La agresión a una mujer embarazada es un acto de violencia que no solo atenta contra su integridad física y emocional, sino que también puede tener graves consecuencias legales. La legislación española, en consonancia con los tratados internacionales, protege los derechos de la mujer embarazada y sanciona las agresiones que puedan afectar su salud y la del feto.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo. Esta ley aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral, introduciendo las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo.
Además, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar.
La Plataforma de Acción de Beijing ha reconocido que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia.
Conferencia de Beijing sobre la Mujer
El Delito de Aborto y Lesiones al Feto
El Código Penal español tipifica como delito el aborto provocado sin el consentimiento de la mujer (artículo 144). Este delito se agrava si quien lo comete tiene una relación de parentesco con la víctima (artículo 23).
Además, el Código Penal también contempla el delito de lesiones al feto (artículos 157 y 158). Este delito se refiere a las acciones que, sin causar el aborto, provocan daños o malformaciones en el feto. Es importante destacar que, antes del Código Penal de 1995, existía una laguna punitiva para proteger la salud del feto, puesto que las lesiones al mismo eran consideradas atípicas, o, en determinados supuestos se incardinaba a través del delito de aborto, no protegiendo la salud del feto.
La protección de la vida prenatal es un tema complejo que ha sido abordado por el Tribunal Constitucional. En la sentencia 53/1985, el Tribunal estableció que, si bien los no nacidos no pueden considerarse titulares del derecho fundamental a la vida, esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional.
Análisis de un Caso Real
Un caso real ilustra las consecuencias legales de la agresión a una mujer embarazada. En un procedimiento abreviado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un hombre por un delito de aborto y lesiones, tras agredir a su pareja embarazada de siete meses con una patada en el vientre, provocándole un aborto y otras lesiones que requirieron tratamiento quirúrgico.
En este caso, la declaración de la víctima, corroborada por la testifical y pericial, fue determinante para la condena. El tribunal consideró que la acción del agresor, al propinar una patada en el vientre a la víctima, satisfacía las exigencias dogmáticas del dolo eventual, y que no podía ser considerada imprudente o accidental.
Protección de la mujer embarazada
Violencia Psicológica y Depresión Postparto
La violencia psicológica durante el embarazo también puede tener graves consecuencias para la salud de la mujer y el desarrollo del feto. Un estudio realizado en Brasil reveló que las mujeres que sufrieron violencia psicológica durante el embarazo tenían más del doble de probabilidades de padecer depresión postparto.
La recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, reconoce que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el embarazo forzado, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir trato degradante.
Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) mostraba que un 89 % de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66 % amenazadas. Estos grupos organizados abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren en la clínica.
El objetivo es que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento. El Defensor del Pueblo inició en 2018 una actuación tras recibir la queja de una asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, que denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba numerosos casos de hostigamiento en toda España.
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA. #psicologiaperinatalargentina. Lic. Daniela Gastaldi
Tabla Resumen de Consecuencias Legales
| Delito | Artículo del Código Penal | Descripción |
|---|---|---|
| Aborto sin consentimiento | 144 | Interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer. |
| Lesiones al feto | 157 y 158 | Acciones que causan daños o malformaciones al feto sin provocar el aborto. |
| Agravante de parentesco | 23 | Circunstancia que agrava la pena si el agresor tiene una relación de parentesco con la víctima. |
Protección Integral de la Salud Sexual y Reproductiva
La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, modifica diversos artículos de la Ley Orgánica 2/2010 para garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Esta ley establece los objetivos de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, las medidas en el ámbito sanitario y educativo, y la protección de la salud durante la menstruación.
La ley también promueve la participación de las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, organizaciones sociales y organizaciones sindicales y empresariales más representativas que actúan en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Nueva ley del aborto en España
En resumen, la agresión a una mujer embarazada es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y emocional de la víctima y del feto. La legislación española protege los derechos de la mujer embarazada y sanciona las agresiones que puedan afectar su salud y la del feto, garantizando el acceso a servicios de atención médica y la protección de su intimidad y confidencialidad.