El aborto es uno de los temas que en las últimas décadas más ha ocupado las agendas políticas, con varios países que lo han aprobado (total o parcialmente) y, por el contrario, otros que lo han recortado. El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Avances y Retrocesos Globales
El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria y, cada vez hay un mayor consenso mundial a favor de respetar y garantizar este derecho. En los últimos 25 años, se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto.
Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. Europa lleva más de 60 años liderando la tendencia mundial a la liberalización de la legislación sobre el aborto y del acceso de las mujeres y otras personas susceptibles de embarazo a un aborto seguro y legal.
Asia representa una quinta parte de ellos, y en América Latina la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.
Sin embargo, desgraciadamente, no podemos dar por sentados derechos humanos que en los últimos tiempos se han visto en peligro. Países como Estados Unidos, China o Polonia son solo algunos malos ejemplos de Estados que han dado pasos hacia atrás en el acceso al aborto.
Gracias a la lucha imparable de muchas activistas, tenemos éxitos que celebrar, como los que se han producido en Colombia, que en marzo de este año despenalizaba el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo, igual que lo hacía México en 2021, o Argentina, que legalizaba el aborto el año pasado.
Sin embargo, el recorrido todavía es largo: Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Madagascar, Malta o Andorra, entre otros países, todavía mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias y, otros países como Polonia, sólo lo permiten en caso de que la vida de la embarazada esté en peligro o en caso de violación. En definitiva, casi el 50% del total de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde el abordo está fuertemente restringido.
Entre los retrocesos más graves en el acceso al aborto legal y seguro en Europa se encuentra el caso de Polonia, cuya legislación sobre el aborto es una de las más restrictivas de Europa desde que en octubre de 2020, el muy cuestionado Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional el aborto por malformación mortal o grave del feto.
Eliminó así uno de los pocos supuestos legales permitidos del aborto al que se acogían más del 90% de los aproximadamente 1.000 abortos practicados anualmente en el sistema de salud de Polonia. Además, el país ha empezado a procesar a defensoras de derechos humanos por ayudar a embarazadas que necesitan un aborto sin riesgos como Justyna Wydrinska que se enfrenta a tres años de cárcel.
Otro país que ha seguido esta nefasta estela contra los derechos humanos de las mujeres es Hungría, que recientemente ha firmado un decreto que obliga a las embarazadas que quieran abortar a escuchar los latidos del feto, un preocupante retroceso que hará más difícil el acceso al aborto y traumatizará aun más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles.
En América la legislación ha avanzado en numerosos países como Chile, Argentina, Ecuador, México y Colombia, pero sigue siendo el continente con mayor número de países que prohíben totalmente el aborto, como El Salvador que el pasado mes de mayo condenó a una mujer a 30 años de prisión por homicidio agravado por sufrir una emergencia obstétrica.
Y el reciente y grave retroceso de casi 50 años en Estados Unidos, cuando el pasado 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo dictaminó que dejará de proteger el derecho al aborto y que, por lo tanto, serán los estados los que regulan este derecho. Esto originó una respuesta inmediata por parte del presidente Biden que firmó una orden ejecutiva para salvaguardar el derecho al aborto y la protección de la intimidad de los y las pacientes, entre otras protecciones de los servicios de aborto.
Además en Kansas, un estado muy conservador, se blindó el derecho al aborto cuando en agosto, la población de este Estado votó mayoritariamente a favor de que su legislación siga protegiendo este derecho, manteniéndose como un “Estado refugio” para las mujeres. En septiembre, en un nuevo y peligroso ataque a este derecho, el senador Lindsay Graham ha introducido un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos que prohibiría en todo el país la mayoría de los abortos después de 15 semanas, lo que, de promulgarse, supondría una prohibición nacional del aborto.
Esto contrasta con el caso de Canadá, donde el acceso al aborto es un procedimiento médico gratuito que no tiene regulación ni barreras específicas.
En Asia, que representa una quinta parte de los países liberalizadores de los últimos años, el aborto se despenalizó en Corea del Sur en enero de este año, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición. En febrero fue el Parlamento de Tailandia el que reformó el Código Penal para legalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo.
En el lado opuesto se encuentra China, que en 2021 anunció que limitará los abortos con “fines no médicos”. Este país lleva décadas aplicando políticas de reproducción restrictivas de cara a controlar su tasa de natalidad, utilizando el aborto y los anticonceptivos para poder cumplir su política de hijo único.
Fuente: Wikipedia
Estas medidas han conducido al país a la menor tasa de natalidad desde el año 1960. Para enfrentar la evidente crisis demográfica, el gobierno ha anunciado que se limitarán los abortos con “fines no médicos” y que “mejorarán la educación sexual y los servicios de planificación familiar tras un aborto o embarazo”.
Por su parte, en África se encuentran casi la mitad de los países que han avanzado en el derecho al aborto en los últimos 25 años.
Legislación Europea
En Irlanda, Malta, Irlanda del Norte y Polonia las leyes de aborto son las más restrictivas de la Unión Europea. En Alemania el aborto es sólo legal por indicación médica si se practica durante las 14 primeras semanas. En Dinamarca es posible abortar dentro el segundo trimestre de embarazo si se alegan motivos socioeconómicos. En Suecia el aborto puede ser practicado hasta la semana 18 de embarazo. En Grecia está permitido dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En Italia, una mujer puede interrumpir un embarazo hasta los 90 días de gestación.
Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido y los avances son continuos. Irlanda fue el último país en despenalizarlo a finales de 2018. Más recientemente, el 26 de septiembre de 2021, hubo una rotunda votación popular a favor de reformar la prohibición del aborto en San Marino, vigente desde hace 156 años.
Y en España, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se encuentra en trámite parlamentario, contiene importantes avances respecto a la actual legislación.
Entre ellas, permitirá el acceso al aborto a las adolescentes de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad, sin necesidad de la autorización de sus progenitores o tutores. Además, promueve la eliminación de barreras en el acceso, como el llamado “plazo de reflexión” y la obligatoriedad de recibir información acerca de recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo.
Y se regula la denegación de servicios por motivos de conciencia (“objeción de conciencia”), de manera que se garantiza la prestación del aborto en los servicios públicos. Aún quedan también por resolver en la ley cuestiones pendientes de derechos humanos, como la garantía del acceso al aborto en situaciones de emergencia, y también acometer la reforma del Código Penal para la eliminación del aborto de la legislación penal, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Estadísticas Globales
Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas, 662 millones de mujeres en edad reproductiva (el 34%) viven en 77 países que permiten el acceso al aborto bajo petición (con leyes que tienen límites gestacionales de un promedo de tres meses). Por otro lado, 457 millones (23%) viven en doce países que permiten el aborto por razones socioeconómicas amplias. Además, el 12% de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde se permite esta práctica cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer. Por último, el 20% vive en países donde el aborto sólo está permitido para salvar la vida de la embarazada, y el 6% donde está prohibido totalmente.
Fuente: publico.es
Obstáculos y Desafíos
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
Situación en España
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Casos Específicos
Polonia
Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia tras negársele un aborto en el hospital de Pszczyna. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-.
Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
Marruecos
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada.
Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Texas, Estados Unidos
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro.
Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
República Dominicana
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia -incluso si existe riesgo para la vida de la mujer- en 24 países de todo el mundo, entre los que se encuentran Egipto, Irak, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos y Filipinas, según el mapa del Centro de Derechos Reproductivos.
En estos países vive el 6% de las mujeres del mundo en edad reproductiva, según las estimaciones de esta organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos, que elabora un mapa en tiempo real sobre las diferentes leyes de cada territorio.
Legislación según el momento de la gestación
El aborto está permitido en alrededor de la mitad de países del mundo, si bien con diversos condicionantes. En muchos basta solamente con tomar la decisión dentro de un lapso de tiempo, contabilizado en semanas de gestación y recogido en la ley de cada país. Pasado este período algunos países siguen permitiéndolo, pero con condicionantes; por ejemplo, que exista riesgo para la salud de la madre o que el feto presente ciertas enfermedades congénitas.
Factores socioeconómicos
También hay países que condicionan el derecho al aborto a determinados factores socioeconómicos; por ejemplo, en casos de que la mujer sea menor de edad o no cuente con recursos económicos para mantener a una criatura: es el caso de Etiopía, la India, Japón, el Reino Unido, Ruanda, Taiwán y Zambia.
Motivos de salud
Hay numerosos países (también cerca de la mitad a nivel global) que solo permiten el aborto por motivos de salud. Esto incluye generalmente si existe un riesgo para la madre o se detecta una enfermedad congénita en el feto, pero también hay legislaciones que tienen en cuenta el impacto para la salud mental de la mujer. Otros lo permiten solamente en casos de violación u otras formas de violencia sexual, y en algunos también se incluye el incesto.
Prohibición total
Unos pocos países prohíben el aborto en todas las circunstancias: Andorra, El Salvador, Filipinas, El Vaticano, Honduras, Madagascar, Nicaragua, República Dominicana y la república de Abjasia (que legalmente forma parte de Georgia pero es independiente de facto).
Dificultades prácticas
Finalmente hay países - especialmente en África, Oriente Medio y el sudeste asiático - donde, aunque teóricamente es posible abortar en circunstancias muy concretas (como el riesgo para la salud de la madre), a la práctica resulta complicado ejercer este derecho porque los doctores se pueden negar a realizar la intervención.
Tabla resumen de la legislación del aborto por país
| País | Legislación sobre el aborto |
|---|---|
| Andorra | Prohibido en todas las circunstancias |
| El Salvador | Prohibido en todas las circunstancias |
| Filipinas | Prohibido en todas las circunstancias |
| El Vaticano | Prohibido en todas las circunstancias |
| Honduras | Prohibido en todas las circunstancias |
| Madagascar | Prohibido en todas las circunstancias |
| Nicaragua | Prohibido en todas las circunstancias |
| República Dominicana | Prohibido en todas las circunstancias |
| Abjasia | Prohibido en todas las circunstancias |
| España | Permitido libremente hasta la semana 14 |
| Argentina | Permitido libremente hasta la semana 14 |
| Colombia | Despenalizado durante las primeras 24 semanas |
| México | Despenalizado |
| Estados Unidos | Regulado por cada estado |
| Polonia | Solo permitido si la vida de la embarazada está en peligro o en caso de violación |
| China | Limitará los abortos con “fines no médicos” |
| Corea del Sur | Despenalizado |