El debate sobre el aborto es un tema complejo y profundamente arraigado en diferentes perspectivas morales, éticas y religiosas. En este artículo, exploraremos los argumentos en contra del aborto, especialmente desde la perspectiva de la Iglesia Católica, y examinaremos el impacto de las leyes restrictivas sobre la salud y los derechos de las mujeres.
La Iglesia Católica procura no aparecer abiertamente a favor de esas actuaciones, ya que resultaría sangrante en una institución que predica el amor al prójimo.
Debate con postura a favor y en contra de la legalización del aborto
El caso de Beatriz en El Salvador: Un reflejo de la intolerancia
El padecer de Beatriz, una joven campesina salvadoreña que en marzo de 2013 solicitó la interrupción de su embarazo, generó un debate público que trascendió el nivel nacional y reflejó una vez más la intolerancia de ciertos sectores sociales que tratan de imponer su lógica y sus valores morales al conjunto de la población.
Después de dos semanas de padecer una complicada situación de salud que incluía, entre otros síntomas, hipertensión, fiebre alta y dolor articular, el 2 de marzo de 2013, Beatriz, de 22 años, quien padecía lupus eritematoso discorde, fue ingresada en un hospital de San Salvador. En alguna medida este cuadro obedecía a que, frente a la sospecha de estar embarazada, había suspendido los medicamentos prescritos para controlar la enfermedad crónica que le habían diagnosticado años atrás.
A través de diversos estudios que le realizaron en los siguientes días, se halló que tenía un embarazo de 13 semanas, que el lupus se había exacerbado afectando la función renal y que el feto tenía anencefalia; esto es, carecía de bóveda craneana y de cerebro. Esta patología es incompatible con la vida extrauterina.
Anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina.
El 22 de marzo, el jefe de la Unidad Jurídica del Hospital Público Nacional Especializado de Maternidad envió un escrito a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia señalando que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo por lo que era “de vital importancia realizarle un procedimiento médico, ya que, de no hacerlo, existía una alta probabilidad de muerte materna”. En consecuencia, se solicitaba “el pronunciamiento de la autoridad o institución competente, ya que de no proceder quirúrgicamente corría extremo peligro la vida de la paciente”.
Frente a la falta de respuesta de las autoridades, once días después Beatriz, con el apoyo de un grupo de activistas de Derechos Humanos y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (acdatee), pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (csj) que otorgara un respaldo legal al personal del Hospital Nacional Especializado de Maternidad para que pudiera practicarle un aborto terapéutico y presentó un recurso de amparo a su favor, abogando por el cumplimiento del artículo 2° de la Constitución de la República de El Salvador, el cual garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y moral de las personas.
Dos días después, el 12 de abril, el Comité Médico del citado hospital consideró y acordó la finalización de la gestación, señalando también que este procedimiento contravenía la legislación vigente en el país. De inmediato, la doctora María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia apoyando el recurso de amparo de Beatriz al informarle que era urgente adoptar un “abordaje médico-legal”, porque “la condición de la paciente se deterioraba con la progresión del embarazo”.
En este contexto, con el apoyo de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Antes de remitir el caso a la Corte Interamericana, la cidh emitió medidas cautelares para que el Estado salvadoreño siguiera las recomendaciones del Comité Médico respecto a la interrupción del embarazo.
El 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a las autoridades del país que iniciaran de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que los médicos puedan evitar daños que podrían llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud de la joven. Un día antes, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador dictaminó lo contrario: “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (por nacer) ni viceversa”. Enfatizó, asimismo, que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1° de la Constitución de la República”. En ese momento, Beatriz ya había superado las 20 semanas de embarazo.
Logo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tardaron 48 días en emitir un fallo en contra del amparo. Al respecto, la Ministra de Salud afirmó: “Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar sin contravenir la Constitución. La corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los medios disponibles para ello. Eso significa que deja todo en manos de las autoridades de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales”.
Con este respaldo legal, se le practicó a Beatriz una cesárea el 3 de junio, cuando cursaba la semana 27 de gestación y después de transcurridas 14 semanas desde el momento en que se diagnosticó que el feto era anencefálico. Esta condición determinó que solo sobreviviera cinco horas. Beatriz permaneció varios días en terapia intensiva y fue dada de alta una semana después.
Tensiones entre organizaciones sociales, grupos pro vida y la jerarquía de la Iglesia Católica
Desde la década de los 80, el número de organizaciones sociales que trabajan en América Latina por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo a favor de su salud, se incrementó significativamente. Sin embargo, el término organizaciones sociales es ambiguo en la medida en que lo usan agrupaciones que defienden tanto ideologías conservadoras como progresistas y, como sucede en el caso que estamos analizando, puntos de vista opuestos.
Durante el lapso transcurrido entre marzo y junio de 2013, se dio un prolongado debate entre organizaciones feministas y en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y aquellas identificadas con los principios de la Iglesia católica defendidos principalmente por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Como se expuso en el punto anterior, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (acdatee), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), el Foro Nacional de Salud y otros grupos impulsaron una lucha sistemática por la defensa de los derechos de Beatriz, la respaldaron en su solicitud de que se le practicase un aborto terapéutico, la asesoraron a lo largo del proceso judicial y la apoyaron emocional y psicológicamente antes y después de que se resolviera su embarazo con la práctica de una cesárea. Un elemento decisivo del accionar de estas organizaciones fue su importante contribución al despliegue de una movilización internacional que logró que la situación de Beatriz tuviera amplísima cobertura no solamente en periódicos y medios de comunicación latinoamericanos, sino también europeos y estadounidenses.
Además de las recomendaciones producidas por la cidh y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones internacionales se movilizaron a favor de Beatriz. Amnistía Internacional (ai), recogió firmas respaldando su deseo de interrumpir el embarazo. ai recibió 154 970 cartas y las entregó a Mauricio Funes, Presidente de El Salvador y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, les hizo llegar un documento del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, que expresaba su solidaridad e incluía las firmas de legisladores de países latinoamericanos así como de Europa, Australia, Asia y África.
A las campañas de agrupaciones de mujeres y por los derechos civiles de El Salvador se sumaron otras internacionales, como Católicas por el Derecho a Decidir, ipas, Women’s Link Worldwide, el Center for Reproductive Rights, así como el Grupo Dator y la plataforma Decidir nos hace libres de España. Asimismo, a mediados de abril el representante de la Organización de Naciones Unidas (onu) en El Salvador, Roberto Valent, y el experto en Derecho a la Salud de esta misma organización, Anand Grover, en nombre del Sistema de las Naciones Unidas, hicieron un llamado a las autoridades competentes a que, según las normas internacionales de derechos humanos, tomaran a la brevedad posible las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida de Beatriz.
Por su parte, Juan Méndez, Rashida Manjoo y Kamala Chandrakirana, relatores de la onu contra la tortura, la violencia y la discriminación contra las mujeres, respectivamente, declararon que se estaba sometiendo a Beatriz a vivir una situación cruel, inhumana y degradante, pues la incertidumbre extendía su sufrimiento, ya que tenía pleno conocimiento del estado de salud del feto y del riesgo de muerte que ella misma enfrentaba. Destacaron además que “el derecho internacional en su estado actual no prohíbe ni impone el aborto pero prohíbe en forma absoluta el trato cruel, inhumano y degradante, por ello los Estados están obligados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las mujeres a situaciones que impliquen ese tipo de trato”.
El trabajo diplomático fue también clave para lograr una alta movilización. El Partido Socialista Obrero Español (psoe) envió a El Salvador al diputado Javier Barrero, quien se reunió con los Ministros de Justicia, de Seguridad Pública y de Educación para solicitarles que hicieran una excepción a la legislación vigente y practicaran un aborto para salvar la vida de la joven. De forma paralela, Elena Valenciano, del Comité Ejecutivo del psoe, hizo esta misma petición al embajador de El Salvador en España.
En una posición diametralmente opuesta a las anteriores, los partidos políticos conservadores, las organizaciones contrarias al aborto y la Conferencia Episcopal de El Salvador se mostraron radicalmente en contra de cualquier intervención que implicara poner fin al embarazo de Beatriz, incluso para salvar su vida. Todo el tiempo mantuvieron un duro discurso descalificador de quienes no compartían este punto de vista y asistían y asesoraban a la joven durante su proceso médico y legal. Emblemático de esta posición es un comentario realizado en Radio Paz Tu familia en Cristo, cuando Beatriz entraba a la semana 27 de gestación: “La verdad es que, a estas alturas, ya ni es necesario el aborto. Total… si Beatriz se pone mal… que le hagan una cesárea y ya. Con tantas mentiras que dijo la Ministra de Salud, es casi seguro que el niño tenga cerebro. Así que dejen de lamentarse abortistas, nada puede impedirle a uno la muerte cuando le toca”.
La denominada Red Familia, que aglutinaría alrededor de 50 organizaciones, dio a conocer por diversas vías, un pronunciamiento rechazando que se llevara a cabo el aborto que solicitaba la joven y denunciando que estaba siendo utilizada para lograr que se legalizara esta práctica en el país. Este último argumento coincide con el utilizado por la Conferencia Episcopal. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, durante varias de sus homilías afirmó que el caso de Beatriz era en realidad “una estratagema para legalizar el aborto” y que “se hizo creer que ella estaba muriéndose”. Insistió en que “se ha manipulado a la madre, a su familia y a la sociedad misma con una intención torcida”.
El arzobispo criticó a las instituciones internacionales que apoyaron la interrupción del embarazo de Beatriz y solicitó, “como hizo la onu recientemente en dos ocasiones, a El Salvador que revise su veto total al aborto para evitar casos similares”. Subrayó que “la sociedad salvadoreña ha crecido democráticamente”, calificó a los organismos internacionales como prepotentes y advirtió “que no será fácil imponer una ley que permita el aborto en un país cristiano como El Salvador”.
Esta campaña se siguió desarrollando semanas después de que le fue practicada la cesárea a Beatriz. La radio Nederland Latinoamérica informó el 8 de julio de 2013 que la Conferencia Episcopal elaboró un comunicado de siete puntos contra el aborto basado en el caso, el cual fue leído en las iglesias del país y difundido ampliamente en la prensa local.
La lucha por el aborto legal en Argentina
Veintisiete años más tarde, la misma esquina está cortada. Una multitud verde ocupa la vereda: pibas, chicas, señoras de todas las edades. Del Molino sólo queda la cáscara: es un edificio abandonado cubierto por andamios. Algunas de las mujeres que repartían volantes están sentadas alrededor de una mesa en la sala de audiencias del anexo del Congreso. Enfrente hay otro grupo de mujeres que está en contra del aborto. Ninguna se anima a gritarles asesinas. Están en silencio y rezan frente a una cruz, un Cristo y un feto de plástico.
Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, entra en la sala y no llega a sentarse. En la pantalla gigante el filósofo Darío Sztajnszrajber dice “El aborto es una cuestión política, no metafísica”. Y la solemnidad parlamentaria se desarma en un aplauso, una celebración parecida al festejo de un gol de media cancha. Todos los martes y jueves desde el 10 de abril estas mujeres pioneras de la lucha por el aborto siguen de cerca el debate que por primera vez desde el regreso de la democracia tiene estado parlamentario.
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina no nació de un repollo verde ni de uno violeta. Fue producto de la constancia de mujeres desobedientes al mandato de maternidad obligatoria, rompedoras de las cadenas de la reproducción biológica como esclavitud. La historia de esa desobediencia quedó plasmada en el libro fundamental de la ensayista y activista queer Mabel Bellucci.
El pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal en Argentina.
El 8 de agosto de 2018, el Senado argentino votó por la no aprobación de la ley de Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE). Dos meses antes, la Cámara de Diputados había manifestado su voto a favor y, como suele suceder con casi cualquier tema de trascendencia pública en Argentina, las manifestaciones a pie de calle hicieron lo suyo. En el medio se hicieron escuchar infinidad de discursos, tanto fuera como dentro del recinto. De 2015 a esta parte, el feminismo viene copando y desbordando casi todas las agendas. Un dato que también empiezan a tener en cuenta quienes reaccionan y se oponen a muchos de sus planteos. Sin ir más lejos, tanto la Iglesia católica como los grupos evangelistas organizaron y participaron de las principales movilizaciones en contra.
El impacto de la objeción de conciencia
El Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer, ha avalado la constitucionalidad de la ley que permitiría condenar con penas de cárcel a quienes recen ante los abortorios. El resultado habría sido de 7 votos contra 4 (que anuncian votos particulares), reflejo de la actual mayoría afín a los intereses del Gobierno.
El organismo presidido por Cándido Conde-Pumpido desestima así el recurso presentado por Vox contra la reforma del Código Penal que en abril de 2022 introdujo una pena de prisión de tres meses a un año (o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días) para quien "acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" de abortar.
Los recurrentes aducían que la reforma del Código Penal impide identificar claramente las conductas sancionadas (¿es un "acto molesto" rezar el Rosario? ¿"menoscaba la libertad" de abortar ofrecer a una madre hacerse una ecografía?) y por tanto limita la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y la libertad religiosa de quienes se oponen al aborto.
El objetivo de la ley no es, pues, tanto sancionar conductas que no se producen (y que, de producirse, ya podían ser perseguidas), como actuar de elemento disuasorio para iniciativas de información a las madres y de oración para que reconsideren su decisión de abortar.