Ignacio González Vega es un magistrado español conocido por su labor como portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), una asociación que reúne a más de quinientas magistradas y magistrados comprometidos con la defensa de una administración de Justicia que sea ante todo “un servicio público donde los protagonistas no sean los jueces, fiscales o abogados sino los ciudadanos”.
Sistema judicial español
Trayectoria y Compromiso Social
Este juez asturiano es la cara visible de esta asociación de jueces progresistas comprometidos con la defensa de los colectivos más débiles: desahuciados por el impago de hipotecas, trabajadores en precario, discapacitados, migrantes, mujeres.
Es habitual ver a este juez participando en tertulias de televisión, entrevistas o debates, contestando a todo tipo de preguntas de los medios sobre temas de actualidad relacionados con la justicia. Detrás de sus palabras se perciben sus fuertes convicciones sociales, además de un optimismo nato que le hace soñar con frecuencia con la posibilidad de un mundo mejor.
González Vega ha señalado que la decisión del fiscal de no responder a ciertas acusaciones "forma parte de su estrategia de defensa". A su juicio, el fiscal "ha declarado y ha explicado todas y cada una de las pruebas de cargo que había contra él". Por ello, añade que "hay que valorar la declaración del fiscal general del Estado junto con el resto de medios probatorios y, en definitiva, dictar el fallo correspondiente".
El magistrado ha destacado que el fiscal general ha mantenido una versión estable desde el inicio del caso. "Yo creo que en este sentido ha sido persistente la versión del fiscal general del Estado desde un principio", señala. Ha recordado que ya en sus primeras apariciones públicas el fiscal defendió que actuó "en defensa del órgano constitucional que es la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, en aras a la transparencia, el buen funcionamiento y la buena imagen de esa institución".
Para González Vega, ese propósito explica en buena parte la conducta del acusado y su actitud ante los medios y el tribunal.
El reto de la justicia en el siglo XXI
La Justicia en el Siglo XXI
Ignacio González Vega es un firme defensor de la modernización de la administración de Justicia. El director del curso ha asegurado que "son necesarios encuentros periódicos entre jueces y periodistas para tratar problemas comunes de ambas profesiones". De esta manera, como se señala en el programa del encuentro, se intentará buscar "soluciones respetuosas con los derechos y garantías que asisten a las partes en el proceso penal, acusados y víctimas, la presunción de inocencia y la libertad de información".
¿cómo? “Seleccionando a los mejores jueces, modificando el ordenamiento jurídico, haciendo reformas en la administración de Justicia para que los magistrados podamos cumplir mejor nuestros cometidos… Creo que todo se puede mejorar y además es posible”.
En un Estado de derecho sobre todo se ha de controlar al poder para evitar cualquier tipo de abuso y garantizar los derechos de los ciudadanos. Dos funciones esenciales y también complementarias. Porque los derechos fundamentales están mucho más expuestos ya que además de estar recogidos en la Constitución española lo están en los tratados internacionales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y el Convenio de Roma. En el tema de libertad de expresión por ejemplo, recientemente hemos visto cómo han tenido lugar ciertos ‘excesos’, recortes de derechos, criminalización de conductas, hemos pasado por una época donde la libertad de expresión ha sido puesta en cuestión.
En España el número de jueces y de fiscales por habitante es sensiblemente inferior a la media europea. A eso hay que añadir que el actual criterio de selección en la carrera judicial no creemos que sea el más adecuado porque no elige a las personas que reúnen las mejores aptitudes para el ejercicio de la labor judicial. Es un sistema objetivo basado en pruebas memorísticas -saberse el código-, pero no busca otras habilidades que también serían necesarias para gestionar los conflictos que se le presentan a un juez. Cuando un magistrado ejerce su función debe decidir sobre la vida y hacienda de los ciudadanos, y para ello conocer el orden jurídico no es suficiente, necesita tener también experiencias vitales. Eso aportaría esa diversidad social por la que me preguntaba.
El juez tildado de progresista tiene una gran preocupación por el servicio público de la justicia; el poder judicial es un poder pero también un servicio público.
Sobre todo faltan medios, tanto materiales como personales. Depende de dónde esté destinado un juez.
En un colectivo como el nuestro, a veces surge el problema del corporativismo y es difícil hacer autocrítica, pero creemos que al poder judicial le hace falta porque los jueces, como seres humanos, también se equivocan. “Nuestra labor es, sobre todo, defender los derechos fundamentales, a los colectivos más vulnerables y denunciar los abusos del poder.
Es muy difícil apartar las convicciones pero uno ha adquirido un compromiso que debe cumplir, ha de ser consciente de que cuando está juzgando ha de aplicar la ley y el derecho. A veces hay situaciones que pueden ser injustas y uno trata de buscar remedios dentro del ordenamiento jurídico. En el terreno de la defensa de los derechos fundamentales, un juez no se debe limitar a ser solo “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, existen mecanismos que le permiten hacer una interpretación a veces alternativa de un determinado artículo acudiendo a la Constitución, a los tratados internacionales o a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Cuando uno tiene cierto impacto mediático recibe tanto críticas positivas como negativas y eso es algo asumido totalmente. Seguimos centrados en nuestro trabajo, en alzar la voz para defender las causas de los más vulnerables. Hoy por la mañana por ejemplo, denunciamos una vez más las políticas antiinmigratorias y racistas que hay en algunos países europeos y algunas formaciones políticas.
Nosotros tenemos una sobrerrepresentación en la carrera judicial. Puede que en la sociedad tengamos mayor implantación que la que tenemos a nivel judicial (somos la tercera asociación en cuanto a número de miembros).
González Vega ha señalado que la decisión del fiscal de no responder a ciertas acusaciones "forma parte de su estrategia de defensa". A su juicio, el fiscal "ha declarado y ha explicado todas y cada una de las pruebas de cargo que había contra él". Por ello, añade que "hay que valorar la declaración del fiscal general del Estado junto con el resto de medios probatorios y, en definitiva, dictar el fallo correspondiente".
El magistrado ha destacado que el fiscal general ha mantenido una versión estable desde el inicio del caso. "Yo creo que en este sentido ha sido persistente la versión del fiscal general del Estado desde un principio", señala. Ha recordado que ya en sus primeras apariciones públicas el fiscal defendió que actuó "en defensa del órgano constitucional que es la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, en aras a la transparencia, el buen funcionamiento y la buena imagen de esa institución".
Para González Vega, ese propósito explica en buena parte la conducta del acusado y su actitud ante los medios y el tribunal.
Otro de los puntos más controvertidos del proceso ha sido el borrado del teléfono móvil del fiscal general. Sobre este aspecto, González Vega considera que las explicaciones ofrecidas son "convincentes".
Ha recordado que "en un proceso constitucional penal como es España, el acusado no tiene la obligación de colaborar en la acusación". En su opinión, corresponde a la parte acusadora "buscar los medios de prueba para poder incriminar al acusado".
En este contexto, el magistrado estima que el borrado de datos puede entenderse dentro de los márgenes razonables: "En este caso concreto parecen convincentes las alegaciones del fiscal general del Estado, dado que maneja información sensible y, por tanto, es justificable ese borrado sistémico dada la cantidad de información delicada que maneja".
Respecto a las declaraciones de los agentes de la UCO, que apuntaron a un control absoluto del fiscal general sobre todo el procedimiento, González Vega se ha mostrado cauto. "Hacen un juicio de inferencia que se basa en la preeminencia que tiene el fiscal general del Estado en la Fiscalía", ha explicado.
El magistrado ha recordado que "la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado y que el fiscal general del Estado es el jefe superior". Sin embargo, advierte que "de esa inherencia que tiene un dominio total de los hechos a deducir de ahí la autoría de la filtración, creo que hay un abismo". En su opinión, la labor de los jueces será determinar "si ese juicio de inferencia es una prueba de cargo que puede inclinar la balanza hacia un fallo condenatorio".
Sobre el carácter simbólico del proceso, González Vega reconoce que "es un juicio histórico, algo inédito en nuestra historia donde se sienta por primera vez un fiscal general acusado de un delito". Considera comprensible que el acusado se quitara la toga para declarar: "Cuando son juristas los acusados, es habitual que se quiten la toga para sentarse en el banquillo de los acusados.
“LA NUEVA CRIANZA DEL SIGLO XXI. LOS NUEVOS RETOS” | Tribunal Universitario
La Corrupción y la Justicia
España asiste en las últimas semanas a un culebrón en el que se mezclan fiscales, miembros del Gobierno, jueces y dirigentes políticos. Todo ello salpicado por los nuevos nombramientos en la Audiencia de Nacional de Concepción Espejel y Enrique López. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, cree que el Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante los casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular.
Este magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid pide en esta entrevista en nombre de esta asociación de jueces de corte progresista que se pongan más medios para luchar contra la corrupción y que acaben las "presiones" desde el ámbito político. Y avisa: "Hay una estrategia en los nombramientos de los jueces".
La verdad es que los gobernantes lo están poniendo un poco difícil y están poniendo a prueba a los ciudadanos. Las últimas decisiones sobre los nombramientos en la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es una forma de poner a prueba la confianza que tienen los ciudadanos.
Es difícil de entender para cualquier persona normal y es, cuanto menos, éticamente censurable que el Fiscal Anticorrupción tenga una sociedad offshore y al mismo tiempo tenga que perseguir a ciudadanos que tienen sociedades offshore para eludir el pago de impuestos.
No puedo comprender cómo se puede defender a una persona que trata de eludir el pago de tributos y que Maza hiciera ese alegato.
Primero, debe dar explicaciones ante el Congreso. Y si no resultan convincentes sus palabras, entonces debe dimitir.
En ese tema los jueces debemos ser especialmente cuidadosos. Estamos hablando de filtraciones del sumario, parciales y que pueden ser interesadas. Tenemos que ser rigurosos y hasta que el sumario no sea público debemos esperar.
Lo que sí se percibe es una estrategia de controlar primero los nombramientos en la Fiscalía y las piezas claves, particularmente Anticorrupción. Y, después, en los tribunales de Justicia y en la Audiencia Nacional.
Sobre todo, con la institución del Consejo General del Poder Judicial, que sea fuerte y no acepte las injerencias de los partidos políticos. Los nombramientos deben seguir los principios de mérito y de capacidad, no de afinidad política. Aquí se ha mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial, que se prefiere a una persona por su afinidad política que por su ejercicio en la función.
Parece ser que por afinidades políticas. Una persona, como Enrique López, que ha sido recusada hasta en tres ocasiones por su afinidad con el PP, es inaceptable que pueda ser nombrada presidenta de esa Sala de lo Penal.
El señor Lesmes tiene que dimitir. El cometido esencial del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y el mantenimiento de la separación de poderes. Las pretensiones que puedan tener el Ejecutivo o el Legislativo deben ser totalmente rechazadas para evitar estos intentos de control de los tribunales del partido del Gobierno.
No se van a quedar sin juez. La cuestión está en que en las filtraciones del sumario se habla por parte del expresidente de Madrid Ignacio González de que vuelva el juez titular. Parece ser que lo han conseguido. Un juez que estaba en Roma ganando un dineral vuelve parece ser no por petición propia, sino más bien obligado a ello.
La Fiscalía es una pieza fundamental en el poder judicial. Lo primero, es la que tiene que velar por la independencia de los tribunales. El poder político ha empezado primero por controlar la Fiscalía y el círculo se cierra con el intento de control de los tribunales de justicia.
El Gobierno quiere controlar la Fiscalía, especialmente la de Anticorrupción, y el siguiente paso es controlar los tribunales de Justicia.
Faltan medios para poder luchar contra la corrupción y sobran injerencias de los partidos y del Ejecutivo y menos presiones. Hay que evitar que el Gobierno y los partidos nombren a los jueces que llevan estos asuntos.
Los ciudadanos no son indiferentes ante el problema de la corrupción y más en un periodo de crisis económica.
Somos un país con un nivel de corrupción muy importante en las élites gobernantes. No tengo pruebas para decir que sea toda la clase gobernante. Sí hay pruebas evidentes de que hay unos niveles de corrupción inaceptables en la clase gobernante.
La corrupción se combate cuando hay una voluntad decidida y hasta ahora el Gobierno no parece que la tenga.
Es tan mala la politización de la Justicia como la judicialización de la política.
En general, hay malestar en la carrera judicial. No hay inversión en Justicia y los jueces están bastante desanimados. No se hacen reformas para poner la Justicia del siglo XIX en el siglo XXI, lo que causa un gran desánimo dentro de la carrera.