El debate sobre el aborto es complejo y multifacético, involucrando consideraciones éticas, legales, de derechos humanos y de salud pública. Este artículo explora los argumentos a favor del aborto, examinando las leyes restrictivas, los derechos humanos y la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo.
La realidad de las leyes contra el aborto
Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, continúan practicándose más o menos la misma cantidad de abortos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando se niegan o limitan los servicios de aborto seguro, se recurre en su lugar al uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personas sin la formación necesaria para practicar abortos, mientras que al personal médico capaz de prestar los debidos cuidados se lo criminaliza.
La prohibición total o la legislación restrictiva sobre del aborto de países como El Salvador y Polonia y, más recientemente, de varios estados de Estados Unidos (entre ellos Luisiana, Ohio, Kentucky, Misisipi, Georgia, Alabama y Misuri) tienen por objeto controlar a las mujeres y las niñas y obligarlas a ajustarse a los papeles estereotipados que se les asignan en razón de su género. Son una afrenta a sus derechos humanos y a su dignidad y constituyen discriminación por motivos de género. Para las personas transgénero y queer que necesitan someterse a un aborto, estas restrictivas leyes son el último de una larga sucesión de ataques a sus derechos y libertades.
Casos reales
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado el sufrimiento y la desesperación que causan las leyes restrictivas sobre el aborto en todo el mundo.
Uno de los casos más terribles es el de la “Sra. Y”, mujer a la que se concedió asilo en Irlanda tras haber sido golpeada y violada por paramilitares en su país. La Sra. Y intentó suicidarse en varias ocasiones cuando le dijeron que no podía poner fin a su embarazo, resultado de la violación. Al final la obligaron a dar a luz por cesárea. En cada etapa del proceso, la preocupación de las autoridades irlandesas por la protección del feto estuvo por encima de toda consideración de la salud física y mental de ella.
En El Salvador es habitual acusar de homicidio a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica por ser sospechosas de haber abortado intencionadamente.
Evelyn Hernández, salvadoreña de 21 años, sufrió en casa una emergencia obstétrica que le produjo un aborto. Fue detenida, juzgada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio, en el que Evelyn fue declarada inocente. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Fiscalía salvadoreña anunció que iba interponer un recurso contra la decisión, lo que puso de manifiesto la determinación obsesiva de las autoridades de imputar a la mujer en aplicación de la draconiana legislación del país.
El derecho al aborto en América Latina
El control del cuerpo y la libertad reproductiva
Debemos continuar oponiéndonos a los intentos de los gobiernos de controlar los cuerpos de las mujeres y las niñas. Según el último informe del Instituto Guttmacher, en 2017, el 42% por ciento de las mujeres en edad reproductiva vivían en los 125 donde el aborto estaba sumamente restringido (prohibido totalmente o permitido sólo para salvar la vida o proteger la salud de la mujer). Los extremos a los que llegan las jurisdicciones del mundo para restringir el acceso al aborto privan a las mujeres y las niñas, así como a otras personas que pueden quedarse embarazadas, de sus derechos humanos y su autonomía física.
Una persona que no tenga el control de su cuerpo no puede ser libre. El debate sobre el aborto debe ir más allá de la cuestión de si la vida de la persona corre peligro a causa del embarazo. El aspecto esencial es la libertad reproductiva y el derecho de la persona a tomar decisiones sobre su cuerpo. Este derecho es fundamental para que todas las personas que pueden quedarse embarazadas ejerzan plenamente sus derechos humanos y vivan con dignidad.
Los gobiernos deben, no sólo despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto seguro en la práctica, sino también crear unas condiciones sociales en las que las personas puedan tomar decisiones sobre el embarazo sin sufrir opresión, discriminación, estigma, coacción, violencia, falta de oportunidades ni sanciones.
Teodora Vásquez fue condenada a 30 años de prisión por sufrir un aborto natural. Fue caso de Amnistía Internacional y finalmente puesta en libertad.
Tendencias globales y la lucha por los derechos
Cada vez son más los países conscientes de ese hecho, a pesar de la alarmante reducción de los derechos reproductivos que se está produciendo en algunos, como Estados Unidos o Polonia, a instancias de grupos antiabortistas y con el apoyo de políticos populistas. En los últimos 25 años, alrededor de 50 países han reformado su legislación para ampliar el acceso al aborto.
Aunque los contextos nacionales varían, todas las campañas con las que se ha conseguido reformar las leyes sobre el aborto han tenido algo en común: mujeres que han hecho oír su voz. De Irlanda a Corea del Sur, las activistas han ayudado a disipar el estigma y el secreto existentes en torno al aborto contando sus casos. En Argentina y Polonia, más de un millón de mujeres se han manifestado para exigir que se escuchen sus voces.
Las personas que necesitan abortar o que lo han hecho merecen nuestro apoyo y solidaridad. Sea dedicando tiempo y recursos a las redes nacionales de aborto, saliendo a la calle para protestar o explicando a quienes nos rodean que el aborto seguro es necesario, todas y todos tenemos una función que desempeñar en la reivindicación de nuestros derechos.
Al mismo tiempo, los gobiernos deben ampliar el acceso de todas las personas al aborto y los métodos anticonceptivos seguros, legales y asequibles. No sólo es humano hacerlo, sino también una obligación del Estado, según el derecho internacional.
Los derechos humanos y el aborto
Partimos de la idea de que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de donde vivan y cual sea su sexo, edad, identidad, etnia, religión o creencias. Esto significa que todos los derechos humanos son universales.
Pero, además, los derechos humanos son interdependientes, es decir, que el derecho a la igualdad implica a su vez el derecho a la no discriminación, o que los derechos económicos y sociales comprometen el derecho a la salud, a la vivienda... y, en definitiva, el derecho a contar con los recursos para tener una vida digna. Y, además, todos los derechos humanos valen igual, no hay unos derechos que estén por encima del resto.
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagró estos principios básicos, basados en la inalienable dignidad de la persona. Pero los derechos humanos no son un listado cerrado, inamovible o al margen de los diferentes contextos y situaciones históricas. A lo largo del tiempo se han ido ampliando y extendiendo. Y como son los Estados los que deben protegerlos y garantizar que se cumplen, y siempre hay que reivindicarlos. De hecho, su universalidad puede resultar dudosa cuando miramos a la situación actual de los derechos en el mundo.
Este es el caso de las mujeres porque su subordinación y desigualdad histórica interpela al cumplimiento de los derechos humanos. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, ratificó que los derechos de las mujeres son derechos humanos, por ejemplo, al reconocer este estatuto a los derechos sexuales y reproductivos, o al considerar la violación que sufren muchas mujeres en los conflictos armados como crimen de guerra.
El 1 de diciembre de 2021, Amnistía Internacional se unió a los y las activistas frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos para protestar por la sentencia que finalmente ha dado lugar a la prohibición total del aborto en muchos estados del país. Estos significan que todas las personas deben tener acceso a la educación afectivo-sexual, a la formación e información sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a la autonomía personal de las mujeres para decidir sobre si tener hijos o no, el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios de salud integral. Y es aquí donde se enmarca el derecho al aborto, realizado con garantías sanitarias.
Es una gran contradicción que gobiernos como el de Polonia o el de Paraguay, que establecen una política muy restrictiva de aborto, prohíban al mismo tiempo la educación afectivo-sexual en las escuelas.
Los derechos sexuales y reproductivos se vulneran cuando los Estados permiten la mutilación genital femenina o las esterilizaciones forzadas de determinados grupos de población, como pasó en Perú, o la política del hijo único en China, o los matrimonios tempranos que dan lugar a que niñas se quedan embarazadas, y cuando se prohíbe o dificulta el aborto y se encarcela a las mujeres acusadas de abortar.
Por tanto, el acceso al aborto seguro está esencialmente ligado a la protección y respeto de los derechos de las mujeres y las niñas y de todas las personas que pueden quedarse embarazadas.
¿Qué derechos humanos se vulneran cuando se prohíbe el aborto?
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida, como veremos a continuación.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal sanitario, los jueces, la familia y la propia sociedad, estigmaticen a las mujeres y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y, por tanto, sean discriminadas.
Como también son denostadas, perseguidas, atacadas e incluso condenadas judicialmente quienes defienden este derecho y sus organizaciones. Es el caso de Justyna Wydrzynska, una defensora polaca de los derechos humanos que se arriesgaba a una pena de tres años de cárcel por ayudar a abortar a una mujer que sufría violencia de género. En Polonia sólo es posible abortar si peligra la vida de la embarazada o si el embarazo es fruto de una violación.
En Andorra, el único país europeo junto a Malta en el que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Vanessa Mendoza Cortés tuvo que soportar un proceso judicial durante más de cuatro años por apoyar a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder a un aborto legal y seguro en el extranjero desde su organización Stop Violències.
La buena noticia es que la movilización internacional ha conseguido que a Justyna Wydrzynska se le repita el juicio y seguimos presionando para que quede libre de toda culpa, y Vanessa Mendoza fue absuelta en enero de 2024.
En España, desde la regulación del aborto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el acoso a las mujeres que van a las clínicas autorizadas, ha sido una constante.
Según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron a abortar en clínicas de toda España, el 89% se había sentido acosado y un 66%, amenazado. Pero también el 12 de abril de 2022, penaliza con penas de hasta un año de cárcel esta forma de acoso, precisamente para proteger la intimidad y el derecho a decidir de las mujeres que acuden a estas clínicas.
Cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres, por lo que recomienda, entre otras cuestiones, la señalización discreta de la ubicación de los servicios de aborto.
Por ejemplo, en Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necesidades y poder ejercer en la práctica su derecho a un aborto seguro.
¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto?
Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias.
Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.
| Año | Causas | Porcentaje de muertes maternas |
|---|---|---|
| 2023 | Aborto peligroso | 4,7% - 13% |
Fue el caso de Savita, una mujer residente en Irlanda, de 31 años y embarazada de 17 semanas, que murió en 2012 de septicemia porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. En aquel momento en Irlanda estaba prohibido abortar bajo cualquier circunstancia. Este terrible caso contribuyó a que desde diciembre de 2018 el aborto en Irlanda sea un derecho.
Rosaura murió en 2012 después de que no le suministraran el tratamiento médico necesario ante una grave leucemia porque estaba embarazada, además de denegarle un aborto terapéutico. República Dominicana es uno de los países donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias. El Estado no amparó a Rosaura y su madre ha tenido que recurrir a la justicia internacional para denunciar la desprotección de los derechos sexuales y reproductivos en su país. La buena noticia es que en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió estudiar el caso.
En Marruecos murió en 2023 una niña de 14 años de un pueblo cerca de Midelt, en el centro del país, a causa de una aborto inseguro que le practicaron tras haber sido violada.
Porque contrariamente a lo que manifiestan quienes defienden la prohibición del aborto (alegando que el aborto es un asesinato y debe estar castigado por el código penal), el derecho a un aborto legal y seguro está amparado por los organismos internacionales de derechos humanos, y ninguno ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida.
Porque el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano y, por tanto estos no son aplicables a fetos, embriones, zigotos o gametos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004 señaló que "el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención” (el referido al derecho a la vida), porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.
¿Se vulnera el derecho de las mujeres a la justicia cuando se declara que el aborto es un delito?
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
Las mujeres con menos información y con menos recursos económicos no sólo tienen mucho más difícil acceder a un aborto seguro, sino que también es desigual su acceso a la justicia cuando son acusadas de abortar y se les imputa un delito.
En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo sea a causa de una violación. Allí las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta con 40 años de cárcel y para quienes las ayudan a abortar, incluido el personal médico, las condenas pueden suponer 12 años de cárcel.
Evelyn es una mujer que carecía de recursos económicos y, por tanto, no pudo pagar un abogado que hiciera una buena defensa de su caso. Su defensa y todo el proceso quedaron condicionados por la presunción del aborto como delito. En el juicio la sentenciaron a 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, es decir bajo el supuesto de que había cometido el asesinato de su propio hijo.
Gracias a la presión de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de su país e internacionales, en 2019 se consiguió que el juicio fuera revisado y finalmente fue declarada inocente. Pero ella ya había pasado tres años encarcelada y alejada de su familia. Se vulneró así el derecho de Evelyn a un juicio justo y la obligación del Estado a protegerla. Todavía hoy otras mujeres como Evelyn, todas ellas con vidas precarias y con escasos recursos económicos, siguen en la cárcel acusadas de “homicidios” que nunca pudieron cometer, porque el aborto no es un delito.
En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos. Pero avanzamos porque la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, incluye la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.
¿Cómo afecta la desigualdad económica y social al acceso al aborto libre, legal y seguro?
Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países. Era el caso de Irlanda antes de que se aprobara la despenalización del aborto en 2018. Entonces, cada año se obligaba a un mínimo de 4.000 mujeres a viajar fuera de su país, con el considerable coste mental, económico y físico.