Durante casi dos décadas, los ciudadanos y la Seguridad Social en España pagaron un sobrecoste en el precio de los pañales para adultos debido a un cártel integrado por varios fabricantes. Este cártel, cuya función era fijar los precios de venta, ha sido objeto de investigaciones y sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En 2016, la CNMC anunció una de sus mayores multas por cártel: 128,8 millones de euros a siete empresas de pañales para adultos y su patronal, por pactar e inflar los precios de los paquetes que utilizan los pacientes adultos no hospitalizados, desde 1996 a 2014. Parte de este costo era financiado por la Seguridad Social.
Logo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Empresas Involucradas y Sanciones
En concreto, la CNMC consideró que Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
Las multas se repartieron de la siguiente manera:
- Arbora & Ausonia, S.L.U, y su sucesora Procter & Gamble España, S.A.: 68,5 millones de euros.
- SCA Hygiene Products, S.L.: 35,1 millones de euros.
- Laboratorios Indas, S.A.U: 13,2 millones de euros.
- Ontex Peninsular, S.A.U, y Ontex ID, S.A.U: 5,1 millones de euros.
- Laboratorios Hartmann, S.A.: 4 millones de euros.
- Barna Import Medica, S.A.: 1,4 millones de euros.
- Textil Planas Oliveras, S.A.: 801.738 euros.
- Algodones del Bages, S.A.U: 251.456 euros.
Procter & Gamble, al desvelar el cártel a la CNMC mediante el Programa de Clemencia, fue eximida del pago de la multa.
El Modus Operandi del Cártel
El modus operandi del cártel consistía en dos actitudes fraudulentas combinadas. Por un lado, obstaculizaba las licitaciones públicas por las que las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados: las empresas condenadas interponían recursos de forma reiterada para dificultar esas licitaciones, y así conseguir que se vendiesen en farmacias, donde conseguían mayor rentabilidad.
Por el otro, una vez orientada la distribución a las farmacias, los fabricantes sancionados alcanzaban acuerdos, a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por la FENIN, para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Con esto falseaban la competencia y obtenían mayores márgenes.
Ilustración del concepto de fijación de precios.
Reclamaciones Millonarias y Acciones Legales
El cártel de pañales para adultos afronta un potencial alud de reclamaciones millonarias. La demanda interpuesta por CatSalut, que exige 526 millones de euros a dos de las compañías que inflaron precios entre 1996 y 2018, Hartmann y Essity -y por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya les sancionó en 2016, junto con otras seis empresas, con 126 millones de euros-, ha supuesto un punto de inflexión para otras comunidades autónomas, que ya estudian la posibilidad de acudir a los tribunales y pedir indemnizaciones por el sobrecoste que pagaron durante 18 años por estos productos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara para abrir una batalla legal contra el cártel de empresas sancionado en 2016 con 128 millones de euros por Competencia por pactar los precios de los pañales para adultos que le vendía a la sanidad pública. Como ella, una docena larga de regiones buscará ser indemnizadas en los tribunales, donde Cataluña, por ejemplo, ya reclama 526 millones. Y Madrid, que como poco pedirá 73 millones, no quiere quedarse atrás: pretende que los peritos terminen su informe seis meses después de ser contratados, y que lo defiendan ante la justicia bajo las directrices de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid busca peritos especializados en económicas, con cinco años de experiencia mínima en economía forense, y participación como perito en más de tres pleitos de defensa de la competencia. Su misión será navegar un torrente infinito de facturas correspondientes a las más de dos décadas que unen 2001 con 2023 para identificar cualquier sobrepago entre un total de más de 615 millones de euros gastados.
La CNMC cifra esos daños en 48.000 millones de euros al año, la mayoría centrados en el ámbito de la licitación de contratos públicos.
La demanda de CatSalut hace referencia al cártel descubierto por la CNMC en 2016, cuando multó con 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos: Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages. Juntas, todas estas empresas alcanzaban una cuota de mercado del 95%.
Para el organismo regulador, la conducta del cártel resultó especialmente gravosa no solo por el tiempo en el que estuvo activo (18 años), sino por el hecho de que el pacto de precios se realizara con pañales para adultos, un artículo esencial para los más de 2,5 millones de personas que sufren de incontinencia urinaria grave y para el que se destina una de las partidas presupuestarias más grandes de los productos sanitarios del sistema de salud a nivel nacional.