Las manifestaciones a favor del aborto representan una expresión pública y colectiva de apoyo al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a acceder a servicios de aborto seguros y legales. Estas movilizaciones, que se llevan a cabo en diversas partes del mundo, buscan influir en la opinión pública y en las políticas gubernamentales para garantizar el acceso a la salud reproductiva.
Contexto Global y Nacional
El aborto ha captado la atención informativa con planteamientos extravagantes sobre supuestos traumas sin respaldo científico de los que hay que informar a las mujeres o prácticas administrativas que invitan a pensar en una burla a las exigencias que impone la legislación en relación, por ejemplo, al registro de médicos objetores de conciencia.
Podríamos hablar de dislates políticos o de cierto relajo en una práctica médica si no fuera porque el contexto internacional ofrece evidencias sobre una acción coordinada para hacer retroceder todo lo avanzado en relación con los derechos de la mujer. Y entre ellos, claro está, está el derecho al aborto.
La propuesta del Gobierno es oportuna y conveniente y se fundamenta en la necesidad de proteger parte de nuestra identidad democrática frente a una ola reaccionaria que pretender socavar los consensos que la han modulado aquí y en otros países como es el caso de Francia o de Estados Unidos.
En España, la situación legal del aborto ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas.
Y es que no fue hasta 1985 cuando el legislador utilizó el Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo solo en determinados supuestos: peligro para la salud física o psíquica de la mujer, malformaciones fetales o violación.
Y hubo que esperar a 2010 para que se aprobara la ley que otorgó a las mujeres autonomía plena para poner fin a un embarazo no deseado.
La llamada ley de plazos, reformada en 2023 y avalada por el Tribunal Constitucional, reconoció el derecho al aborto libre de toda mujer mayor de dieciséis años hasta las 14 semanas y, más allá de ese plazo, por motivos de salud de la madre o anomalías graves en el feto (hasta las 22 semanas) o anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves (más de 22 semanas).
Ahora que el aborto es un derecho legalmente reconocido y socialmente asumido, la resistencia se reactiva de nuevo utilizando estrategias de desinformación o mediante fórmulas silentes de insumisión a la ley.
En este contexto, la reforma legislativa de 2022 tuvo como objetivo fundamental garantizar el derecho al aborto y fortalecer la autonomía en la toma de decisiones sobre salud reproductiva. Para lograr esto, se eliminaron requisitos que antes se consideraban restrictivos y que obstaculizaban el acceso a servicios seguros y accesibles.
En este nuevo marco y desde entonces, adolescentes de entre 16 y 18 años ya no necesitan la autorización de sus progenitores para interrumpir un embarazo. Asimismo, las personas con discapacidad ahora pueden decidir libremente sin la autorización de quienes ejercen su representación legal, asegurando que cuentan con los apoyos necesarios para tomar decisiones informadas.
También se suprimieron otras barreras, como el plazo obligatorio de reflexión de tres días antes de proceder con el aborto y la obligación de recibir información sobre ayudas para continuar con el embarazo.
Otro avance relevante fue la mejora de la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario para garantizar que los abortos se realicen en el sistema público de salud y que las mujeres no vean comprometido su derecho a la atención médica.
Sin embargo, persisten barreras significativas que limitan el acceso al aborto, ya que la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en centros privados. Esto genera desigualdad, especialmente entre las personas más vulnerables, como adolescentes, que encuentran dificultades para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva; y como las personas migrantes, que encuentran la mismas dificultades por la interpretación del Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone un incremento del 2,98% respecto a 2023, cuando se registraron 103.097 casos. El perfil de las mujeres que abortan muestra una concentración en la franja de 20 a 34 años, que reúne casi dos tercios de las intervenciones: solo en el grupo de 20 a 24 años se notificaron 23.768 interrupciones. La mayoría de los procedimientos siguen realizándose fuera de la sanidad pública.
En 2023, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres menores de 20 años ascendió a 10.934, lo que supone un incremento del 4,78 % en comparación con el año anterior. Esto incluye regular de manera adecuada las negativas a prestar atención médica, como ocurre cuando los profesionales sanitarios se niegan a realizar abortos por motivos de conciencia. Estas prácticas no deben impedir que las mujeres accedan al aborto cuando lo necesitan.
| Año | Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) | Cambio respecto al año anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 103,097 | - |
| 2024 | 106,172 | +2.98% |
Demandas y Argumentos de los Manifestantes
Las personas que se manifiestan a favor del aborto suelen defender los siguientes puntos:
- Autonomía corporal: Cada persona tiene el derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva.
- Salud pública: El acceso a abortos seguros y legales reduce los riesgos para la salud de las mujeres, evitando complicaciones y muertes causadas por abortos clandestinos.
- Justicia social: Negar el acceso al aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres de bajos recursos, que no pueden costear abortos seguros en clínicas privadas o viajar a otros lugares donde el aborto es legal.
- Derechos humanos: El acceso al aborto es un derecho humano fundamental, reconocido por diversos organismos internacionales.
El 28 de Septiembre: Un Día para Actuar
El 28 de septiembre es una fecha significativa para reflexionar y actuar por la despenalización del aborto y los derechos reproductivos. Su origen se remonta a 1990, cuando se lanzó la campaña "28 de Septiembre" con el objetivo de abogar por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
En 2011, esta fecha fue reconocida como un evento internacional por la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR), marcando un hito en la lucha por los derechos reproductivos en todo el mundo.
Finalmente se eligió el 28 de septiembre en recuerdo de la Ley de Nacimiento Libre de Brasil, promulgada en 1871, que otorgó libertad a los hijos e hijas de las personas esclavizadas, conectando esta lucha por la libertad con los derechos reproductivos.
En Amnistía Internacional conmemoramos cada año el 28 de septiembre como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Este día nos movilizamos para garantizar que el derecho al aborto sea accesible y seguro para todas las personas.
Lamentablemente, muchas activistas, educadoras, defensoras y profesionales de la salud que trabajan para lograrlo son objeto de estigmatización, intimidación e incluso criminalización. A pesar de las amenazas, continúan con su labor vital, ayudando a mujeres, niñas y personas embarazadas a ejercer su derecho al aborto. Son un movimiento imparable, cuya valentía merece ser reconocida y protegida.
Desde Amnistía Internacional pedimos a los Estados que respeten y protejan a quienes luchan por el derecho al aborto, como Justyna Wydrzyńska, cuya condena es un claro ejemplo de la represión de los derechos reproductivos en su país natal: Polonia.
Amnistía Internacional y el Derecho al Aborto
Amnistía Internacional trabaja para que el derecho al aborto sea plenamente accesible y efectivo en la práctica, y pide lo siguiente:
- Un acceso seguro y sin barreras: Todas las personas que necesiten acceder a un aborto puedan hacerlo de manera segura, con información clara y rigurosa. Esto implica eliminar cualquier barrera adicional, evitar la discriminación y proteger a las personas de cualquier forma de acoso en los centros de salud.
- Acceso al aborto en la sanidad pública: La mayoría de los abortos no se realizan en centros públicos. En 2022, solo el 17% de las interrupciones del embarazo se practicaron en hospitales públicos, y en algunas provincias, es prácticamente imposible acceder a estos servicios, haciendo inevitable el traslado a otras regiones. Esto supone gastos adicionales y un impacto significativo en la salud física y mental de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
- Registro de objetores de conciencia: Implementación completa del registro de profesionales de la salud que se niegan a practicar abortos por motivos de conciencia. Este registro es esencial para planificar los recursos necesarios y garantizar que todas las personas puedan acceder al aborto en cualquier centro de salud, independientemente de las objeciones de ciertos profesionales. Sin embargo, en septiembre de 2024 solo cinco comunidades autónomas habían implementado este registro, y el Ministerio de Sanidad aún no había publicado el protocolo que prometió para regular este proceso.
La desigualdad económica y social afecta al acceso al aborto libre, legal y seguro. Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal.
La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. En las regiones desarrolladas se producen 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, mientras que esta proporción aumenta en las regiones en desarrollo hasta 220 defunciones por cada 100.000 peligrosos.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
Derechos Humanos Vulnerados al Prohibir el Aborto
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos.
- El derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos.
- El acceso a la salud.
- El derecho a la intimidad.
- El derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos.
- El derecho a la igual protección ante la ley.
- El derecho a no sufrir violencia.
- El derecho a la vida.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. Entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.
Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos.
Es razonable, con todo, preguntarse si tal propuesta de reforma es oportuna o incluso conveniente. Mi respuesta es, en ambos casos, afirmativa y se fundamenta en la necesidad de proteger parte de nuestra identidad democrática frente a una ola reaccionaria que pretender socavar los consensos que la han modulado aquí y en otros países como es el caso de Francia o de Estados Unidos.
Los avances en derechos que afectan particularmente a la autonomía de la mujer conforman, sin duda, esa identidad que hay que salvaguardar con la garantía que representa constitucionalizar uno de los derechos que le da soporte.
La iniciativa obligará al PP de Alberto Núñez Feijóo a decidir. También por eso la propuesta merece la pena. Las mujeres sabremos, así, a qué atenernos.