El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia.
Avances Recientes y Obstáculos Persistentes
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
Colectivo Mujer y Salud: Fallecimiento tras aborto legal
Impacto de las Restricciones al Aborto
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Manifestación por el aborto legal en Argentina.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
El Aborto como una Cuestión de Salud Pública
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen siete millones de hospitalizaciones debido a complicaciones relacionadas con métodos de aborto no seguro. Por ello, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en contextos humanitarios, debería ser considerado como una cuestión de salud pública, aunque lamentablemente no sea así como suela interpretarse. Médicos Sin Fronteras (MSF) conocemos de primera mano las consecuencias del aborto no seguro.
En MSF hemos puesto muchos esfuerzos en formar a nuestros trabajadores y trabajadoras para que entiendan que la atención médica para evitar abortos no seguros se basa en la ética médica y en las necesidades de las pacientes. Empezamos a tratar el asunto de la atención para un aborto seguro de forma más sistemática en 2015. En 2016, cuando hicimos un estudio interno, entrevistamos a nuestras matronas y nos dimos cuenta de que para la mayoría de ellas la atención médica para un aborto seguro ya era parte de su día a día, aunque esta práctica no estuviese formalizada de manera oficial en los protocolos médicos.
Tanto a nivel personal como de organización, no deberíamos levantar una barrera más en medio de los obstáculos a los que ya se enfrentan las mujeres cuando intentan interrumpir un embarazo.
Marcha por el derecho al aborto en Chile.
Aborto Autogestionado
Para aumentar el acceso a la atención del aborto seguro, en 2017 simplificamos nuestros protocolos para un aborto con píldoras y eliminamos las pruebas médicas de rutina, como ecografías y análisis de sangre. En nuestros proyectos, la atención del aborto seguro ahora es esencialmente una conversación entre dos personas durante la cual se comparte información precisa y se proporcionan píldoras para que la persona se las lleve a casa. Desde que comenzamos con este nuevo modelo de atención, ha aumentado la cantidad de personas que podemos atender: de 781 en 2016 a más de 30.000 en 2020.
Muchas personas prefieren el aborto autogestionado por una variedad de razones, que incluyen una mayor privacidad y confidencialidad, más autonomía y control sobre el proceso y un acceso más fácil, especialmente si viven lejos de un centro que ofrece abortos.
El Aborto en el Contexto de los Derechos Humanos
Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho de los derechos humanos especifica claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras, principio que se conoce como “autonomía física”.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y pueden también exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.
El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la con...
Opinión Pública y el Derecho al Aborto
A nivel nacional, un 70% de la población española respalda que este derecho sea legal en todos los casos o en una mayoría de situaciones, y solo un 16% se decanta por la ilegalización. Por países, aunque Europa es la parte del mundo que más a favor está respecto a la legalización del aborto, encontramos importantes diferencias. En este estudio se han analizado 11 países europeos, siendo Suecia (86%) y Francia (83%) donde mayor apoyo encontramos y Rumanía (64%) y Polonia (60%) donde menos.
Las leyes de algunos países que permiten el aborto lo hacen solo en ciertos supuestos concretos y situaciones definidas. En el caso de la premisa de que un embarazo pusiese en riesgo la vida o salud de la mujer, obtiene un apoyo entre la población mundial de un 80%. En cuanto a la premisa de si el embarazo es resultado de una violación, un 76% de la ciudadanía mundial sería favorable a permitir realizar un aborto.
En cuanto al plazo en el que se permite la terminación voluntaria del embarazo de manera legal, el que más consenso mundial aglutina es el de hasta las 6 primeras semanas desde el comienzo de la gestación. Sin embargo, en los países del entorno europeo consigue un respaldo mayor, aunque es cierto que pocos países consiguen que más de la mitad de su población lo apruebe, entre ellos Suecia (70%), Gran Bretaña (65%) y Holanda y Francia (63%). Por su parte, el plazo de las 20 semanas es el que menos apoyo recaba entre la ciudadanía mundial. Únicamente el 27% de la población cree que debería ser legal terminar con un embarazo en este periodo de tiempo.
El Aborto como un Bien Social
Se analiza al aborto como un bien social examinando las distintas miradas que tiene la sociedad con respecto al aborto y sus leyes. Se critica la posición de los distintos actores sociales con respecto a la posición de la Iglesia o la posición de aquellos que están a favor de la vida. Estos no deberían estar influenciados por sus creencias personales sino por la necesidad de la población y la de políticas públicas.
Es preciso resaltar las consecuencias de su propia posición, y responsabilizarlos de las consecuencias que implica la penalización del aborto: si el objetivo de someter al aborto a la ilegalidad es defender la vida de los embriones, la penalización del aborto no cumple su objetivo. Argentina, como ejemplo de un país latinoamericano, muestra que la cantidad de abortos estimados supera de 3 a 5 veces la incidencia de los países en los que la interrupción es legal.
Así, lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria disminuyendo la cantidad de abortos, contribuyen a su alta incidencia. El grupo favorable a la despenalización no muestra muchas fisuras desde el punto de vista teórico ni el práctico. Existen distintas posiciones sobre los plazos en los que se pueden realizar las interrupciones habida cuenta de que el estatuto del embrión requiere de una protección gradual e incremental.
| País | Porcentaje de Apoyo a la Legalización del Aborto |
|---|---|
| Suecia | 86% |
| Francia | 83% |
| Gran Bretaña | 65% |
| Holanda | 63% |
| Rumanía | 64% |
| Polonia | 60% |
Una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar un embarazo. Como dice la filósofa del MIT Judith Jarvis Thompson un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. ¿Cómo es posible que tengamos que obligar a una mujer que no quiere tener un hijo en ese momento de su vida a que sea rehén de un embarazo?
Por ello el aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproductiva en particular. El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis. El aborto es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo.