El aborto es un tema complejo y controvertido que genera intensos debates en la sociedad. Se analiza el aborto como un bien social examinando las distintas miradas que tiene la sociedad con respecto al aborto y sus leyes. Este artículo considera las diferentes visiones que la sociedad tiene con respecto al aborto y su regulación.
En este artículo discutiré las implicancias de las posiciones que tienen los actores relacionados con el aborto en nuestra sociedad. Se critica la posición de los distintos actores sociales con respecto a la posición de la Iglesia o la de aquellos que están a favor de la vida. Estos no deberían estar influenciados por sus creencias personales sino por la necesidad de la población y la de políticas públicas.
Identifico, a grandes rasgos, tres grupos:
- Quienes manifiestamente se encuentran contra el aborto y dicen velar por la santidad de la vida.
- Quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta la dignidad de las mujeres.
- Las posiciones intermedias ―a quienes llamaré "Ni-Ni"― donde están aquellos que ni están absolutamente en contra del aborto ni están a favor del aborto en todas sus causales.
Más allá del respeto que puedan merecer quienes se encuentran en el primer grupo, es necesario sacarlos de la zona de confort políticamente correcta en la que pretenden posicionarse. Es preciso resaltar las consecuencias de su propia posición, y responsabilizarlos de las consecuencias que implica la penalización del aborto: si el objetivo de someter al aborto a la ilegalidad es defender la vida de los embriones, la penalización del aborto no cumple su objetivo.
Argentina, como ejemplo de un país latinoamericano, muestra que la cantidad de abortos estimados supera de 3 a 5 veces la incidencia de los países en los que la interrupción es legal. Además, la mayoría de las internaciones y muertes de mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no sólo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que la penalización del aborto acentúa la inequidad existente. Los países donde el aborto está despenalizado, no muestran complicaciones en la salud o internaciones por las complicaciones del aborto inseguro y menos aún muertes maternas.
Desde el punto de vista teórico, la posición pro vida es una posición dogmática, deontológica y con un gran componente religioso que se asienta sobre la santidad de la vida, justificada desde la visión ―religiosa― de que la persona comienza desde el momento de la concepción. Esta tesis muestra una visión sesgada y una manipulación del estatuto del embrión, poniendo a la genética y a los 46 cromosomas en el centro de la escena y desconociendo las distintas visiones que cuestionan el estatus de persona del embrión desde las ciencias, la ética, la filosofía, la filosofía jurídica o incluso desde la religión.
Desde el punto de vista práctico, la posición pro vida es contradictoria. Invierten una enorme cantidad de poder y dinero en demonizar al aborto y a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo y prácticamente no hacen nada o muy poco para prevenir el embarazo no deseado. Así, lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria disminuyendo la cantidad de abortos, contribuyen a su alta incidencia.
El grupo favorable a la despenalización no muestra muchas fisuras desde el punto de vista teórico ni el práctico. Existen distintas posiciones sobre los plazos en los que se pueden realizar las interrupciones habida cuenta de que el estatuto del embrión requiere de una protección gradual e incremental.
No quiero ser redundante con lo antedicho, pero sí quiero marcar que la necesidad de la despenalización del aborto se basa en evidencias que provienen de las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Diversas organizaciones del ámbito civil han hecho sus aportes en cuanto a recolección de datos, investigación en campo e interpretación de la realidad del aborto clandestino y sus consecuencias.
El tercer grupo, denominado por mi "Ni-Ni", en cambio cavila en su postura continuamente. Cree que el aborto debe ser legal, pero desaconsejado, o legal pero con plazos estrictos, transigiendo en las 12 o 14 semanas de embarazo como una concesión políticamente correcta que limita lo políticamente incorrecto del aborto. O bien piensan que son los médicos los que deben decidir si el aborto encuadra o no bajo una lista limitada ―una "tablita"― de causales de admisibilidad, convirtiendo a la profesión médica, ya de por sí muy paternalista, en guardabarreras de las decisiones reproductivas de las mujeres.
Vale un párrafo aquí sobre las sociedades científicas, que muestran un gran desvelo por la formación de sus socios médicos o del personal de salud, pero un marcado desprecio por la salud y la dignidad de las mujeres, estableciendo una ecuación problemática y oximorónica en la que los médicos son buenos pero las mujeres están enfermas o mueren. Así lo demuestra la posición de la Academia Nacional de Medicina o la actitud ciertamente pasiva de las sociedades científicas relacionadas con la Obstetricia y la Ginecología.
Los "Ni-Ni" suelen estar a favor de la anticoncepción pero sin comprender las dificultades para las mujeres de acceder a los métodos. La anticoncepción es un derecho, pero para que este derecho pueda ser ejercido se requiere de educación formal, de educación sexual y del aporte gratuito de los insumos por parte de Estado. Lamentablemente, en nuestro país, la educación formal tanto primaria como secundaria, muestra altos índices de deserción escolar, sobre todo en el ciclo secundario; la educación sexual, a pesar que cuenta con una ley de aplicación obligatoria (Programa Nacional de Educación Sexual Obligatoria, ley 26.150) es una gran ausente de nuestras aulas; la provisión de métodos de planificación familiar ha sido cubierta con mayor desvelo en los últimos años con respecto a dos décadas atrás, pero aún muestra complicaciones en la llegada a las usuarias debido a los obstáculos que imprimen la Iglesia católica o los propios efectores de salud, sea de la política o de la salud pública, amparándose en sus creencias personales respecto de la santidad de la vida o en las presiones que ejercen las direcciones médicas de los institutos de salud o los jefes de servicio.
Seguir diciendo, como de hecho sucede, que los anticonceptivos son abortivos muestra mala fe o ignorancia. La tasa de embarazo adolescente es una prueba fehaciente de la escenografía reinante. Así, la posición "Ni Ni", altamente influyente, que busca un punto de equilibrio entre los derechos de las mujeres y las creencias sobre la santidad de la vida, fracasa al desconocer las deficiencias de nuestras políticas públicas en materia de educación sexual y acceso a anticonceptivos.
Deficiencias que, muchas veces, son promovidas por los mismos grupos de interés que rechazan o pretenden limitar el acceso al aborto legal. Esta posición no pretende limitar el acceso al aborto sobre la base de información científica, sino como concesión a las creencias y opiniones de grupos social y políticamente influyentes. Sin embargo, debiera ser inadmisible que una política pública, como el acceso al aborto, se encuentre a merced de las creencias personales de los funcionarios o de grupos más o menos mayoritarios de nuestra sociedad.
Todas las creencias y valores son respetables pero las religiones y creencias deben quedar para el seno del hogar de los funcionarios. Toda vez que las políticas públicas afectan a las personas de todas las creencias y religiones, la función pública debe regirse por valores y criterios laicos.
El Aborto como un Derecho
El aborto es un derecho. El despenalizador del aborto ha debido siempre excusarse por su postura. Siempre lo ha hecho. Quien trabaja para la despenalización es y ha sido un defensor de la mujer porque las distintas circunstancias así lo requerían. El aborto no era bueno pero había que legalizarlo. Sin embargo, incluso quienes han luchado por el aborto legal han debido hacer concesiones. Bill Clinton en campaña tuvo una frase que resume los conceptos anteriores: "El aborto debe ser legal, seguro y raro". Nuestra sociedad premia a la mujer que tiene hijos y condena a la que aborta.
No obstante, son varios los filósofos antinatalistas que plantean que nacer no siempre es un beneficio y que muchas veces es un seguro pasaporte para el dolor o un daño. Nada de todo esto es sencillo, habida cuenta de que uno puede tener las mejores condiciones para tener hijos y sin embargo decide no tenerlos y viceversa. O bien están aquellos que deciden tener hijos pero luego cambian de opinión por una condición física, o deciden modificarlo en base a alguna técnica genética.
Una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar un embarazo. Como dice la filósofa del MIT Judith Jarvis Thompson un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. ¿Cómo es posible que tengamos que obligar a una mujer que no quiere tener un hijo en ese momento de su vida a que sea rehén de un embarazo? ¿Cómo es posible que se obligue a una mujer a tener un hijo en contra de sus circunstancias personales, sobre la tesis de la defensa de la vida, mientras que esa misma mujer ―o cualquier hombre― no están obligados a donar un órgano a su hijo que está por morir para salvarle la vida?
Este segundo ejemplo, moralmente correcto y que se aplica a la práctica cotidiana, se justifica porque la sociedad no nos puede exigir un acto heroico a los padres o a las personas en general.
Principales argumentos A FAVOR y EN CONTRA de la LEGALIZACIÓN del ABORTO
El Aborto como un Bien Social
Por los argumentos anteriores he modificado mi manera de pensar en cuanto al aborto como algo malo y triste, o como algo inmoral pero necesario. Prefiero en cambio que el relato se convierta en algo normal, común y que hace a la vida reproductiva de las mujeres hoy, mañana, ayer y siempre desde que la mujer es mujer. Legal o ilegal, la mujer apela al aborto cuando no puede seguir adelante con ese embarazo. Por ello el aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproductiva en particular.
El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis. El aborto es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo.
En este sentido, es iluminador el relato de la filósofa Judith Jarvis Thompson citada anteriormente, quien propone una hipotética situación en la cual una mañana cualquiera, usted se despierta conectado a una persona o, mejor aún, a una personalidad de nuestra sociedad que estará conectada a usted por meses o años y que sin su ayuda, moriría. Si usted se negara a vivir con él y por lo tanto pidiera la desconexión de su cuerpo del suyo, esta persona moriría. No moriría por muerte propia sino que usted sería el causante de esta muerte y como tal sería penado por la ley.
Se siguen, de aquí, las preguntas y las reflexiones... ¿se sentiría usted moralmente vinculado como para acceder a esta situación? No cabe duda que sería muy amable de su parte si lo hiciera, y demostraría una enorme bondad. ¿Pero usted siente que la sociedad tiene el derecho de obligarlo sin opciones a esta alternativa? ¿Qué pasa si no fueran nueve meses, sino nueve años o todavía más?, ¿qué pasa si la sociedad le dijera que lamenta la situación pero ahora tiene que mantenerse conectada a esa persona y en caso contrario si usted decidiera la desconexión sería penada por la ley e iría presa?
Este ejemplo marca la exacta filosofía del pro vida: la mujer no tiene derecho a su cuerpo, todas las personas tienen derecho a la vida, y este derecho de las personas es superior al derecho de lo que acontece en su cuerpo. No me preocupa su respuesta. Supongo que habrá distintas respuestas de acuerdo a los valores de cada uno. Lo cierto es que el argumento propuesto por la filósofa Thompson es fascinante para demostrar el grado de coerción que la sociedad, políticos, y legisladores ejercen sobre la mujer en nuestro país y en la región.
El dilema, por lo tanto, es si vamos a darle más derechos a un zigoto, a un embrión, a un feto o a una mujer. Por ello, quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es a todas luces un atropello. Por otro lado ninguna mujer estaría obligada a abortar. Lo lamentable es que un grupo minoritario de personas, la mayor parte de las veces radicales, auto manifestándose en favor de la vida, quiere imponer a toda la sociedad la idea de que el aborto es un asesinato, que una nueva célula es una persona, que el aborto es una industria o que el aborto es una amenaza para la sociedad.
Esta manera de pensar me resulta totalitarista y no democrática. Para colmo, la mayoría de estas personas no son libres pensadores sino que tienen fuertes conflictos de intereses con las religiones.
El dramático caso de "Belén" en Argentina pasa por un eje que, a mi juicio, debe desterrarse en la sociedad: el aborto no es malo sino bueno. Sobre la base de sus prejuicios, algunos interpretaron erróneamente una situación de aborto espontáneo. Así por medio del poder que tienen las fuerzas de seguridad o el que otorgan los títulos universitarios, atropellaron la libertad y la salud de una mujer pobre y la castigaron y condenaron a una reclusión carcelaria. En vez de velar por la salud y las necesidades de una mujer, actuaron para congraciarse con un obispo, un juez o un jefe de servicio de un Hospital.
Belén ha sido víctima de una manera de pensar y de un actuar erróneo. Para estos actores el aborto es malo y no bueno. Y esta manera de pensar es cultura, religión, mandato. Esto no es medicina, ni salud pública.
El aborto, gracias a ciertos fármacos, se está convirtiendo en un evento privado. Esto no les quita responsabilidad a los políticos y legisladores para que no dejen de sentirse obligados a legislar a favor de los derechos de las mujeres.
Argumentos a favor y en contra del aborto
| Argumentos a favor | Argumentos en contra |
|---|---|
|
|
¿Qué derechos humanos se vulneran cuando se prohíbe el aborto?
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal sanitario, los jueces, la familia y la propia sociedad, estigmaticen a las mujeres y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y, por tanto, sean discriminadas.
Como también son denostadas, perseguidas, atacadas e incluso condenadas judicialmente quienes defienden este derecho y sus organizaciones.
¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto?
Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2023 unas 260.000 mujeres murieron durante o tras el embarazo o el parto; entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.
Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.
¿Se vulnera el derecho de las mujeres a la justicia cuando se declara que el aborto es un delito?
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
Las mujeres con menos información y con menos recursos económicos no sólo tienen mucho más difícil acceder a un aborto seguro, sino que también es desigual su acceso a la justicia cuando son acusadas de abortar y se les imputa un delito.
Cuando llegó al hospital el personal médico la denunció a la policía y fue arrestada, vulnerando así el derecho a su intimidad y el código médico que obliga a preservar el secreto profesional.
En el juicio la sentenciaron a 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, es decir bajo el supuesto de que había cometido el asesinato de su propio hijo.
¿Cómo afecta la desigualdad económica y social al acceso al aborto libre, legal y seguro?
Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. En las regiones desarrolladas se producen 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, mientras que esta proporción aumenta en las regiones en desarrollo hasta 220 defunciones por cada 100.000 peligrosos.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.