La Seguridad Social es un pilar fundamental del estado de bienestar en España, garantizando protección y asistencia a los ciudadanos en diversas situaciones de necesidad. Para comprender su importancia actual, es crucial conocer sus orígenes y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo.
El presente artículo analiza el origen y desarrollo de la Seguridad Social desde una perspectiva materialista, entendiendo por tal opuesto a idealismo. Si éste parte de que las ideas son lo primero, es decir, que las representaciones mentales de cualquier tipo son las que verdaderamente configuran la realidad, el materialismo, por el contrario, parte de un presupuesto metodológico opuesto basado en que es la realidad material la que configura las ideas. La primera conclusión a la que se llegará será que la Seguridad Social nace por la dependencia salarial a que conduce la Revolución Industrial, lo que hizo necesario establecer un sistema sustitutivo de las rentas salariales para el caso de pérdida de éstas.
Iniciamos una seria de artículos sobre el sistema de pensiones y el ahorro a largo plazo que hemos recogido en el documento «Pensiones Menguantes. Responsabilidad Creciente» que pueden consultar al final en PDF.
Los Primeros Pasos Hacia la Protección Social
El punto de partida de las políticas de protección se encuentra en la Comisión de Reformas Sociales (1883), que se encarga de los asuntos que puedan tener un impacto en la mejora y el bienestar de la clase obrera. Tras los avances en materia social en Alemania -Ley de Seguro de Enfermedad de 1883 y posteriores leyes-, los trabajadores españoles comienzan a unirse en busca de protección en momentos complicados como desempleo, enfermedad, viudedad o jubilación. Por otra parte, las empresas toman conciencia del problema y suavizan las condiciones de trabajo para alargar la vida laboral y evitar el desamparo. Cierto es que se reducían las remuneraciones pero obtenían ciertos ingresos durante su vejez.
En 1900, se creó el primer sistema de seguridad social junto con la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1908 apareció el Instituto Nacional de Previsión, que integró los bancos que gestionaban los valores sociales a medida que surgían.
Desde la Administración del Estado destaca el papel del Instituto Nacional de Previsión creado en 1908, con cierto retraso pues desde 1883 la Comisión de Reformas Sociales estuvo trabajando en su constitución. Esta institución colaboró en la elaboración de diferentes normas sociales y participó en el desarrollo e implementación. Entre ellas destaca el Seguro Obligatorio del Retiro Obrero (1919). Se trató de un seguro de afiliación obligatoria para trabajadores por debajo de cierto límite salarial entre los 16 y los 65 años por el que recibirían un subsidio durante jubilación de cuantía suficiente para la subsistencia.
En años posteriores, los mecanismos de protección dieron como resultado una serie de seguros sociales, entre ellos:
- Retiro de Trabajadores (1919)
- Seguro de Maternidad Obligatorio (1923)
- Seguro de Desempleo Forzoso (1931)
- Seguro Médico (1942)
- Seguro Obligatorio de Pensión e Invalidez (SOVI) (1947)
La aparición en España del seguro social, con su carácter de obligatoriedad, y como medida específica de protección, arranca de una Conferencia celebrada en Madrid el año 1917. Fruto de la Conferencia de 1917 fue un Real Decreto Ley de 1919 que, acogiendo la preocupación secular por la vejez, implantó el llamado Retiro Obrero como seguro social obligatorio.
La Ley de Bases de Enfermedades Profesionales, de 13 de Julio de 1936, no llegó a tener desarrollo por la inminencia de la Guerra Civil. Posteriormente, el Fuero del Trabajo y demás Leyes Fundamentales dan un nuevo impulso al desarrollo de los seguros sociales.
Evolución de la pirámide poblacional en España (1900-2050). Fuente: Wikipedia
La protección proporcionada por estos seguros pronto se consideró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección organizados a través de fondos mutuos de empleo, organizados por sectores de trabajo y cuyas disposiciones debían completar la protección ya existente. Dada la multiplicidad de fondos mutuos, este sistema de protección condujo a la discriminación entre la población trabajadora, provocó desequilibrios financieros y dificultó una gestión racional y eficaz.
La Unificación y Expansión de la Seguridad Social
Es en 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuando se busca lograr un modelo unitario para la protección social de los trabajadores españoles. El Estado trata de agrupar los diferentes esquemas de protección conocidos en aquella época para darle solidez. Se optó por un sistema de reparto que protejería el derecho a la jubilación de los trabajadores de aquél momento.
En 1963, apareció la Ley de Bases de la Seguridad Social; su principal propósito era la implementación de un modelo de protección social unificado e integral, con una base financiera de distribución, gestión pública e participación del Estado en la financiación. La Ley de Financiamiento y Perfeccionamiento de la Acción de Protección de 1972 trató de corregir los problemas financieros existentes, pero los empeoró al aumentar la acción protectora sin establecer los recursos correspondientes que proporcionaran cobertura financiera.
Pensiones en España. Fuente: Muy Interesante
Por lo tanto, no fue hasta la llegada de la democracia a España, y la aprobación de la Constitución, que se introdujeron una serie de reformas en los diversos campos que configuran el sistema de Seguridad Social. De hecho, el Artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un sistema público de seguridad social para todos los ciudadanos, garantizando el apoyo y las prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y que el apoyo y las prestaciones adicionales serán gratuitos.
Tras la muerte de Franco, en noviembre de 1978, se publicó el Real Decreto-ley sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, que establecía la creación del Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Social de la Marina.
Además, la Constitución española de 1978 establece que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo" que según la web de la Seguridad Social "diseña el actual modelo de Seguridad Social".
Para Vilar Rodríguez, son dos los elementos claves para la puesta en marcha de un verdadero estado de bienestar en España: la llegada de la democracia que reconoció derechos y la reforma de la Hacienda de 1977 que establece una financiación vía impuestos.
En realidad, el Artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un sistema público de seguridad social para todos los ciudadanos, garantizando el apoyo y las prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y que el apoyo y las prestaciones adicionales serán gratuitos.
- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para gestionar las disposiciones económicas del sistema.
- El Instituto Nacional de Asistencia Sanitaria, para la prestación de asistencia sanitaria (Organización que más tarde se denominaría Instituto Nacional de Gestión Sanitaria).
- Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de los servicios sociales (Organización que más tarde pasó a llamarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales).
- El Instituto Social de la Marina, para gestionar las necesidades sociales de los trabajadores del mar.
- La Tesorería General de la Seguridad Social, como tesorería única del sistema que actúa bajo el principio de solidaridad financiera.
Durante los años ochenta se implementaron una serie de medidas con el fin de mejorar y perfeccionar la acción protectora extendiendo los beneficios a colectivos no cubiertos y proporcionar una mayor estabilidad económica al sistema de Seguridad Social. Algunas de las medidas incluyeron el proceso gradual de equiparación de los cálculos de referencia y los salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumidor, la ampliación de los períodos necesarios para recibir prestaciones y calcular las pensiones, la simplificación de la estructura de la Seguridad Social, la separación inicial de las funciones de financiación, de modo que las prestaciones contributivas se financiaran con las cotizaciones sociales, mientras que las de carácter no contributivo se cubrirían en la expansión general. Este proceso permitiría la generalización progresiva de la asistencia médica.
Durante esta década, se creó el Departamento de Informática de la Seguridad Social, para coordinar y controlar las actividades de los servicios de informática y procesamiento de datos de las diversas Entidades de Gestión.
Los años noventa representaron una serie de cambios sociales que afectaron a múltiples asuntos y que han tenido su influencia en el sistema de Seguridad Social: cambios en el mercado laboral, mayor movilidad, inclusión de la mujer en el mundo laboral, etc. lo que ha hecho necesario adaptar la protección a las nuevas necesidades emergentes.
Con el fin de recompensar el trabajo realizado desde sus inicios, tanto la Seguridad Social como sus organizaciones internas han recibido varios premios, que reconocen y consolidan la enorme contribución que ha realizado a la labor social a lo largo de su existencia.
La Seguridad Social Hoy
La Seguridad Social es un término que se aplica en Europa occidental después de la segunda guerra mundial, en plena edad dorada del capitalismo, sin que todos los países adoptaran el mismo modelo, explica a Maldita.es Margarita Vilar Rodríguez, profesora titular de Economía de la Universidad da Coruña, especialista en la historia de los Seguros Sociales y las políticas del bienestar y coautora del libro El seguro de salud privado y público en España: Su análisis en perspectiva histórica.
Actualmente, el “contrato” que los trabajadores españoles tienen con la Seguridad Social dice que a cambio de aportar un porcentaje de nuestro salario todos los meses a la Seguridad Social, ésta nos protegerá en aquellas situaciones en las que nos encontremos indefensos (desempleo, jubilación, incapacidad, etcétera).
Actualmente, dichas condiciones han cambiado radicalmente. Nuestra esperanza de vida ha crecido mucho y nuestra vejez más larga con cada nueva generación, cada vez empezamos a trabajar -y a cotizar- más tarde pero seguimos queriendo jubilarnos, más o menos, a los 65 años.
Cuando nació la Seguridad Social en España, la situación demográfica del momento hacía posible que muchas pequeñas aportaciones por parte de los cotizantes fueran suficientes para financiar las prestaciones de los pocos que llegaban a superar la edad de jubilación sin apenas haber cotizado. Sin embargo, y como comprobamos con la evolución de la pirámide poblacional, cada vez son más y durante más tiempo los que reciben la pensión de jubilación reduciendo la relación cotizantes-pensionistas. Es decir, la relación entre los que aportan y los que reciben.
La solución que muchos expertos dan a este problema son los sistemas de capitalización. En lugar de que nuestras cotizaciones se incluyan en una caja común y paguen las prestaciones de los pensionistas actuales, este sistema pretende que cada uno invierta sus cotizaciones de acuerdo a unos parámetros, tema de profundos desacuerdos entre la doctrina, para recuperarlo en el momento de su jubilación. Es decir, es un sistema en el que cada uno recibe el importe equivalente a sus propias aportaciones.
Un sistema de capitalización requiere una política de inversiones de acuerdo a los parámetros de cada trabajador y un seguimiento continuo del ahorro ya que de ello dependerá el capital acumulado en el momento de la jubilación.
No debemos olvidar que en el momento de la constitución del sistema se logró que jubilados que no habían cotizado nunca tuviesen una prestación digna en el momento de su jubilación.
Parece que las autoridades españolas se inclinan hacia un sistema mixto donde la pensión pública pierda peso y se potencien los sistemas de capitalización privados.
Respecto a cómo potenciar esos sistemas de capitalización privada existen diferentes corrientes. Algunos opinan que debería reducirse el peso que ahora tienen los planes de pensiones pues sus ventajas fiscales restan progresividad al sistema fiscal, contradiciendo el mandato constitucional.