La justicia italiana ha reabierto el debate sobre la paternidad y maternidad del colectivo LGTBI, poniendo en cuestión las restrictivas leyes del país y provocando duras críticas contra el gobierno conservador de la primera ministra, Giorgia Meloni.
El colectivo LGTBIQ de Italia se moviliza ante la ofensiva contra las familias homosexuales impulsada por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que en los últimos días ha rechazado el certificado de paternidad europeo y exige a los Ayuntamientos que dejen de inscribir a los hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero.
Ambos movimientos culminaron con la presentación de hasta tres proyectos de ley para declarar "delito universal" la maternidad subrogada efectuada en el extranjero, cuya tramitación comenzó en la Cámara de Diputados. Se trata de un nuevo obstáculo para las familias homosexuales en Italia, uno de los pocos estados de Europa occidental en los que el matrimonio igualitario no es legal.
En enero, el Gobierno de Giorgia Meloni emitió una instrucción que en la práctica impide la filiación de hijos de parejas homosexuales en Italia. La cuestión ha ido a más cuando la fiscalía de Padua ha ordenado aplicar esta instrucción con efecto retroactivo. Tal y como informa Corriere della Sera, la fiscalía pidió formalmente en junio “rectificar las 33 actas de nacimiento solicitadas por parejas de madres y registradas” desde 2017 en adelante.
Giulia Giovannini explica que la instrucción emitida bajo el Gobierno de Meloni “aplica a menores nacidos por gestación subrogada o por reproducción asistida porque la adopción de un menor se regula con una ley específica, por tanto ahí no se puede impugnar nada”.
Sin embargo, como explica a Newtral.es Francesca Feo, investigadora en la Universidad de Bergen y especializada en desigualdad de género, “el gobierno de Matteo Renzi legalizó las uniones civiles homosexuales en el 2016, es decir, las parejas de hecho, pero no se ha regulado el matrimonio igualitario”.
El Marco Legal y la Gestación Subrogada
Los vientres de alquiler son considerados ilegales en Italia, incluso el ejecutivo italiano ordenó bloquear las inscripciones en el registro civil de los niños de parejas homosexuales nacidos en el extranjero, porque varios alcaldes progresistas, habían aprovechado el vacío legal existente para registrarlos durante muchos años.
La gestación subrogada (también llamada vientre de alquiler) será considerada «delito universal» en Italia y tampoco podrá ser practicada en el extranjero. Quien la utilice, corre el riesgo de prisión de tres meses a dos años y con multa de 600.000 a un millón de euros.
Así lo aprobó la Cámara de Diputados, con 166 votos a favor, 109 contrarios y 4 abstenciones, destacando la división que se registró en la oposición de izquierdas.
En los últimos días, esta práctica de reproducción asistida ha sido el blanco de duros mensajes pronunciados por políticos conservadores como Federico Mollicone, diputado de FdI, quien aseguró en televisión el pasado lunes que "la gestación subrogada es un delito más grave que la pederastia".
El asunto ya ha llegado al Parlamento porque la coalición de derechas quiere añadir a la ley de 2004, que ilegaliza los "vientres de alquiler", la frase "las penas establecidas en el presente artículo se aplicarán también si los hechos se cometen en el extranjero".
Varchi recordó que una ley de 2004 ya estipula penas de tres meses a dos años de cárcel y multas de hasta un millón de euros, pero que eso no ha impedido que algunos recurrieran a la práctica en países en los que la maternidad subrogada se permite. Con ello, se introdujo la idea de considerar la maternidad subrogada un "delito universal", como ocurre con los crímenes de guerra.
La Postura de Meloni y la División Política
Meloni ha rechazado el certificado de paternidad europeo y exige a los Ayuntamientos que dejen de inscribir a los hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero. Un día después de pedir a los Ayuntamientos que cesaran las inscripciones, el Senado rechazó el "Certificado Europeo de Paternidad" propuesto por la Comisión Europea para que todos los países de la Unión Europea (UE) reconozcan la paternidad de una familia de otro Estado miembro.
La coalición gobernante, encabezada por la formación de Meloni, Hermanos de Italia (FdI), justificó que la propuesta suponía una invasión sobre el derecho nacional y generaba problemas al reconocer a hijos nacidos mediante gestación subrogada en otros países.
Meloni ha afirmado: “No creo que comerciar con el cuerpo femenino y transformar la maternidad en un negocio pueda considerarse una conquista de la civilización. El alquiler del útero es la esclavitud del tercer milenio”. La ley se ha aprobado con 166 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones. Todos los partidos de la oposición de izquierdas han votado en contra de la ley.
La famosa táctica del divide y vencerás había sido abrazada por Meloni, pero la particular guerra civil que estaba a punto de librarse dentro del progresismo italiano aún se encontraba en ciernes.
Mientras su Gobierno experimentaba dificultades para el acceso a los fondos europeos del plan de recuperación poscovid, desvió el debate público con un anuncio muy oportunista. Su partido, Hermanos de Italia (FDI, por sus siglas en italiano), anunció su intención de reactivar algunas viejas propuestas para endurecer la legislación italiana sobre la maternidad subrogada, ya ilegal en Italia.
Desde entonces, Meloni y sus socios han atacado reiteradamente al PD en relación sobre este tema. Una estrategia que ha obligado a la nueva cúpula del PD a pronunciarse más de una vez sobre el asunto, lo que también ha generado fricciones en las bases de la formación progresista, en particular en el ala católica del partido, muy contraria a cualquier aceptación de los vientres de alquiler.
En abril, Schlein nombró finalmente a los miembros de su Secretaría Política. Y, dentro de este organismo, incluyó a Alessandro Zan, un representante de la comunidad LGTBI+ que en el pasado ha llegado a acusar a las feministas históricas (también llamadas radicales, en Italia) de "retrógradas", por su postura contraria a los vientres de alquiler y sus dudas sobre la denominada ideología de género.
El 19 de ese mes, Schlein aclaró su posición sobre el asunto. En una declaración pública, la joven política reconoció que dentro del PD no existía consenso sobre la maternidad subrogada, pero añadió que ella "siempre" se ha mostrado a favor.
En paralelo, alrededor de 100 feministas italianas le pidieron a Schlein que se pronunciase en contra, y el asunto terminó por poner bajo una enorme presión a grupos de lesbianas, algunos de los cuales sufrieron escisiones internas y quedaron al margen del debate. Otras mujeres empezaron asimismo a no querer pronunciarse sobre el asunto, por miedo a que se les vinculara con Meloni.
“Soy de izquierda, soy atea y creo que la maternidad subrogada transforma a las mujeres en objetos y el nacimiento en una forma de producción. Pero lamentablemente no puedo hablar”, escribía en esos días una de las lideres del movimiento lésbico a esta periodista.
La decisión judicial refuerza el derecho de los niños. Por otro lado, se felicitó por el hecho de que el Tribunal Constitucional mantenga su rechazo a la gestación subrogada, que, en su opinión, se basa en «la diferencia natural de los cuerpos sexuados», una distinción que la ideología intenta borrar, según subrayó.
El caso italiano recuerda a lo que sucedió en Lituania en 2020, cuando el Parlamento adoptó, por una aplastante mayoría de votos (54 contra 4, con 3 abstenciones), una Resolución condenando toda forma de maternidad subrogada. Redactada por diputados cristiano-demócratas, este texto recibió el apoyo de los miembros del resto de partidos, sobre todo de los verdes y los socialdemócratas.
Hoy en día, la maternidad subrogada es legal en más de 50 países de todo el mundo. Las prácticas de subrogación en la gestación suponen un atentado contra la integridad moral y física, y esto es importante, tanto del hijo concebido y gestado como de la mujer que gesta.
¿Qué relación tiene esto con la filiación de hijos de parejas homosexuales en Italia? “La filiación se efectúa a través del matrimonio o de la adopción. En parejas del mismo género que no están casadas, porque no es posible, y que han tenido hijos a través de reproducción asistida o por gestación subrogada, la filiación no está regulada”, añade Feo.
Pero, ¿qué ocurre cuando es un caso de gestación subrogada? La investigadora de la Universidad Pompeu Fabra lo explica así: “Imagínate que una pareja, ya sean del mismo género o no, recurre a la gestación subrogada en Estados Unidos. Lo habitual es que vengan con un acta o sentencia que ya les reconozca a los dos como progenitores, independientemente de quién ha aportado material genético. Hasta ahora, ese acta se validaba en Italia y se procedía a la filiación. Sin embargo, el Gobierno de Meloni quiere evitar este automatismo porque es contrario a la gestación subrogada. Por tanto, la instrucción impide que se reconozca esa filiación en el progenitor de intención (no biológico). Si es una pareja heterosexual es más difícil que salten las alarmas porque tú puedes decir que fuiste de viaje a Estados Unidos y justo se pusiste de parto allí.
Cabe recordar que el punto de partida se encuentra en una sentencia de diciembre de 2022 de la Corte Suprema de Casación que, en un caso concreto de gestación subrogada, establecía que “solo el progenitor biológico puede ser inscrito en el registro civil como progenitor”, como apunta Corriere della Sera.
Sin embargo, Francesca Feo recuerda que “hay parejas de mujeres en las que una ha gestado pero con el óvulo de la otra”. La instrucción que afecta principalmente a hijos de parejas homosexuales se ha comenzado a aplicar de forma retroactiva en Padua.
“Esto nunca había ocurrido. Una regulación se aplica de ese momento en adelante, pero no hacia atrás. Como informaba Corriere della Sera, la fiscalía ha pedido impugnar 33 registros de menores en parejas del mismo género, todas ellas compuestas por mujeres. Antonia Durán, profesora de Derecho Internacional, señala que “la familia de facto no se rompe, pero la jurídica sí”.
La investigadora Giulia Giovannini apunta que “habrá que ver qué ocurre con las impugnaciones con carácter retroactiva, ya que son los tribunales los que tienen que decidir caso por caso”.
“No sé si prosperarán. En caso de que sí, las progenitoras podrán recurrir hasta agotar las vías de la jurisdicción nacional. El último recurso sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.
Arrinconados de poco ha servido que diversos juristas se manifestaran escépticos sobre las posibilidades de que la ley de FDI salga adelante en su camino parlamentario. Incluso los intelectuales empezaron a hablar de ella. Algunos, como el exjuez constitucional Gustavo Zagrebelsky, la tildaron de "discriminación" para los niños nacidos de la maternidad subrogada.
Esto se debe a que la propuesta del partido de Meloni incluye que aquellos que intenten inscribir a estos menores en los registros públicos básicamente se estarán autodenunciando, afirmó Zagrebelsky.