El aborto es un tema de gran controversia y complejidad, que involucra profundas consideraciones éticas, legales y sociales. A lo largo de la historia, ha sido objeto de debate y ha generado diversas opiniones y posturas. En este artículo, exploraremos los principios éticos fundamentales que rodean el aborto, examinando las diferentes perspectivas y argumentos que se presentan en este debate.
Un Debate Social y Legal
Hace aproximadamente un cuarto de siglo, España se vio envuelta en una considerable polémica debido a la ley que despenalizaba ciertos casos de aborto. La Iglesia organizó una fuerte oposición, y el partido conservador de la época llevó el proyecto de ley al Tribunal Constitucional. En esencia, el Tribunal dictaminó que, si bien el "todos tienen derecho a la vida" del artículo 15 de la Constitución no otorga ese derecho fundamental al nasciturus, este constituye un bien jurídico que debe ser protegido.
El Tribunal consideró que los tres supuestos introducidos por el proyecto de ley (el aborto terapéutico, el aborto ético "por causa de violación" y el aborto eugenésico) eran, en principio, constitucionales. Sin embargo, añadió requisitos adicionales, como la intervención de un médico especialista en el aborto terapéutico y la comprobación del supuesto de hecho y la realización del aborto en un centro autorizado tanto en el aborto terapéutico como en el eugenésico.
La sentencia no generó grandes entusiasmos. Los sectores más conservadores, en particular la Iglesia, la consideraron una legalización del aborto: "el asesinato de seres inocentes". Los más progresistas vieron en la sentencia un avance, pero insistieron en que la despenalización del aborto debía extenderse a otros supuestos, permitiendo la práctica del aborto al menos durante los tres primeros meses del embarazo. En cualquier caso, la sentencia contribuyó a disminuir la intensidad de la polémica.
Un filósofo de la moral como John Rawls ha podido escribir que negarle a la mujer ese derecho implicaría actuar de manera irrazonable. Ahora bien, es innegable que para muchos o algunos individuos de nuestras sociedades el aborto representa un mal absoluto.
A esa situación de relativa pacificación contribuyeron probablemente diversos factores. Uno fue que, con la modificación del código penal, la regulación jurídica del aborto en España (y su aplicación en la práctica: el law in action que, en este caso, lo que ha significado es una interpretación laxa de los supuestos despenalizadores) pasaba a ser, aproximadamente, la misma que en los países de nuestro entorno; o sea, se había alcanzado una cierta "normalización" jurídica. Otro tiene que ver con un efecto estudiado en ocasiones por los sociólogos del Derecho y que consiste en que las opiniones morales de la gente tienden a aproximarse a las reflejadas en la normativa jurídica; el Derecho es una fuente importante de la moralidad social, de manera que la nueva regulación (y, sin duda, cambios que se han ido produciendo en estos últimos años en el ámbito social) fue haciendo que disminuyera el número y la intensidad de quienes sostenían posiciones antiabortistas. En fin, un tercer factor a considerar es el de la conveniencia política: ninguno de los dos grandes partidos políticos ha tenido, hasta fechas muy recientes, interés en modificar la situación legal y, de hecho, durante todo el tiempo en que gobernó el Partido Popular (bastantes años con mayoría absoluta) no hubo ninguna iniciativa política (ni tampoco una presión perceptible por parte de la Iglesia) para revertir la situación.
Argumentos en Contra del Aborto
El argumento central de los opositores al aborto se puede resumir de la siguiente manera:
- La vida humana es un valor moral absoluto.
- La vida humana comienza en el momento de la concepción.
- El Derecho penal nunca debe contradecir la moral.
- Por lo tanto, el Derecho penal no debe legalizar el aborto en ningún caso.
Este argumento, aunque formalmente correcto, se basa en premisas que no son universalmente aceptadas. La idea de que la vida humana es un valor moral absoluto es cuestionable, ya que existen numerosas situaciones en las que se justifica atentar contra la vida de otros o contra la propia, como la legítima defensa, el estado de necesidad y la guerra.
En relación con la segunda de las premisas, hay también bastantes y poderosas razones como para rechazarla. Una (no la más fuerte, pero de algún peso) consiste en recordar que históricamente no ha habido acuerdo en pensar que la vida humana empieza con la concepción, ni siquiera en la institución que ha hecho de esa afirmación un dogma. En efecto, en la Iglesia Católica prevaleció, hasta fecha relativamente reciente, una opinión diferente, y de ahí, por ejemplo, la prohibición de bautizar a los fetos. La doctrina actual de la Iglesia sobre la materia proviene de Pio IX, es decir, del Papa que promulgó el Syllabus que, como se sabe, es una encíclica en la que son condenados de la forma más radical los derechos humanos y las libertades políticas.
A veces se sostiene que, desde la concepción, existiría ya un ser humano en potencia. Pero a ello se ha replicado, con razón, que el argumento no puede ser utilizado, al menos sin alguna restricción, puesto que, en otro caso, lleva fácilmente al absurdo: decir que el concebido es un ser humano porque puede llegar a serlo es lo mismo (desde un punto de vista lógico) que afirmar que una bellota es una encina o que todos nosotros estamos ya muertos.
Finalmente, la tercera premisa, la afirmación de que el Derecho penal no debe ir nunca en contra de la moral es también, por decir lo menos, discutible.
Se dice a veces que lo que destruye una legislación permisiva con el aborto es el "valor moral" de la sociedad o de los individuos, pero eso no es, en realidad, una consecuencia sino, más bien, una manera de decir que el aborto es intrínsecamente malo, inmoral. Si, por el contrario, las consecuencias se vieran en términos de bienestar, integridad física, autonomía para los individuos (para las mujeres), etc., entonces lo que habría que decir es que el argumento consecuencialista es abiertamente favorable a la permisividad del aborto: una legislación penal que incluyera los tres o cuatro supuestos de despenalización del aborto a los que antes me he referido sería moralmente preferible a la que existía en España antes de 1985.
La Dignidad Humana y el Aborto
La clave del argumento en contra del aborto reside en la afirmación de que el embrión humano, desde el momento de la concepción, tiene un valor intrínseco, posee dignidad y, por ello, no está justificado sacrificarlo en aras de ningún otro valor o interés (salvo que lo que estuviese en juego fuera la vida de la madre, en cuyo caso habría que hablar de un estado de necesidad). ¿Pero tienen dignidad los embriones?
El concepto de dignidad es, como resulta obvio, extraordinariamente difícil de precisar y el uso de la expresión "dignidad humana" suele cumplir una función puramente emotiva, ayuna de cualquier significado (descriptivo) distinguible. Eso ha llevado a muchos autores a proponer su abandono y su sustitución por nociones más manejables. En mi opinión, sin embargo, esta última actitud no está justificada, pues es posible reconstruir el concepto de manera que no resulte ni confuso, ni vacío ni ideológico.
La Iglesia alza la voz para defender la dignidad de la vida de cada persona, desde su origen y hasta el final de la vida. Ante este horizonte de colonización ideológica queremos recordar la antropología adecuada que nos muestra que la persona es la unión de cuerpo y alma, siendo el cuerpo un bien de la creación y expresión de la persona.
En definitiva, alentamos a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho.
El Aborto como un Problema de Salud Pública
Más allá de las consideraciones éticas y morales, el aborto es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Los impedimentos legales no disuaden a las mujeres que optan por interrumpir embarazos no deseados; cada año tienen lugar más de 4 millones de abortos ilegales en los que las latinoamericanas más pobres arriesgan su salud y su vida.
América Latina está urgida de medidas efectivas para prevenir los embarazos no deseados, que son la causa principal del aborto: educación en salud sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos modernos, y penas severas contra el abuso sexual de mujeres, adolescentes y niñas.
Las restricciones legales al aborto no eliminan la práctica, sino que la trasladan a la clandestinidad, donde las mujeres se enfrentan a procedimientos inseguros y riesgos para su salud. La legalización y regulación del aborto, junto con políticas de educación sexual y acceso a anticonceptivos, son medidas que pueden reducir el número de abortos y proteger la salud de las mujeres.
El Gradualismo como Modelo de Regulación
El gradualismo respeta el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad y es el modelo adoptado por los países con los índices más altos en salud sexual y reproductiva. El gradualismo parte de la premisa de que el embarazo no es un acto, sino un proceso, y en consecuencia, atiende a las diversas fases del desarrollo embrionario. El conocimiento científico en genética y embriología humanas registran que en la primera fase del embarazo una proporción “no mayor del 20% de los cigotos producto de la concepción se desarrolla para dar lugar a un feto que pudiera llegar a ser un nacido vivo. Los cigotos tienen muy diferentes destinos; entre ellos, generar tejidos amorfos, embarazos anembriónicos, cigotos caóticos, tumores benignos y malignos, tejido embrionario con deficiencias orgánicas” tan severas que producen fetos anencefálicos y ausencia de otros órganos.
De ahí que ni al óvulo fecundado, al cigoto, al blastocisto, al pre-embrión, al embrión o al feto se les pueda conferir estatus ni derechos de la persona con anterioridad al nacimiento. La neurobiología, por su parte, tras realizar y cotejar numerosos estudios, concluye que “desde el punto de vista científico, el ser humano, la persona, es resultado del desarrollo ontogénico cuando éste alcanza la etapa de autonomía fisiológica -viabilidad fuera del útero materno, ya que mientras tanto depende totalmente del aporte nutricional y hormonal de la mujer- y cuando su sistema nervioso ha adquirido la estructura y la funcionalidad necesarias para percibir estímulos sensoriales, experimentar dolor y adquirir conciencia y autonomía”, todo lo cual no sucede sino hasta la fase tercera y última de la gestación.
La tesis gradualista reconoce a la mujer -persona jurídica- el derecho pleno a decidir sobre la interrupción del embarazo durante el primer trimestre. Al embrión lo reconoce como un bien tutelado jurídicamente -mas no como persona jurídica- cuya protección incrementa a medida que logra viabilidad extrauterina en el tercer trimestre de la gestación.
La Realidad Global del Aborto Voluntario
Desde hace ya varias décadas organismos gubernamentales y de la sociedad han recabado información sobre el aborto en el mundo a fin de conocer y comprender la dimensión y las especificidades del problema. Entre ellos, la Organización Mundial de la Salud, la División de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el Centro de Derechos Reproductivos y numerosas instituciones académicas.
Aborto Inducido: incidencia y tendencias mundiales de 1995 a 2008, estudio conducido conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, publicado en 2012 por The Lancet, proporciona un conjunto de datos que permiten profundizar en el análisis cuantitativo y cualitativo de la situación global del aborto y sobre sus particularidades en diversas regiones del mundo.
La investigación se realizó en tres fases: 1995, 2003 y 2008. Los datos obtenidos revelan que a lo largo del período el promedio anual de abortos inducidos o voluntarios en el orbe fue de 44 millones. La tasa mundial de aborto inducido registró un descenso importante entre 1995 y 2003, y se mantuvo prácticamente estable de 2003 a 2008.
Las diferencias entre los países desarrollados y aquellos a los que eufemísticamente se les llama en desarrollo resultan significativas. Entre 1995 y 2008, la tasa de aborto voluntario de los primeros cayó en proporción de 3 a 1 respecto de los países en desarrollo (-15: -5). La disminución más notable tuvo lugar en Europa (-21). En contraste, y pese a una reducción de 5 puntos, América Latina registró en 2008 la tasa de aborto inducido o voluntario más alta del orbe (32 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad).
A continuación, se presenta una tabla con las cifras y tasas de aborto inducido a nivel global y regional:
¿Abortar o no abortar? Esa NO es la cuestión
| Región | Tasa de Aborto Inducido (1995) | Tasa de Aborto Inducido (2003) | Tasa de Aborto Inducido (2008) |
|---|---|---|---|
| Mundial | 35 | 29 | 28 |
| Países Desarrollados | 24 | 18 | 16 |
| Países en Desarrollo | 39 | 33 | 32 |
| Europa | 48 | 27 | 27 |
| América Latina | 37 | 32 | 32 |
¿Cuáles son los factores que inciden mayormente sobre las altas tasas de aborto inducido en América Latina?
Normatividad del Aborto en el Mundo: Criterios Encontrados
A la par de las consideraciones bioéticas, precisamos identificar los elementos esenciales del contexto jurídico, socioeconómico, político y cultural en el que se inscribe la problemática del aborto inducido. En América Latina, el aborto se condena como pecado y se tipifica como delito; se penaliza a la mujer que aborta y a quien la auxilia para ello. Aún así, nuestra región mantiene la tasa más elevada de aborto inducido en el planeta.
La realidad latinoamericana es prueba fehaciente de que la penalización del aborto no evita, ni previene, ni resuelve este problema. Salvo Cuba, la Ciudad de México y Uruguay -que se rigen conforme al modelo gradualista- y Colombia -que amplió recientemente los supuestos para la interrupción legal del embarazo- América Latina se encuentra sumida en el oscurantismo respecto del aborto.
Únicamente tres países en el mundo no admiten el aborto bajo ningún supuesto, y los tres son parte de nuestra región: Chile, El Salvador y Nicaragua. La prohibición del aborto es atribuible a la influencia religiosa, política y económica que la iglesia católica mantiene en América Latina, la cual ha logrado subsistir -entre otras razones- debido a la polarización social: Latinoamérica es la región más desigual del orbe.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que la desigualdad constituye el “obstáculo mayor para reducir la pobreza, avanzar en el desarrollo humano, y para ampliar las libertades y opciones de las personas”. No extraña, por tanto, el atraso que nos caracteriza en numerosos ámbitos de la vida, particularmente los relativos a la cultura democrática y de los Derechos Humanos. De ahí los obstáculos para la impartición de educación en salud sexual y reproductiva, y la falta de disposición de los legisladores para regular el aborto desde una perspectiva científica y acorde con los derechos de las mujeres.
La Búsqueda de un Consenso de Mínimos
El aborto siempre será un mal menor. Un mal menor forzado por una realidad social y humana penosa. La realidad social, aunque avalada por aplastantes estadísticas sanitarias, por sí sola podría no justificar el cambio legislativo que se propone. Es la realidad humana la que aconseja el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de la mujer para tomar decisiones y hacerse responsable de las mismas.
Es posible adoptar posiciones de equilibrio que salvaguarden la pluralidad moral de la sociedad. Todas las posiciones son legítimas salvo las que tratan de imponer de forma absoluta sus criterios o aquellas que proponen la condena social y legal a quienes discrepan. Y ninguna institución, grupo o colectivo profesional puede arrogarse ningún tipo de superioridad moral o monopolizarla.
Son posibles y deseables los acuerdos de mínimos parlamentarios que permitan una concordia democrática en la nueva regulación legal del aborto.