en declaraciones a EFE durante la movilización.
La exigencia por la liberación de Lyan unió a todo el país, indignado ante la crueldad del secuestro. La imagen de la madre, Angie Bonilla, llorando ante las cámaras conmovió a la opinión pública. Tras 19 días de cautiverio, Lyan fue liberado, pero se reveló que había estado atado durante cuatro días y sufría desnutrición.
"Tiene sus uñitas muy comiditas, muy nervioso, muy ansioso, está muy asustado, es normal. Es tiempo de abrazar con amor", dijo la progenitora al recuperar a su hijo.
La Historia Oculta Detrás del Secuestro
Familia de Lyan, niño secuestrado en Valle, pide protección tras homicidio del primo de su padrastro
La conmoción inicial se transformó en sorpresa al revelarse la historia oculta detrás del secuestro. Lyan es hijo de José Leonardo Hortúa, alias "Mochacabezas", un temido narcotraficante considerado sucesor de Diego Rastrojo, capo de una poderosa banda de narcotraficantes.
José Leonardo Hortúa murió asesinado en 2013, y su mujer, Angie Bonilla, heredó el papel de testaferro. Según investigaciones, Diego Rastrojo habría ordenado el secuestro de Lyan para recuperar una fortuna de 37.000 millones de pesos que pertenecía a su ex jefe.
Ante la imposibilidad de lograrlo, decidió encargar al Frente Jaime Martínez de la Farc-Ep el secuestro de Angie Bonilla o el de su padrastro, Jorsuar Suárez. Pero al asaltar el chalet y no encontrar a ninguno de los dos, decidieron llevarse a Lyan.
El pequeño fue entregado a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja cuando un primo del padrastro, Jesús Antonio Cuadros, les llevó 4.000 millones de pesos del rescate, el primer pago. Habrían acordado dar el resto en plazos.
Trágicamente, al día siguiente de la liberación de Lyan, Cuadros fue asesinado en Cali.
La Vida de Lujos de la Madre y su Desaparición en Redes Sociales
También salió a la luz que Angie Bonilla ejercía como "influencer" en Instagram, donde presumía de sus lujos ante 132.000 seguidores. Se le veía en bikini en playas de la Costa Azul, o en diferentes momentos en París, Venecia o Roma. Tras la publicación de la historia, Angie borró su cuenta.
En los próximos días serán las autoridades las que decidirán qué pasos darán ahora que se conoce la realidad de la familia.
La Violencia Persiste en Otras Regiones de Colombia
El secuestro de Lyan es solo un reflejo de la compleja situación de violencia que vive Colombia. En el departamento de Guaviare, un matrimonio y seis vecinos evangélicos y ganaderos fueron citados por la guerrilla a principios de abril y nunca más se supo de ellos. Los dirigentes locales se escudan en la peligrosidad de la zona, y las fuerzas militares guardan silencio.
Lejos del Guaviare, en el sureño Caquetá, el marido de Sandra Milena Martínez anda desesperado por el secuestro de su mujer. Las Farc de Mordisco la raptaron en noviembre, embarazada de cuatro meses, y ni mandan pruebas de vida ni hacen exigencia económica alguna.
"Creo que ya dio a luz. Es un niño y cuando se la llevaron estábamos decidiendo qué nombre ponerle. No entiendo por qué no me dicen qué quieren", le cuenta a este diario Camilo, que prefiere no dar su apellido.
La ONU y la Defensoría del Pueblo han clamado por su libertad, sin que hayan tenido respuesta alguna. Martínez trabajaba en una ONG dedicada a apoyar comunidades rurales. Nunca tuvo problemas con la guerrilla ni amenazas ni nada que sugiriera que la podían secuestrar.
También en Caquetá las dos disidencias están enfrentadas a tiros. Lo mismo que en Cauca, si bien en el departamento del oeste de Colombia, hay que agregar a la confrontación sangrienta a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, al ELN y a la Nueva Marquetalia (otra disidencia Farc).
Atentados Constantes
Los atentados contra las estaciones de policía y el Ejército son constantes. Les bombardean con drones, arma que no tienen las Fuerzas Militares ni siquiera para contrarrestarlos.
El pasado 14 de mayo las Farc de Mordisco cometieron tres atentados simultáneos en Timba, El Plateado y Tacueyó, que dejaron un muerto, varios heridos y graves destrozos materiales en viviendas de las tres poblaciones
"Alzamos la voz desde el territorio, No más indolencia ¡No podemos estar condenados al olvido!", escribió en sus redes sociales Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, hastiado de las arremetidas subversivas y no ver nunca la luz al final del túnel.
La recurrente falta de respuesta eficaz de militares y cuerpos de seguridad, que el Gobierno de Gustavo Petro ha debilitado con drásticos recortes tanto presupuestarios como de altos oficiales, es la crítica permanente de la oposición política, así como de los alcaldes y gobernadores que padecen la oleada terrorista.
La Situación en el Catatumbo
Aunque son más los departamentos afectados por el terrorismo, quizá la región del Catatumbo, que incluye 11 municipios de Norte de Santander, sea la que atraviesa la situación más difícil. Limítrofe con Venezuela, sigue enzarzada en la guerra que el ELN, que cuenta con el apoyo del gobierno chavista, declaró a las Farc de Calarcá en enero pasado.
Según el último balance que publica la gobernación, van 130 homicidios de civiles; trece militares y policías asesinados, además de 66.468 personas que debieron dejar sus hogares y 11.490 que no pueden desplazarse de sus caseríos para salvaguardar sus vidas.
La mayor parte de las víctimas las causa el ELN, a pesar de lo cual el presidente Petro insiste en reanudar el proceso de paz con dicha banda criminal. Un paso al que pocos auguran futuro porque en el propio ELN no hay unanimidad respecto a los pasos a seguir y ni siquiera han aceptado dejar de secuestrar a ciudadanos como un modo de financiación.