El aborto en Italia ha sido un tema de debate y controversia desde su legalización en 1978. Aunque la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas condiciones, el acceso a abortos seguros se ha vuelto cada vez más difícil debido a una serie de factores, incluyendo la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos y las políticas restrictivas implementadas por gobiernos regionales.
Mapa mundial sobre la legalidad del aborto.
Marco Legal y Contexto Histórico
La ley 194 fue aprobada en 1978 y se titula “Ley para la protección social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta norma establece, a partir del cuarto artículo, las condiciones para que una mujer o persona con capacidad de gestar pueda interrumpir un embarazo.
No es aborto libre hasta una determinada semana como ocurre en España, sino que se permite el aborto en los primeros 90 días siempre que haya “un grave peligro para su salud física psíquico” y así lo certifique un facultativo. De hecho, la ley incide en que si el riesgo es socioeconómico se deben abordar “las posibles soluciones para ayudar a eliminar las causas que llevarían a la interrupción del embarazo”.
La versión final de la Ley 194 se titula “Reglas para la protección social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo”. La elección de estas palabras refleja la intención del autor democristiano de situar el aborto en la misma categoría que el embarazo. Como resultado de la ley, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son llevadas obligatoriamente a las salas de maternidad junto con las nuevas madres.
De acuerdo con la Ley 194, las mujeres pueden recurrir a la interrupción voluntaria antes de 90 días solo cuando “la continuidad del embarazo, del parto o de la maternidad pudieran generar graves peligros para su salud física o mental”. En otras palabras, la ley italiana no garantiza a las mujeres el derecho a la autodeterminación. A una mujer no se le permite abortar simplemente porque no quiera ser madre.
Los antecedentes de la 194
La Ley 194 llegó en un momento en el que lo personal se había convertido en político. Italia fue uno de los últimos países de Europa en legislar los derechos sobre el aborto, con el empuje del caso Roe contra Wade en Estados Unidos en 1973 y el auge de movimientos feministas locales y extranjeros.
Aquellos movimientos combatían al mismo tiempo en las casas, en las calles y en el Parlamento. Italia era un país extremadamente conservador en cuanto a temas sexuales y reproductivos. Hasta 1978, bajo la legislación fascista aún vigente, el aborto fue etiquetado como un “crimen contra la integridad y la salud del linaje” y castigado con prisión. Como consecuencia de estas leyes, y de la condena social que emanaba de ellas, el muro de silencio alrededor del aborto resultaba inimaginablemente difícil de penetrar.
En vísperas de la aprobación de la legislación de 1978, las Naciones Unidas estimaron que en Italia se practicaban un millón de abortos ilegales cada año (aunque la cifra real probablemente era menor, puesto que, tras el primer año de legalización, el número de abortos legales fue ligeramente inferior a 188.000). Antes de la aprobación de la ley, entre 11.000 y 20.000 mujeres murieron cada año a consecuencia de un aborto.
Quién condujo a la 194
A finales de los años 60, los movimientos feministas empezaron a hacer del aborto un tema político. Lentamente, las mujeres empezaron a hablar de sus experiencias reproductivas. La ley de 1978 no llegó de la nada. Ya en 1971 y 1973, los socialistas habían presentado dos proyectos de ley. Además, en 1973 se le concedió el indulto a Gigliola Pierobon, una mujer perseguida por haber abortado, y en 1975 una decisión del Tribunal Supremo priorizó la salud psicofísica de la mujer sobre la del feto, el cual “no es aún una persona”.
Objeción de Conciencia: Un Obstáculo Significativo
Francesca Feo, investigadora en la Scuola Normale Superiore especializada en desigualdad de género, explica a Newtral.es que una de las principales barreras en el acceso al aborto en Italia es la objeción de conciencia: “El número de objetores es muy elevado y hay casos de servicios objetores, es decir, centros hospitalarios donde no se practica el aborto aunque tengan un servicio de obstetricia.
Según el último informe del Ministerio de Salud italiano (2020), el 64,6% del personal de ginecología se declaró objetor ese año. El anterior, 2019, fue un 67%. En el propio informe se reconoce que “permanece un elevado número de objetores de conciencia” y señala que, de acuerdo al artículo 9 de la ley 194, “la organización de los servicios debe ser tal que exista un número suficiente de profesionales para garantizar la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”.
La investigadora Francesca Feo señala que estos datos agregados dan una idea general de la problemática pero que “serían necesarios datos públicos por centros hospitalario”. Por ello, Feo considera relevante la iniciativa Mai Dati que recoge, en la medida de lo posible, el porcentaje de objeción de conciencia por centros.
Una de las zonas donde más objeción de conciencia se detecta es el Abruzzo, en la frontera entre el centro y el sur de Italia. Una región donde, según el informe del Ministerio de Salud, el 79,5% de ginecólogos son objetores, casi 15 puntos por encima de la media nacional.
En su publicación, Elena Caruso aborda aquellas regiones donde el derecho a abortar depende de una sola persona, es decir, donde hay un único médico que no es objetor: “Es el caso de toda la región de Molise. Aquí, si este médico no está disponible, por ejemplo, debido a una enfermedad, vacaciones o jubilación, el servicio se interrumpe. En Trapani (una ciudad en el sur), en 2016, el único médico que realizaba abortos se jubiló y los servicios de aborto dejaron de operar”.
Un defecto clave de la Ley 194 es que permite la “objeción de conciencia” por parte de los profesionales médicos. En el 60% de los hospitales italianos, el personal médico al completo es objetor y en todo el país solo el 30% de los ginecólogos practica interrupciones voluntarias.
A menos que la vida de la mujer esté en peligro, ginecólogos, anestesistas y enfermeros pueden negarse a practicar un aborto por razones éticas o de creencias religiosas. Según un ginecólogo con el que he podido hablar, existían tres tipos de objetores a finales de los 70: aquellos que objetaban en el sistema público de salud pero practicaban abortos en sus clínicas privadas (y aún lo hacen), auténticos católicos y aquellos que decidían dejar de practicar abortos porque se había convertido en la única actividad médica que realizaban y les resultaba demasiado dura de soportar.
Hoy día, la objeción resulta una elección fácil en la carrera de un ginecólogo: el aborto es una operación quirúrgica sencilla y ofrece pocas recompensas en términos de éxito profesional. Además, cuando el jefe de un departamento de obstetricia es objetor, la objeción se convierte en un camino hacia el ascenso.
La LAIGA, una asociación de ginecólogos que se oponen a la objeción de conciencia, denuncia que los no-objetores en el sistema italiano de salud sufren a menudo acoso laboral, además de ser discriminados y aislados. Desde que el aborto es un derecho constitucional en Italia, los hospitales están obligados por ley a ofrecer esta práctica a sus pacientes.
Si todo el personal médico que trabaja en un hospital es objetor, la dirección del departamento deberá poner a disposición de las pacientes un médico de otro servicio. Pero esto ocurre raramente. A menudo, las mujeres son forzadas a dejar su provincia, su región o incluso el país para poder abortar.
| Región | Porcentaje de Ginecólogos Objetores (2020) |
|---|---|
| Abruzzo | 79.5% |
| Media Nacional | 64.6% |
Políticas y Controversias Recientes
El gobierno de Italia obligará a las mujeres que quieran abortar a escuchar antes el latido del feto. Así lo contempla una reforma emprendida por el ejecutivo de Meloni que va a reforzar, con fondos europeos, la figura del consultor que ahora mismo se encarga de verificar la voluntad de la mujer para abortar.
El gabinete postfacista también ha aprobado una medida que permite a los grupos antiabortistas entrar en las clínicas de interrupción del embarazo y presionar a las mujeres que quieran ejercer su derecho al aborto. Forma parte de un paquete de iniciativas que serán financiadas por el fondo de recuperación de la Unión Europea.
Las medidas se han votado este martes en la cámara baja y se espera que pasen también en el Senado sin contratiempos. Se suman a otras muchas tomadas en regiones italianas controladas por la derecha, que financian a grupos de presión para que se infiltren en las clínicas que dan a las mujeres el certificado de interrupción del embarazo o que han restringido el acceso a la píldora abortiva.
El aborto se legalizó en Italia en 1978 y, aunque Meloni ha prometido no cambiar la ley, acceder a abortos seguros en Italia es cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a interrumpir embarazos por motivos morales o religiosos.
No es la primera vez que la aspirante a la presidencia, candidata por Hermanos de Italia, se pronuncia sobre una posible reforma de la ley que permite interrumpir un embarazo (ley 194) con el objetivo de hacerla más restrictiva. “Nuestra intención es dar pleno cumplimiento a la primera parte de la actual ley italiana, es decir, la que prevé políticas de prevención para tratar de evitar que las mujeres aborten porque no encuentran alternativas, quizás por razones económicas”, declaraba a El Periódico de España.
En los programas electorales de cara a las elecciones que se celebran este 25 de septiembre, tanto Liga como Hermanos de Italia hacen referencias a la ley 194. En el caso de Meloni, para reforzar la parte de prevención (de protección de la maternidad). En el caso de Salvini, cumplir con el artículo 2 de la ley que habla de promoción de la vida.
Meloni, por su parte, apuntó que “la ley 194 ha sido parcialmente implementada, dejando de lado la parte más importante, que es la de la prevención del aborto”.
A nivel nacional, en Italia, la confrontación, lejos de calmarse, crece. La diputada del M5S Gilda Sportiello se hizo viral en las últimas horas por su discurso en la Cámara de Diputados en el que, criticando duramente la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni, compartía la vivencia de haber abortado hace 14 años.
Es precisamente ahí donde se encuentra la polémica por la cual Italia ha estado en el centro del debate esta semana. La enmienda aprobada por el Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni permitiría la entrada de asociaciones del tercer sector, en las que entrarían también las provida, en esos centros donde las mujeres se dirigen cuando piensan en abortar.
En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni insiste en hacer de la lucha contra el aborto una de sus banderas. Entre las fórmulas que plantea el Ejecutivo está el dar ayudar económicas a las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo. Concretamente, ha propuesto ofrecerles 1.000 euros al mes durante cinco años por renunciar a abortar.
Los debates sobre el aborto
Asimismo, este miércoles se ha dado un paso más en la aprobación de otra controvertida ley, la de convertir en delito universal la maternidad subrogada, que podría llegar a ser perseguible con penas de cárcel aunque se haya llevado a cabo en el extranjero.
Durante la campaña electoral que acabó con la aplastante victoria de la derecha y la designación de Giorgia Meloni al frente del gobierno, Fratelli d'Italia y la Liga juraron que no modificarían la Ley 194.
Pero limitar el derecho al aborto es una batalla histórica del fundamentalismo católico y de la derecha neofascista y postfascista, que allí donde pueden -en el Parlamento, en las regiones y en los municipios- intentan convertir la ley en papel mojado. La ley 194 ya permite a las asociaciones antiabortistas entrar en los hospitales públicos, y los grupos antielección ya se aprovechan de ello, llevan años organizando manifestaciones contra lo que califican de “masacre”, exhibiendo fetos de plástico y pancartas en las que acusan a las mujeres y a los médicos de “asesinos”.
Por ejemplo, hace unos meses en el hospital Sant'Anna de Turín se decidió abrir una “sala de escucha” donde voluntarios de “grupos provida” (a menudo próximos a la extrema derecha) afirman querer acoger a las mujeres que quieren abortar para convencerlas de buscar una solución alternativa; una iniciativa que los movimientos feministas y los médicos laicos consideran instrumental y dirigida a manipular a las mujeres, que a menudo se encuentran en una situación de extrema fragilidad psicológica o económica.
Ahora, la votación del Parlamento italiano allana el camino para la entrada generalizada de los antiabortistas -hasta ahora limitada a unas pocas iniciativas locales- incluso en los centros de asesoramiento, una red de estructuras sanitarias territoriales públicas creada gracias a la Ley 194 para apoyar a las mujeres que tienen intención de abortar, pero también para prevenir las interrupciones del embarazo promoviendo el uso correcto de los anticonceptivos. No es casualidad que los partidos de derechas siempre hayan boicoteado estos espacios de asesoramiento e incluso que los gobiernos de centro-izquierda nunca los hayan apoyado adecuadamente.
Impacto en las Mujeres y la Sociedad
Desde la aprobación de la ley en 1978, las mujeres italianas han enfrentado ataques incesantes a sus derechos sociales y reproductivos. En el cuarenta aniversario de la Ley 194, el Ministerio de Salud ha publicado un documento oficial sobre la aplicación de la misma: el número de abortos legales ha caído sistemáticamente desde 1983 (234.801), alcanzando su mínimo histórico en 2015 (84.925).
Cuarenta años después, alrededor del 70% de los ginecólogos en Italia no practica abortos. La cifra está en aumento, y en algunas regiones donde ésta se aproxima al 90%, interrumpir un embarazo puede ser tan difícil como si fuese ilegal. Hoy día, en toda Italia tan solo 1.408 ginecólogos realizan el procedimiento completo.
Por este motivo, los abortos ilegales van en aumento, especialmente entre mujeres migrantes que no tienen acceso a los servicios públicos de salud. Se estima que en Italia se practican al menos 20.000 abortos ilegales cada año.
El Consejo de Europa ha denunciado que los derechos de las mujeres se violan en Italia debido a “las serias dificultades” que tienen para abortar de forma segura, porque la mayoría de los médicos del país se niegan a llevar a cabo interrupciones del embarazo por razones de conciencia.
Eso hace que, a pesar de que el aborto es legal en Italia desde el año 1978, muchas mujeres se ven obligadas a viajar al extranjero para poder interrumpir la gestación o incluso deben recurrir a centros clandestinos y poner su salud en riesgo. En un gran número de hospitales italianos, a pesar de que existe una unidad de ginecología, no hay ni un solo doctor o muy pocos que están dispuestos a practicar un aborto, afirman fuentes del comité social del Consejo de Europa.
Manifestación feminista en Roma por los derechos de la mujer.
“Esta situación supone un gran riesgo para la salud y el bienestar de las mujeres, lo cual es contrario al derecho a la protección de la salud”, siguen denunciando las mismas fuentes.
Según el último informe del Ministerio de Salud, en 1983 hubo 233.976 interrupciones del embarazo. En 2020 se practicaron 66.413. “Es una reducción muy significativa y, en gran parte, gracias al trabajo en materia de anticoncepción”, apunta Feo.
“Meloni hiperboliza la situación cuando dice que este derecho, poder ser madres, no está garantizado. Hay margen para adoptar medidas que mejores la situación material de las familias pero esto no tiene nada que ver con la ley del aborto. En relación al aborto en Italia y Meloni, el escenario más probable para esta investigadora, si la líder de Hermanos de Italia llegase a gobernar, es “la inacción”: “No creo que Meloni vaya a tocar la ley.