El aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del cigoto en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad extrauterina. Se estima que entre 2015-2019 se practicaron ?73 millones de abortos cada año a nivel mundial, de los cuales el 45% se realizaron en condiciones peligrosas. Diferentes países en el mundo se han comprometido con la salud sexual y la salud reproductiva desde una perspectiva de los derechos humanos, a través de tratados y convenciones internacionales.
Uno de los temas que ha tenido mayor disputa política e ideológica en el marco de estos tratados y convenciones ha sido el aborto. La instalación del aborto como un problema de salud pública y de derechos que requiere legislación es uno de los grandes desafíos en materia de derechos humanos particularmente en los países que han penalizado el aborto en su totalidad como es el caso de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Malta, El Vaticano, República Dominicana y Chile hasta hace poco meses.
Este artículo da cuenta del proceso político y legal de la aprobación de la Ley N°21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en Chile desde un enfoque de derechos humanos.
Antecedentes y Contexto Histórico
Cuando el 23 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley Nº 21 030, que regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación), Chile era uno de los cuatro países en América Latina que negaba a las mujeres este derecho en todas sus formas, como parte de una política conservadora que selló el dictador Augusto Pinochet en 1989.
Desde 1931 hasta 1989 ―aún bajo la Constitución de 1980― el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos. Sin embargo, a partir de la reforma, el Código Sanitario reguló la interrupción del embarazo en los siguientes términos: "No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto" (Artículo 119).
Con la modificación hecha en dictadura militar el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la penal. Se argumentó que los avances de la medicina hacían innecesaria la realización de este tipo de intervenciones, lo cual, años después de esta modificación legal, continuó siendo una falacia.
La legislación sanitaria sobre aborto entre 1989 y 2017 difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado. La Ley N°18.826, implementada por la dictadura militar en 1989, sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario y penalizó el aborto en los artículos 342 a 345 del Código Penal.
El número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido porque está penalizado. Sin embargo, existen estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 ―de acuerdo al único estudio nacional realizado en 19902― a 200.000 según datos del año 19943. Se suman datos del año 2012 ―aunque menos corroborados― que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos4 y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.0005. Las variadas cifras de aborto clandestino son producto de estudios estimativos con métodos de medición indirecta sobre aborto clandestino en el país.
Datos del Ministerio de Salud señalan que el aborto ocupa el tercer lugar del total de defunciones y mortalidad en el embarazo, parto y puerperio, según grupos de causa entre los años 2000 y 2012, con un 14%, al igual que las complicaciones predominantes relacionadas con el embrazo y el parto6.
A nivel global existe desigualdad en la atención en salud para interrumpir un embarazo, puesto que se ha comprobado que las mujeres más pobres tienen menos posibilidades de contar con condiciones para un aborto seguro, y se enfrentan a mayores riesgos de muerte producto de procedimientos clandestinos, inseguros, desinformados, lo que es un desafío permanente para la salud pública9.
En el caso de Chile, la ley punitiva acentúa la discriminación hacia las mujeres más pobres, ya que profundiza la brecha de inequidad que se reproduce en la sociedad chilena frente al aborto. Los procedimientos realizados por personal sin preparación y en condiciones sanitarias inapropiadas exponen a las mujeres pobres y sin acceso a la información, a mayores riesgos para su vida y su salud.
Mujeres participan en una manifestación durante el Día Internacional del Aborto Seguro en Santiago de Chile, el 28 de septiembre de 2022.
Implementación de la Ley Nº 21.030
En Chile, la Ley N°21.030 promulgada en 2017 despenalizó y reguló la interrupción voluntaria del embarazo, luego de una prohibición total vigente desde 1989. A casi 8 años de su implementación, describimos la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales entre 2018-2023 en Chile, determinando las causales, grupos de edad y regiones con más procedimientos registrados.
Según datos del Ministerio de Salud, hasta julio de este año, se registraron 394 casos de mujeres que se acogieron a la nueva ley. De estos, más del 90% terminaron en un aborto, mientras que casi un 9% decidió continuar con la gestación.
En los seis años de análisis, 165 menores de 14 años debieron ampararse a esta causal para interrumpir su embarazo, y en total, 321 menores de edad (<18 años) abortaron legalmente producto de un embarazo concebido en contexto de violación.
Datos Estadísticos (2018-2023)
- Se registraron 4.938 casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chile.
- La causal 2 fue la más invocada con 2.348 casos (47,55%).
- Las mujeres de 25-34 años concentraron la mayor proporción de procedimientos (43,97%; n= 2.171).
| Causal | Número de casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Causal 2 (Inviabilidad Fetal) | 2,348 | 47.55% |
| Mujeres de 25-34 años | 2,171 | 43.97% |
Desafíos y Obstáculos
Pero decía la escritora francesa Simone de Beauvoir que los derechos de las mujeres nunca deben darse por consolidados, sino que debemos estar siempre vigilantes. Y así nos lo recordó el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, cuando el pasado miércoles 28 de septiembre presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en Chile y aumentar las penas por su práctica.
Ante los medios, el militante del partido de extrema derecha reafirmó su postura asegurando que “una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”. Por más increíble que parezca, en 2022 hay sectores como los que representa Urruticoechea que quieren hacernos retroceder en más de medio siglo de discusiones y consensos sobre por qué el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito es asunto de salud pública y no depende del antojo, credo o ideología de quienes ocupan cargos de poder o representación.
Su discurso misógino no es nuevo, pues entre sus filas han puesto en duda incluso el voto femenino. Aunque intenten disfrazar su política de filantropía, sus propuestas no pueden estar más alejadas de las necesidades que existen en un país donde muchas mujeres no solo tienen que asumir solas los riesgos y ausencia de políticas reproductivas, sino también la crianza: Chile ha destacado con lamentables cifras de irresponsabilidad parental.
Para julio de 2020, 84% de las pensiones alimentarias estaban impagas, algo que la nueva ley aprobada el 17 de agosto pasado espera revertir en el futuro. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 8% de las muertes maternas se deben a abortos practicados en condiciones riesgosas.
De ahí la necesidad de entender el aborto como lo que es: un procedimiento médico. Pero esas cifras podrían ser incluso menores si la derecha tuviese también la voluntad de legislar sobre todo lo que precede a un embarazo, es decir, a favor de una educación sexual integral, promover la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos eficientes.
Las feministas consideran insuficientes y “de mínimos” las excepciones que hoy contempla la ley, pero además critican que el texto ni siquiera entrega garantías reales de acceso bajo las tres condiciones establecidas en él. La objeción de conciencia para los profesionales que se niegan a practicar abortos por sus convicciones morales o religiosas ha dificultado una implementación efectiva de la normativa.
De hecho, la objeción de conciencia ha sido la piedra en el zapato del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien asumió el cargo el pasado mes de marzo, con la aplicación de esta ley entre unos de sus principales desafíos. Apenas diez días al frente del Ministerio, decidió derogar el protocolo de objeción ciencia impulsado por la administración Bachelet, y aprobar un nuevo reglamento hecho a la medida del lobby de la salud privada.
Santelices autorizó a los centros de salud concertados a declararse objetores y a la vez recibir fondos públicos derivados de los convenios que mantienen con el Ministerio de Salud para prestaciones gineco-obstétricas. Además, facilitó los trámites burocráticos a profesionales e instituciones para negarse a realizar un aborto en los tres supuestos aprobados por la ley.
Este domingo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que el gobierno se encuentra trabajando, en diálogo con organizaciones feministas, en una ley que permita el aborto sin causales. “El aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro, entonces apunta también a la discusión social”, dijo Orellana.
Cuando llegue el momento de legislar, será la oportunidad de que la oposición demuestre su compromiso con el Estado laico que habita y la realidad social de su territorio. La buena noticia es que podrán mantener su “agenda valórica” en la intimidad de sus decisiones y no como imposición pública.
El Movimiento Feminista y la Lucha por el Aborto Libre
“No bastan tres causales”. Es el lema con el que el movimiento feminista chileno empuja la movilización social y política para aprobar un proyecto que legalice el aborto a través de una ley de plazos. Activistas y legisladoras quieren derogar la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación), que fue aprobada el año pasado, justo antes de finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, para aprobar otra normativa, menos restrictiva, sin supuestos que limiten la interrupción del embarazo sólo a circunstancias determinadas.
En los próximos días, diputadas de las coaliciones opositoras progresistas y de izquierda registrarán un proyecto de despenalización legal del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Para las organizaciones feministas, la iniciativa “es un paso fundamental en el respeto del derecho a decidir de las mujeres”, señaló durante la presentación del proyecto Gloria Maira, portavoz de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile (MAACH), una de las entidades que está detrás de la propuesta.
La diputada Claudia Mix, miembro de la comisión de Salud, por donde iniciará el trámite legislativo el proyecto, e integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio, explica a Público que el texto, que se viene trabajando desde el mes de enero, “es el primer intento de avanzar -más adelante- hacia un proyecto de aborto legal en Chile que pueda contener más aspectos”. La parlamentaria destaca, por encima de todo, que la prioridad es “dejar sin efecto las condenas que caen sobre las mujeres o las madres de estas mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo”.
En Chile la movilización se ha intensificado desde hace algunos meses, sobre todo gracias a la ola de tomas feministas que durante casi dos meses ha paralizado las principales universidades del país. Los pañuelos verdes que colorearon la campaña en Argentina han tejido también, al otro lado de Los Andes, las manifestaciones a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
El verde lució la semana pasada ante la embajada argentina en Chile, donde las feministas acompañaron con el “pañuelazo” la votación en el Senado de Buenos Aires, en un ejercicio de sororidad y solidaridad con sus vecinas. Pero, sin duda, cuando el color esperanza ocupó Santiago fue el pasado 25 de julio, en la sexta convocatoria de la manifestación por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, la más masiva hasta ahora entorno a esta demanda. El éxito de la cita quedó eclipsado por el apuñalamiento a tres de las mujeres participantes y varios actos de violencia perpetrados por un grupo de extrema derecha que quiso infundir el miedo. Pero no lo logró: las mujeres han seguido en las calles vestidas de verde.
El día de ayer martes, el Senado finalmente aprobó, el proyecto de aborto en tres causales: riesgo de muerte de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Hasta último momento, sectores de la Democracia Cristiana y la derecha intentaron impedir que el proyecto se aprobara. La reacción histérica de la derecha no se hizo esperar: ya anunciaron que van a apelar al Tribunal Constitucional para impedir que el proyecto se apruebe. Es que la derecha busca por todos los medios impedir que las mujeres podamos avanzar en nuestros mínimos derechos democráticos.
No sorprende de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, partidos implicados y abiertamente pro dictadura, que inclusive tienen en sus filas a militantes investigados por casos de violaciones a derechos humanos.
Chile: el debate del aborto
Reacciones y Posturas Políticas
El anuncio de las diputadas feministas disparó las alarmas de la coalición de gobierno, que ve como el tema del aborto legal va calando poco a poco entre la sociedad chilena: "Me parece hipócrita la presentación del proyecto, es evidente que usaron las tres causales dolorosas para aprobar el primer paso hacia el aborto libre", sostuvo a la prensa la diputada María José Hoffmann, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Para evitar cualquier avance, los partidos de derecha decidieron pasar a la ofensiva y también este martes presentarán cuatro proyectos de ley que "ofician su compromiso con la vida". Estos contemplan aprobar la adopción en el vientre materno; crear cementerios para fetos que nazcan muertos; regular la entrega de certificados de defunción de "criaturas no nacidas" y, por último, modificar la Constitución para garantizar "el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".
Además, un grupo de diputados del partido Demócrata Cristiano, cuya militancia está dividida por este tema, firmó una carta en contra del proyecto: “Reiteramos nuestra permanente defensa a la vida y a los derechos humanos, adelantando nuestra postura en contra del llamado aborto libre”, dice la misiva.
Impacto Regional
El debate para la despenalización del aborto en Argentina ha permeado con fuerza en varios países de América Latina, que parece vivir un momento histórico en la lucha por los derechos humanos y de salud pública de mujeres, jóvenes y niñas. En Argentina y Chile, donde se están llevando a cabo campañas por el aborto legal, se habla de haber logrado -por ahora- “la despenalización social del tema”.
En el cono sur, también Brasil empieza a abrirse a la discusión sobre la legalización hasta las 12 semanas de gestación, en un debate que, por ahora se dará en los tribunales. La Corte Suprema deliberará si las leyes sobre el aborto en el país -donde interrumpir un embarazo está prohibido excepto en caso de violación o riesgo para la mujer- contradicen las protecciones constitucionales.
El Tribunal Constitucional y la Aprobación de la Ley
El Tribunal Constitucional de Chile ha dado luz verde este lunes la ley del aborto terapéutico tras rechazar dos impugnaciones presentadas por partidos conservadores contra la norma.
Este tribunal determinó rechazar "ambos requerimientos por seis votos contra cuatro respecto de las tres causales de la interrupción del embarazo", en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación, ha declarado tras el fallo su secretario general, Rodrigo Pica.
El Tribunal da por tanto luz verde a una ley aprobada por el Congreso que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales concretas.
Con la decisión de la Corte, integrada por ocho hombres y dos mujeres, la iniciativa quedó lista para ser promulgada por su impulsora, la presidenta Michelle Bachelet.
El TC había concluido la noche del viernes las audiencias públicas, en las que escuchó durante dos días a 135 expositores, que alegaron a favor o en contra del proyecto.
La iniciativa, uno de los proyectos emblemáticos de Bachelet, fue aprobada por el Congreso a comienzos de este mes tras más de dos años y medio de trámite legislativo.
Sin embargo, y tras su legitimación en el Parlamento, diputados y senadores de la oposición de derecha llevaron el asunto hasta el Tribunal para reclamar que la norma atenta contra el derecho a la vida consagrado en la Constitución al permitir "el aborto directo o provocado", por lo que demandaba a los magistrados declararla inconstitucional.
El TC, cuyos dictámenes son inapelables, era la última valla legal para el proyecto en Chile, uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia.