Ante el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemora el 28 de septiembre, es crucial analizar la situación en Brasil, un país donde el debate sobre la despenalización del aborto está más vigente que nunca.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: “Brasil tiene la oportunidad de sumarse a la marea verde y de reconocer el derecho del acceso al aborto seguro y legal de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden embarazarse. Durante décadas, la criminalización del aborto ha violado nuestros derechos sexuales y reproductivos y discriminado desproporcionadamente a las mujeres negras, indígenas y aquellas en situación de pobreza. Es hora de que el Supremo Tribunal Federal ponga fin a esta injusticia.”
En este contexto, los próximos días podrían ser decisivos para avanzar en la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación por medio de la votación reabierta en el Supremo Tribunal Federal por la ministra y presidenta, Rosa Weber, quien, antes de jubilarse, votó a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y todas las personas que busquen acceder al aborto.
Contexto Latinoamericano y la "Marea Verde"
Se ha llamado “la marea verde” al movimiento feminista y de derechos humanos que ha luchado durante años por la legalización del aborto en toda Latinoamérica. Este movimiento ha impulsado importantes avances, pero el riesgo de retrocesos permanece en la región.
México es otro de los países con avances determinantes: resoluciones del máximo tribunal resolvieron que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional; y despenalizaron el aborto en el código penal federal. Así, se reconoció ya el derecho al aborto en México y se determinó la obligación de las instituciones federales de salud de garantizarlo. A nivel local, 12 entidades federativas ya despenalizaron el aborto totalmente o por plazos. Sin embargo, dos terceras partes del país siguen con restricciones vigentes a nivel local y en los lugares donde se permite, falta camino para garantizar el acceso.
Casi a principios de 2021, Argentina aprobó su ley para despenalizar el aborto. El país permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación para todas las mayores de 16 años, como recoge el Gobierno argentino en su página web.
Colombia se sumó a esta despenalización el 21 de febrero de 2022 tras una sentencia de la Corte Constitucional en la que especifica que el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación. Es decir, hasta los seis meses, y para todas aquellas personas mayores de 14 años.
El último país en proteger la despenalización de ciertas formas del aborto ha sido México, gracias a varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El órgano judicial también blindó el 24 de mayo la posibilidad de abortar en todas las instituciones públicas del país a niñas menores de 12 años sin el consentimiento de sus padres. Siempre y cuando el embarazo sea fruto de una violación. Algo que recogía la Norma 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres (artículo 6), pero que no terminaba de aplicarse.
México es uno de los cinco países de América Latina que recoge el derecho al aborto en su legislación, junto con Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay.
Abortar durante las primeras 12 semanas de gestación es legal en Uruguay desde 2012. La mujer debe pasar por una primera consulta de asesoramiento, una reunión con un psicólogo, un asistente social y médico, un periodo de cinco días de reflexión y, finalmente, una sesión para recibir el tratamiento, normalmente con fármacos.
Nueve países latinoamericanos recogen en su legislación que el aborto solo es impune bajo una serie de supuestos. El supuesto único más repetido para la realización de un aborto es si la vida de la mujer corre peligro. Así lo recogen los códigos penales de Costa Rica (artículo 121), Guatemala (art. 137), Paraguay (art. 352), Perú (art. 119) o Venezuela (art.
Además de si la vida de la persona gestante corre peligro, Bolivia (art. 266), Brasil (art. 128), Chile (ley sobre la interrupción del embarazo) y Panamá (art. 144) permiten el aborto si el embarazo es resultado de una violación o si la vida del feto no es viable. Ecuador restringe el derecho a abortar por violación solo a personas con una discapacidad mental (art. 150) y no recoge el derecho a hacerlo por inviabilidad de la vida del feto.
Aun así, hay cinco países de Latinoamérica que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Estos son El Salvador (art. 133), Haití (art. 262), Honduras (artículos 126 - 132), Nicaragua (art.
Por otro lado, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Haití, Surinam, Aruba y Curazao siguen penalizando absolutamente el aborto. Lo cual no reduce la práctica, sino que solo pone a las personas que buscan hacerlo en una situación de riesgo, afectando desproporcionadamente a personas empobrecidas, racializadas, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Antes de la despenalización parcial por causales en Ecuador, se habían criminalizado a por lo menos 148 personas por tener, acompañar o asistir abortos.
Argentina solo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la madre. El país está entre los que tienen una mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos, según la OMS.
La Corte Constitucional colombiana reconoció en 2006 el derecho de interrumpir la gestación cuando es un peligro para la vida o salud mental y física de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o se determina malformación en el feto.
Las luces y sombras sobre el aborto en América Latina • FRANCE 24 Español
La Situación en Brasil
Actualmente, abortar es legal en Brasil solo en tres supuestos: violación, embarazo de riesgo para la mujer o malformaciones cerebrales del feto. En 2014, Brasil registró 1.613 abortos legales, el 94% de ellos por violación.
En Brasil, según cifras oficiales, una de cada 28 personas que intentan abortar mueren por hacerlo en condiciones inseguras. En este contexto, las desigualdades de raza son evidentes: las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de morir en un aborto inseguro, ya que tienen una probabilidad 46% mayor de practicárselo en primer lugar. Así que están diferenciadamente expuestas a los riesgos a su salud, vida y dignidad asociados a la penalización del aborto.
El aborto en Brasil sigue siendo un crimen, según el Código Penal de 1940, con excepción de los casos de estupro y anencefalia. Aunque existen prerrogativas legales para garantizar el acceso en estos casos, las mujeres enfrentan desinformación y barreras de acceso y atención en los centros de salud.
El proyecto de ley equipara el aborto a partir de la semana 22 con el homicidio, pudiendo acarrear penas de entre seis y 20 años de prisión, incluso, en caso de violación. Una pena mayor a la que se enfrentan los violadores.
Las asociaciones de mujeres advierten de que esto puede afectar especialmente a niñas y jóvenes víctimas de violación, que a menudo no se atreven a hablar de lo sucedido o no detectan indicios de embarazo hasta tiempo después. Datos oficiales señalan que cada 15 minutos una menor de hasta 13 años es violada en Brasil. Además, cerca de 20.000 menores de 14 años se convierten en madres anualmente en el país.
La presión de las bancadas conservadoras en el Legislativo consiguió que el texto pasara directo al plenario de la Cámara de Diputados, sin ser debatido antes en las comisiones, lo que encendió las alarmas de los grupos progresistas. Es decir, esto implica que al ser votado directamente en el pleno, su entrada en vigor sería inminente.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha calificado de "locura" este proyecto de ley: "Estoy en contra del aborto; sin embargo, dado que esta práctica es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública. Y me parece una locura que alguien quiera castigar a una mujer con una pena mayor que la del criminal que cometió la violación. Es, como mínimo, una locura", ha señalado el mandatario en la Cumbre del G7.
La propuesta también ha generado una ola de protestas de los grupos progresistas que respaldan al Gobierno de Da Silva. El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, calificó la propuesta de "inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización".
La respuesta más feroz se ha dado en las calles. Miles de mujeres se han manifestado en las principales ciudades: Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Florianópolis. Las manifestantes portaron carteles como "Si los hombres se quedaran embarazados, el aborto sería legal" o "aborto legal ya", entre otras proclamas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
El derecho al aborto peligra en todos aquellos países donde gobierna la ultra derecha. Por ejemplo, en Argentina, fue legalizado recientemente, pero la amenaza de derogar la ley y penalizarlo está presente con la llegada del presidente Javier Milei. En Europa, en Polonia queda prohibido en casi todos los supuestos, y en Hungría se obliga a escuchar el latido fetal. Además, en Italia, grupos antiabortistas acosan a las mujeres en las clínicas.
La lucha contra el retroceso que representa el proyecto de ley del aborto vuelve a poner al movimiento feminista en la calle. Junio de 2024 (en el hemisferio sur es otoño) ya está marcado por un poderoso levantamiento feminista contra una nueva arremetida del bolsonarismo y sectores fundamentalistas contra la vida de niñas y mujeres.
Después de la apresurada votación en la Cámara de Diputados sobre el régimen de urgencia del Proyecto de Ley 1904/2024 - que penaliza el aborto después de la 22ª semana de embarazo, incluso en el caso de embarazo resultante de violación - la revuelta que ya se estaba gestando en la opinión pública y en las redes sociales contra este nefasto proyecto de ley se desbordó en las calles en menos de 24 horas. Había miles de mujeres en decenas de ciudades luchando para anular el proyecto de ley.
Ataques al Aborto Legal
En los últimos años, la extrema derecha brasileña ha utilizado el ataque al derecho al aborto legal en el país como una táctica para movilizar a su base más fanática. Incluso bajo el Gobierno de Bolsonaro han sido numerosos los intentos de obstaculizar el acceso a este derecho conquistado por las mujeres brasileñas hace más de 80 años.
El ejemplo más simbólico de esta persecución fundamentalista fue el caso, en 2020, de la niña de Espírito Santo que quedó embarazada tras ser violada durante años por su tío. Ella y su abuela recorrieron una serie de servicios de salud sin poder acceder al derecho a un aborto legal. Además de la dificultad para interrumpir el embarazo, al que tenía derecho, esta niña se enfrentó a una serie de manifestaciones e intimidaciones por parte de activistas de extrema derecha.
La niña tuvo que viajar a Pernambuco para poder abortar en un hospital que aceptó atenderla, pero tuvo que entrar en el centro escondida en el maletero de un coche para evitar la furia de los partidarios de Bolsonaro, que la llamaron asesina en la puerta del servicio de salud.
En este contexto de barbarie contra la dignidad de niñas y mujeres, el gobierno de Bolsonaro intentó imponer una ordenanza que obligaba a las mujeres o niñas que quisieran abortar legalmente a someterse a verdaderas torturas psicológicas, como escuchar los latidos del feto antes de interrumpir el embarazo.
Estas medidas de Damares, Bolsonaro y Pazuello fueron suficientes para orientar al bolsonarismo en todo el país. La línea de atacar el derecho al aborto establecido por ley en Brasil se extendió a ciudades y estados de todo el país. Hoy, en varias ciudades, vemos leyes aprobadas o en debate parlamentario que impiden a las víctimas de violación acceder al derecho al aborto legal.
La alcaldía de Ricardo Nunes en São Paulo es una vitrina para la extrema derecha cuando se trata de hacer retroceder los derechos de niñas y mujeres. Su administración ha actuado para cerrar servicios históricos de aborto legal en la ciudad, como el Hospital Vila Nova Cachoeirinha, además de perseguir -en colaboración con el Consejo Médico Regional de São Paulo- a los médicos que trabajan en estos servicios y a las pacientes que tratan.
Más recientemente, el Consejo Federal de Medicina ha intervenido para reforzar la lucha misógina contra nuestros derechos. En abril, el CFM emitió una resolución que prohibía la asistolia fetal en los abortos después del 22º día de embarazo. Como se trataba de un ataque flagrantemente inconstitucional, el PSOL, junto con Anis - Instituto de Bioética y el Proyecto Cravinas, presentó una ADPF (Acción Directa de Inconstitucionalidad) ante el Tribunal Supremo para que anulara esta resolución. Una medida cautelar concedida por el juez Alexandre de Moraes suspendió la resolución y también la cancelación de las inscripciones de médicos basadas en esta medida ilegal.
En este grave contexto, el Colectivo Juntas lanzó en mayo la Campaña Nacional “Ni Un Paso Atrás: ¡El Aborto Legal es un Derecho!” con el objetivo de fortalecer la resistencia a los ataques de la extrema derecha contra nuestros derechos.
Con el trasfondo de la escalada de violencia política de la extrema derecha en la Cámara de Diputados, las derrotas del gobierno de Lula en el Congreso, las disputas electorales que se avecinan en las ciudades y la proximidad de la sucesión en la presidencia de la Cámara de Diputados, Arthur Lira hizo una señal a los partidarios más radicales de Bolsonaro y puso en el orden del día la votación del régimen de urgencia del proyecto de ley de embarazo infantil, como lo ha bautizado el movimiento feminista, o el proyecto de ley violador, como ha ganado fama en la opinión pública.
Con una votación de 24 segundos llevada a cabo con sigilo, Lira aprobó la urgencia del proyecto de ley el pasado miércoles. La maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, unida al absurdo contenido del proyecto de ley, causó un gran revuelo en la opinión pública y la indignación no tardó en salir a la calle.
La mañana siguiente a la aprobación urgente del proyecto de ley del violador, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Florianópolis ya tenían convocadas manifestaciones espontáneas. Cuando faltaban menos de 10 horas, las manifestaciones contaron con la participación de miles de personas. En los días siguientes, decenas de ciudades se sumaron a la movilización.
El sábado pasado, la ciudad de São Paulo fue testigo de otra manifestación, con más de 10.000 personas ocupando la Avenida Paulista.
Arthur Lira y los fundamentalistas provocaron al movimiento feminista que, aunque no ha sido capaz de coordinar movilizaciones fuertes en los últimos tiempos, tiene la memoria viva y la experiencia de las luchas feministas de la última década. Si en 2015 el feminismo brasileño salió a las calles contra un proyecto de ley que también atacaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y emparedó al entonces presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, ahora las mujeres retoman la lucha y esta vez apuntan a Arthur Lira, conductor de otro ataque misógino contra la vida de niñas y mujeres.
Tenemos que mantener la lucha en las calles hasta que el proyecto de ley 1904 sea archivado y el movimiento feminista inflija una nueva derrota a los fundamentalistas, el bolsonarismo y Arthur Lira. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las niñas, mujeres y personas embarazadas también debe permanecer en el horizonte, siguiendo el ejemplo de los países latinoamericanos que han avanzado en este camino.
Centenares de ciudadanas salieron este jueves a las calles de São Paulo para protestar contra un proyecto de ley que pretende considerar el aborto a partir de la semana 22 de gestación como un "homicidio simple", tipificado en el país con penas de seis a 20 años de cárcel.
La propuesta viene de los evangélicos y se han sumado los ruralistas y los defensores de las armas, una tríada conservadora que se conoce como la Bancada BBB (Biblia, buey y bala, respectivamente). Este frente ultraderechista cuenta con mayoría en la Cámara de los Diputados, mientras que los del presidente Lula da Silva y sus aliados se encuentran en minoría.
Las víctimas de violación que aborten podrían recibir castigos que dupliquen los de sus violadores Si el proyecto legislativo sale adelante, las supervivientes de violaciones que interrumpan el embarazo tras la semana 22 pueden enfrentarse a castigos de prisión que duplican los de sus violadores, ya que las agresiones sexuales tienen una pena máxima de 12 años de cárcel.
En São Paulo, la concentración recorrió la Avenida Paulista, una de las principales arterias de la mayor ciudad de Brasil, entre gritos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Las manifestantes portaron carteles como "Si los hombres se quedaran embarazados, el aborto sería legal" o "aborto legal ya", entre otras proclamas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
En Río de Janeiro, centenares de mujeres también se reunieron para protestar frente a la Cámara Municipal de la capital fluminense. Un grupo de manifestantes llevó a la concentración flores y un ataúd pequeño en señal de luto.
El diputado Sóstenes Cavalcante presentó la propuesta este miércoles ante la Cámara de Diputados. Cavalcante pertenece al Partido Liberal (PL), que lidera el ultraderechista Jair Bolsonaro. El proyecto, que consiste en una modificación del Código Civil, se debatirá con carácter de urgencia. Esto permitirá tramitarlo con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados.
La iniciativa fue aprobada de forma exprés en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, impulsada por parlamentarios de perfil conservador y vinculados a sectores religiosos.
Actualmente, el aborto en Brasil está permitido solo en tres circunstancias: riesgo para la vida de la gestante, anencefalia fetal o embarazo por violación. No hay límite de semanas gestacionales para estos casos. Sin embargo, el acceso es extremadamente limitado. Además de los riesgos para la salud física y mental, profesionales de salud han señalado que la medida podría disuadir aún más a los hospitales de brindar atención segura, por temor a sanciones.
El debate ocurre en un contexto de creciente polarización política y tensiones entre el gobierno federal y el Congreso, donde el bolsonarismo mantiene una fuerte presencia.
Tabla Resumen de la Situación del Aborto en Algunos Países de América Latina
| País | Situación Legal del Aborto |
|---|---|
| Argentina | Legal hasta la semana 14 |
| Brasil | Legal en casos de violación, riesgo para la madre o anencefalia fetal |
| Colombia | Legal hasta la semana 24 |
| México | Despenalizado a nivel federal, con variaciones estatales |
| Uruguay | Legal durante las primeras 12 semanas |
| El Salvador | Prohibido en todas las circunstancias |