El nombre de Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, quedará ligado a la causa del "procés" y al enjuiciamiento de quienes desafiaron el Estado de Derecho en España. Este artículo profundiza en su biografía, explorando su trayectoria personal y profesional, así como los momentos clave que marcaron su vida a raíz de su papel en este proceso histórico.
Un Punto de Inflexión: El 31 de Octubre de 2017
El 31 de octubre de 2017 marca un punto de inflexión en la vida profesional y personal de Pablo Llarena. Ese día, el Tribunal Supremo admite a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco ex miembros de la Mesa de la Cámara catalana por, entre otros, el delito de rebelión. El magistrado Pablo Llarena era designado instructor de la causa.
Llevaba menos de dos años desde que tomó posesión en el Alto Tribunal como miembro de la Sala Penal. El 24 de noviembre de ese mismo año, asumía también el procedimiento que se había abierto poco antes en la Audiencia Nacional contra el hoy prófugo Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los «jordis» y el resto de quienes fueron finalmente juzgados. En sus manos estaba un proceso histórico en la Justicia española, tanto por quienes se han sentado en el banquillo como por poner coto al intento de subvertir el orden constitucional sin acatar los procedimientos legales establecidos ni poner reparos en la utilización de los medios necesarios para ello.
De Burgos a Cataluña: Una Vida Ligada al Derecho
Nació en Burgos, pero gran parte de su vida ha transcurrido en Cataluña donde llegó muy joven. Ha vivido el Derecho desde niño en su familia, no en vano su padre fue un prestigioso abogado y posteriormente accedió como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y su madre fue la primera mujer que se inscribió como ejerciente en el Colegio de Abogados de Burgos.
Cataluña le tira mucho, tiene familiares directos, le gusta el Pirineo y sus largos paseos en moto con amigos. «Pero la verdad es que ahora se siente mucho más libre en Madrid que en Cataluña. De hecho, se ve haciendo su vida aquí. Está muy centrado en el Tribunal Supremo y de momento, no se plantea lo más mínimo un posible paso al ejercicio privado del Derecho», explica a este periódico uno de sus mejores amigos, jurista como él.
El Foco Mediático y el Acoso Independentista
Llarena pasaba desde ese momento a estar en foco mediático, y, especialmente, en el foco del sector independentista catalán más radical. Había dejado de ser un «magistrado más» para convertirse en quien iba a tener un papel decisivo en poner frente a la balanza de la Justicia el primer intento de romper España desde unas instituciones autonómicas. Su nombre era ya «maldito» entre quienes jaleaban y jalean a los que van a ser condenados en pocas horas.
Las consecuencias de mantener entre rejas a Junqueras, Forcadell y consejeros de «peso» como Forn o los líderes de las principales asociaciones nacionalistas, Jordi Sánchez y Jordi Turull, no se hicieron esperar. Fue un antes y un después en su vida personal y profesional.
Profesionalmente, porque su instrucción ha sido refrendada, una vez tras otra, por la Sala que debía revisar sus resoluciones y su prestigio ha aumentado de forma más que notable; y personalmente, porque ha tenido que sufrir no pocos escraches y ha visto cómo su vida se rodeaba de escoltas.
Salir del Tribunal Supremo, acudir a un restaurante a cenar con amigos o sencillamente algo tan normal como pasear con familiares le obligaba a ir «acompañado» de quienes velan por su seguridad. A mediados de julio de 2018 finalizaba toda la instrucción y remitía la causa a la Sala de enjuiciamiento. En menos de nueve meses cerraba un proceso más que complejo.
Ahora, el devenir procesal y personal de los acusados dejaba de estar en sus manos. Pero ello no cambió su «modus vivendi», los radicales le tenían en el centro de su ira y no perdían ocasión para demostrarlo, ya fuese con lanzamiento de botes de pintura amarilla a su vivienda de Barcelona o cuando intentaba disfrutar de unos días de playa con su familia; días que tenía que acortar por gracia de quienes respetan la independencia y separación de poderes.
Desde que dejó la causa hasta ahora, Llarena ha buscado la «normalidad», perderse otra vez en el «anonimato» de ser un «magistrado más», de asumir las causas que le correspondan y formar parte de la Sala que debía resolver determinados recursos.
Por ello, ha mantenido un «perfil más que bajo» desde entonces, con apariciones públicas muy contadas y sin «salirse del guión». Ha intentado, eso sí, seguir con «su vida de siempre», sin renunciar a las cenas, aunque cada vez más distanciadas, con sus amigos de Barcelona y hacer una vida familiar lo más normal posible. En Madrid, en cambio, disfruta de mucha más «libertad», disfruta de los amigos con más tranquilidad y allá donde va siempre es recibido más que cordialmente. Eso sí, las cautelas no las deja y sus «sombras» también le acompañan en la capital allá donde va.
Relación con el Tribunal Sentenciador
Durante los meses de juicio y los posteriores de deliberación de la Sala, que en pocas horas tendrá su culminación con la sentencia, Llarena ha mantenido una relación «de compañerismo y muy normal» con quienes van a sentenciar la instrucción que él realizó; pero, eso sí, del juicio prácticamente no han hablado nada y, por contra, lo que ha habido ha sido un exquisito respeto mutuo entre instructor y la Sala; un respeto absoluto por el trabajo de sus siete compañeros encargados de juzgar y sentenciar los hechos que él investigó: «No ha mantenido ningún contacto con el tribunal. Es un absoluto convencido de que entre el instructor y el tribunal no tiene que haber contacto alguno por razón de la causa».
En los meses desde que acabó la instrucción hasta ahora ha habido un «contacto cero» entre Llanera y los siete magistrados de la Sala. Sólo alguna vez ha podido coincidir con algunos de ellos a mediodía, «pero con normalidad, sin hablar de nada del juicio». «Llarena no ha querido buscar ese contacto porque es un férreo defensor de la independencia de quien instruye y de quien juzga, y porque podrían salir a relucir cuestiones sobre las que él podía tener una opinión y el tribunal las puede ver de otra», señala un jurista con el que mantiene una muy estrecha amistad.
Apoyo y Reconocimiento
Pablo Llarena tiene «mucha gente a favor», aunque en Cataluña «es mucho más difícil de expresar». Un par de ejemplos lo puede sintetizar muy bien. Cuando todavía instruía la causa se encontraba en un restaurante de Madrid con un íntimo amigo a la hora del aperitivo. A la hora de pagar las consumiciones un cliente se puso en medio de ellos y le espetó a la cara: «Mientras yo esté, usted no paga nada». Y es que, como señala quien entonces le acompañaba, «resultaba complicado pagar en un bar o restaurante cuando ibas con Pablo».
En otra ocasión fue con su mujer y un amigo a tomar el aperitivo a un bar muy concurrido de San Cugat. En un momento determinado, su mujer se percata de que hay una «mujer con mala cara». Advertido de ello, Llarena gira la cabeza, mira a la mujer y...sorpresa, ésta le hace una señal de aprobación con el dedo pulgar hacia arriba. «Ese gesto lo vio Pablo y nadie más».
Sorpresa también fue la que se llevaron unos vecinos de un edificio de viviendas de Sabadell. Llarena comía ese día con dos amigos en las cercanías de Barcelona, «acompañados» por cuatro escoltas en dos coches. Horas después se trasladaron al domicilio de uno de ellos para terminar de pasar la tarde y cenar tranquilamente.
La mujer de Pablo Llanera, magistrada también en Cataluña, se trasladó desde su casa hasta el domicilio donde habían quedado, también protegida por otros dos escoltas. De esa forma, se juntaron en ese domicilio tres coches con seis agentes de seguridad, lo que obviamente llamó la atención de los vecinos. Hasta ahí, todo «normal», a no ser que se tratara de un edificio «repleto de esteladas y banderas independentistas y con casi todos los vecinos en los balcones, extrañado por tanto coche oficial y escoltas. Fue algo más que llamativo», reconoce uno de los asistentes a ese encuentro entre amigos.
No han sido poco los escraches que ha tenido que sufrir en Cataluña por arte y gracia de esos radicales «demócratas» que, escondiéndose en el anonimato, en la noche o en la multitud, cuando se conocía que se encontraba en «su» tierra. «Lo ha llevado -los escraches- muy mal, especialmente aquél en el que se encontraba su hijo sólo en su casa».
Uno de los momentos más críticos que ha tenido que vivir sucedió tras la detención de Puigdemont en Alemania. Aquel día estaba en Madrid y su mujer e hijos en San Cugat y no pensaban salir de allí, pero la situación en Barcelona empezaba a más que caldearse y a crisparse por momentos. Al final, se tuvo que montar un dispositivo para sacarlos de madrugada y trasladarlos hasta Madrid. «Fue el momento más tenso que ha vivido estos meses». Pero, «a pesar de todo, tiene la confianza en que esto se normalice algún día».
Con todo, la situación más complicada que vivió se produjo en el verano de 2018, disfrutando de unos días de vacaciones estivales junto a su familia. Estaba en un restaurante de la Costa Brava cuando una de las mujeres presentes en esa comida se percató de que había «algo raro» y que lo mejor era marcharse. Al abandonar el local le rodearon pero logró entrar en el coche oficial. Al vehículo «le dieron leña a base de bien, y él dentro del coche aguantando, hasta un tanto asustado por la actitud de esos violentos. Si tarda 10 minutos más en salir del local...». Los mossos no identificaron a nadie.
El Futuro Judicial y la Demanda de Puigdemont
Pero la travesía de Llarena con el procés no ha terminado. Ni mucho menos. Además las más que probables euroórdenes contra los prófugos tras la sentencia, tiene pendiente la demanda de Puigdemont contra él presentada en Bélgica por vulneración del «derecho a un proceso imparcial». El 20 de febrero de 2020 se decidirá si se admite a trámite.
Cuando el Gobierno, en primera instancia, rechazó ofrecerle los servicios jurídicos para su defensa ante esa demanda, un grupo de jueces, a título individual, y abogados decidieron poner en marcha un «crowdfunding» para sufragar esos gastos, a lo que Llanera contestó de forma rotunda: «Ni hablar».
Las Recusaciones de Puigdemont
Lo cierto es que no hay nada improvisado en este nuevo embate. Un jurista relevante que trabajó codo con codo con el magistrado durante la mayor parte de la instrucción, pone letra a los temores de Puigdemont. Ni él ni el resto de los consultados por Crónica quieren que se haga pública su identidad para no comprometer ni a Llarena ni a ellos mismos.
De modo que, aunque el tiempo parece correr a favor del ex president, en los tribunales nunca se sabe cómo puede acabar una historia y Puigdemont prefiere no dejar pasar de nuevo una oportunidad de marcar al instructor de la causa.
Las Cuatro Recusaciones
- Primera Recusación: Se le atribuyó falta de imparcialidad. La recusación ni siquiera fue admitida a trámite porque cualquier recelo de las partes sobre el juez tiene que plantearse en los 10 primeros días, y se produjo a los siete meses.
- Segunda Recusación: Se presentó tras un episodio de hostigamiento contra el magistrado. Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente fugado, lo recusó porque la amistad del juez con Fernández Díaz comprometía la división de poderes en un intento que fue descartado.
- Tercera Recusación: La Fundación Villacisneros, partidaria de la unidad de España y crítica con el prófugo, le otorgó un premio. El juez Sánchez Melgar la rechazó por «arbitraria, abusiva y con defectos formales».
- Cuarta Recusación: El motivo de la protesta del ex president es la conferencia que pronunció Llarena para inaugurar el master de acceso a la abogacía que imparte en la Universidad de Burgos y en la que afirmó que «facilitar un gobierno no es razón de fuerza para una ley de amnistía».
«Lo que ocurre es que Llarena hizo una instrucción de quitarse el sombrero, con imparcialidad de criterio, sin poner cortapisas al derecho de defensa, dejando que se explicaran de forma clara, con una paciencia infinita que incluso acabó con la de los fiscales que a veces no comprendían la especial prudencia que Pablo ponía, consciente de que las acusaciones contra los procesados eran tan graves y estaban tan bien fundamentadas que su única escapatoria hubiera sido alegar una violación de derechos fundamentales. Como desde el punto de vista de las garantías procesales su comportamiento es imbatible y el Tribunal de Derechos Humanos no podría decir absolutamente nada, recurren a la recusación», argumenta otro de los juristas personados en la instrucción y dolido por la marcha de los acontecimientos.
El Recuerdo del Desafío Catalán
«Es que ahora van proyectando poco menos que la justicia les persigue por haber votado el 1 de octubre; que fue un gesto romántico, pero eso no fue así. En 2015, Junts y ERC firmaron un acuerdo con ANC y Omnium para llevar adelante el procés y conseguir la independencia porque cada uno por separado no podían controlar el Govern, el Parlament y la calle a la que convencieron de que la independencia era legítima y se podía conseguir; después de firmarlo, escribieron un libro blanco que se divulgó, y dieron conferencias en todos los pueblos».
«Sacaron una ley en la que afirmaban que Cataluña tenía derecho a la autodeterminación, y a pesar de que el Constitucional les dijo que no desarrollasen el procés, constituyeron comisiones hasta llegar a las leyes de desconexión y a la ley del referéndum. En dos años había un millón de personas en la calle, manifestándose, rodeando el Parlament, se inutilizó el aeropuerto y se cortaron todos los accesos a Barcelona. Todo el mundo volcado en una insurrección contra el orden constitucional», recuerda un magistrado catalán. «Es que a España se le ha olvidado lo que vivímos entonces», añade.
Probablemente la clave de bóveda del montón de papeles guardados en la cámara acorazada del Supremo sea un documento, una petición de diligencias efectuada por el Pablo Llarena el 11 de enero de 2018.
Un Documento Clave y las Amenazas
El juez Llarena lleva los procedimientos de un modo distinto al de otros jueces. Fue ocho años magistrado instructor en Barcelona y durante cinco años fue profesor de la Escuela judicial de España, y su estilo no es el de esperar a que las Fuerzas de Seguridad investiguen y le faciliten el resultado de sus pesquisas. Él comprueba en qué tipos penales se pueden subsumir los comportamientos y después solicita las pruebas que permitan confirmarlos o excluirlos.
Aquellas diligencias que encargó a la policía ocupaban cinco folios de solicitud de datos prolijos destinados a comprobar si los imputados incurrieron en sedición, rebelión, desobediencia y malversación: las actuaciones efectuadas por el juzgado número 13 de Barcelona, «el documento Enfocats y el resto de documentación incautada directamente relacionada con la independencia de Cataluña», cada uno de los colegios electorales habilitados para el referéndum, los números identificatorios de cada agente herido y sus partes médicos, los CDR, un informe sobre «los fondos públicos que se hayan podido comprometer...».
Escogió como uno de sus puntos de partida un día, el 21 de septiembre, en el que unas 60.000 personas rodearon la consejería de Economía obligando a la comisión judicial, con sus actos violentos y su actitud hostil, a escapar por el tejado para no ser agredida.
Buscó acreditar quiénes habían tenido conocimiento de lo ocurrido aquel día y que, por lo tanto, eran conscientes de que la violencia podía reproducirse en todos los movimientos populares futuros, incluido el 1-O. Y obtuvo la declaración de dos altos cargos de los Mossos que advirtieron a Puigdemont, a Junqueras y a Forn de que lo mejor era suspender la consulta. No podía acusar a los líderes del procés de dolo directo pero sí de dolo eventual. No podía acusarles de llamar a la violencia, pero sí de no desistir cuando sabían que se iba a producir.
Esa instrucción acabó en ocho meses y luego vendrían los miles de folios del juicio y de las condenas. El Tribunal que a pesar de todo descartó la rebelión y se quedó con la sedición. Y las pintadas en su casa, y las agresiones a sus hijos, y los amigos aparentes que le dejaron de hablar, y la huida nocturna de su familia por carreteras secundarias hasta Aragón porque le avisaron de que se iba a producir en su casa un «inminente ataque de independentistas». Y también los muchos abrazos. Sobre todo, el primero, de un señor de ochenta años que vestía un jersey de ochos y le echó los brazos al cuello tras pedirle permiso.
Y luego los indultos y la eliminación del delito de sedición y la modificación de la malversación para favorecer a los condenados. Y ahora la predisposición gubernamental a conceder una amnistía, y su negociación cuando puede estar pendiente una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la orden de detención contra Puigdemont.
El TGUE ya confirmó en julio la decisión del Parlamento Europeo de quitarle la inmunidad al prófugo de Waterloo, pero éste puede recurrir y solicitar seguir disfrutando de la inmunidad hasta que se dicte la decisión definitiva. El juez Llarena le ha comunicado que, si no ha pedido esa medida cautelar el miércoles, él cursará la orden de detención varias veces puesta y retirada. Pero está por ver que Puigdemont no esté...