El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Mapa mundial de las leyes del aborto. Fuente: Wikipedia
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
Manifestación por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Fuente: El Mundo
Legislación en diversos países
España
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Irlanda del Norte
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
Polonia
Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia tras negársele un aborto en el hospital de Pszczyna. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
En febrero de 2025, un tribunal polaco resolvió que Justyna no había tenido un juicio justo, ya que la jueza del tribunal de primera instancia no fue nombrada de forma independiente. Sin embargo, la causa no ha sido anulada y el juicio deberá repetirse.
Pero Justyna y su movimiento, Abortion Dream Team, no se rinden. En marzo de 2025 han abierto el primer centro en el país que proporcionará información sobre el aborto en otros países, autocuidados y acompañamiento a las personas que decidan practicarse un aborto autogestionado con píldoras.
Marruecos
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. “Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, conlleva pena de hasta dos años de prisión o multas. Mientras tanto, el personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia y, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.
Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
Texas
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
Estados Unidos
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
Contrate: Leyes sobre el aborto varían en cada país
República Dominicana
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
Más recientemente, en 2021, la Cámara de Diputados volvió a abrir el debate, pero la mayoría de los diputados...
El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia -incluso si existe riesgo para la vida de la mujer- en 24 países de todo el mundo, entre los que se encuentran Egipto, Irak, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos y Filipinas, según el mapa del Centro de Derechos Reproductivos.
Legislación en Europa
El aborto es un tema tan importante como desconocida su legislación. Desde Andorra y Malta que lo prohíben específicamente hasta Holanda que permite su práctica hasta la semana 24 de gestación y sin límite, en el supuesto de malformación del feto o peligro de salud para la madre, Para la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo existen casuísticas muy variadas.
Son mayoría las disposiciones que fijan plazos determinados, con la salvedad de que el aborto libre está permitido en la mayoría de los países siempre que se practique durante las 12 primeras semanas de gestación. Así sucede en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania y la República Checa. Plazo que se amplia a 14 en Alemania, Francia, Bélgica o Rumanía. En otras legislaciones como la italiana se especifica que hasta los 90 primeros días de gestación En Portugal, según la ley promulgada en 2007, durante las 10 primeras semanas el aborto es decisión exclusiva de la mujer.
Holanda tiene más abierta la autorización legal debido a su flexibilidad. Frente a estas posturas tan diversas el aborto libre ha sido admitido por bastantes legislaciones, especialmente si se trata de casos que pueden conllevar algún riesgo para la salud de la madre o en el de una posible malformación del feto.
El Centro Mundial de la Salud, en uno de sus informes hace algunas consideraciones a los Gobiernos con el fin de que las tengan en cuenta a la hora de legislar sobre la materia.
| País | Tasa de Aborto | Legislación |
|---|---|---|
| Alemania | 18 | Ilegal, pero no perseguido en las primeras 14 semanas o en caso de violación. |
| Austria | N/A | Permitido sin límite hasta la semana 14 del embarazo, tras una consulta médica. |
| Bélgica | 14 | Libre hasta la semana 14 de gestación. |
| Dinamarca | 24 | Libre hasta la semana 12 de gestación. |
| Finlandia | 19 | No es libre, pero es posible en caso de violación, riesgo físico o psíquico para la madre, malformaciones fetales y razones socioeconómicas. |
| Francia | 26 | Libre hasta la semana 14. |
| Grecia | 15 | Permitido durante las 12 primeras semanas de embarazo. |
| Holanda | 14 | Libre antes de que el embrión sea viable. |
| Irlanda | 10 | Solo permitido si la vida de la embarazada corre peligro. |
| Italia | 25 | Posible abortar libremente durante los primeros 90 días del embarazo. |
| Luxemburgo | N/A | Permitido hasta la semana 12 en caso de violación, peligro para la vida de la madre, su salud física o psíquica o por razones socioeconómicas. |
| Portugal | N/A | Legalizado sin restricciones hasta la semana 10 del embarazo. |
| Reino Unido | 29 | Ampliamente permitido por diversas razones si es certificado por dos médicos. |
| Suecia | 34 | Posible abortar libremente hasta la semana 18 del embarazo. |
| Suiza | N/A | Permite el aborto en las primeras semanas de gestación. |
Los pioneros
La legislación sobre el aborto se inició alrededor del mundo durante el siglo XIX. México, uno de los países más restrictivos en la actualidad, fue el pionero en el mundo a la hora de permitir el aborto en caso de violación, en 1931.
En Europa, el pionero fue Islandia en 1935, país que sin embargo solo permite el aborto en casos de riesgo para la salud. Fue la Unión Soviética en 1920 el primer país que legalizó el aborto en cualquier circunstancia, si bien su práctica estaba limitada por ley a realizarse en un hospital estatal. Desde entonces, la ley ha sufrido múltiples modificaciones -estuvo prohibido entre 1936 y 1955-, hasta la Rusia actual, que permite la terminación del embarazo hasta la semana 12, por cualquier motivo.
En América Latina, que concentra, junto a África, la mayor parte de restricciones, Cuba fue el pionero en legalizar el aborto en 1968.
Restricciones y prohibiciones
Abortar es ilegal en mayor o menor medida en la mayoría de países en África, con excepción de Sudáfrica (1997), Túnez y Mozambique. Este último permite desde 2015 el aborto hasta las 12 semanas, tiempo que extiende a las 16 semanas de gestación en caso de violación e incesto.
El aborto ilegal voluntario -se entiende por voluntario un motivo que no ponga en riesgo a la salud de la madre o el bebé y no contemple una agresión sexual-, es ilegal en la mayoría de países africanos, asiáticos y sudamericanos. En los casos más restrictivos, abortar es delito y conlleva el ingreso en prisión de la madre: Malta, Vaticano, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana son los más estrictos.
En El Salvador, el caso de Teodora Vásquez ha revolucionado la materia en el país. Vásquez fue condenada en 2008 a 30 años de prisión por homicidio agravado al dar a luz a un bebé muerto y, tras cumplir diez años de condena, el Gobierno salvadoreño la indultó el pasado mes de febrero. Con todo, hay cerca de una treintena de mujeres encarceladas por delitos similares, incluidos los abortos por violación.
Chile formaba parte de los países con prohibición total hasta 2017, cuando el Parlamento aprobó eliminar la prohibición del aborto en los casos de violación, riesgo para la mujer o inviabilidad fetal.
La situación en España
En España, la ley del aborto aprobada en 2010 permite que una mujer pueda abortar hasta las 14 semanas de gestación (22 semanas en algunos casos por enfermedad), independientemente del motivo. La ley impulsada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizaba el aborto para jóvenes de 16 y 17 años, si bien el Partido Popular la modificó en 2015 para requerir consentimiento parental.
En los años 70, los países europeos han venido reformando sus leyes del aborto. España es uno de los pocos que aún no permite la libre interrupción del embarazo. Tras mucha polémica, en 1995 se aprobó una reforma según la cual el aborto se considera ilegal, pero no está perseguido si se practica en las primeras 14 semanas de gestación o en el caso de que la mujer haya sido violada.