El aborto es un tema que genera intensos debates a nivel mundial. Las campañas a favor del aborto seguro y legal se basan en argumentos de derechos humanos, autonomía de la mujer y salud pública. A continuación, exploraremos estos argumentos y analizaremos las consecuencias de la prohibición del aborto en diferentes países.
Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, continúan practicándose más o menos la misma cantidad de abortos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando se niegan o limitan los servicios de aborto seguro, se recurre en su lugar al uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personas sin la formación necesaria para practicar abortos, mientras que al personal médico capaz de prestar los debidos cuidados se lo criminaliza.
Esto nos hace preguntarnos ¿por qué no permiten abortar legalmente a la mujer embarazada? Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿por qué algunos países niegan aún este derecho y defienden leyes contra el aborto?
La realidad de las leyes contra el aborto
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado el sufrimiento y la desesperación que causan las leyes restrictivas sobre el aborto en todo el mundo.
La prohibición total o la legislación restrictiva sobre del aborto de países como El Salvador y Polonia y, más recientemente, de varios estados de Estados Unidos (entre ellos Luisiana, Ohio, Kentucky, Misisipi, Georgia, Alabama y Misuri) tienen por objeto controlar a las mujeres y las niñas y obligarlas a ajustarse a los papeles estereotipados que se les asignan en razón de su género. Son una afrenta a sus derechos humanos y a su dignidad y constituyen discriminación por motivos de género. Para las personas transgénero y queer que necesitan someterse a un aborto, estas restrictivas leyes son el último de una larga sucesión de ataques a sus derechos y libertades.
En El Salvador es habitual acusar de homicidio a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica por ser sospechosas de haber abortado intencionadamente.
Evelyn Hernández, salvadoreña de 21 años, sufrió en casa una emergencia obstétrica que le produjo un aborto. Fue detenida, juzgada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio, en el que Evelyn fue declarada inocente. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Fiscalía salvadoreña anunció que iba interponer un recurso contra la decisión, lo que puso de manifiesto la determinación obsesiva de las autoridades de imputar a la mujer en aplicación de la draconiana legislación del país.
Teodora Vásquez fue condenada a 30 años de prisión por sufrir un aborto natural. Fue caso de Amnistía Internacional y finalmente puesta en libertad.
Argumentos a favor del aborto
El debate sobre el aborto debe ir más allá de la cuestión de si la vida de la persona corre peligro a causa del embarazo. El aspecto esencial es la libertad reproductiva y el derecho de la persona a tomar decisiones sobre su cuerpo. Este derecho es fundamental para que todas las personas que pueden quedarse embarazadas ejerzan plenamente sus derechos humanos y vivan con dignidad.
Los gobiernos deben, no sólo despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto seguro en la práctica, sino también crear unas condiciones sociales en las que las personas puedan tomar decisiones sobre el embarazo sin sufrir opresión, discriminación, estigma, coacción, violencia, falta de oportunidades ni sanciones.
Según el último informe del Instituto Guttmacher, en 2017, el 42% por ciento de las mujeres en edad reproductiva vivían en los 125 donde el aborto estaba sumamente restringido (prohibido totalmente o permitido sólo para salvar la vida o proteger la salud de la mujer). Los extremos a los que llegan las jurisdicciones del mundo para restringir el acceso al aborto privan a las mujeres y las niñas, así como a otras personas que pueden quedarse embarazadas, de sus derechos humanos y su autonomía física.
Una persona que no tenga el control de su cuerpo no puede ser libre.
Cada vez son más los países conscientes de ese hecho, a pesar de la alarmante reducción de los derechos reproductivos que se está produciendo en algunos, como Estados Unidos o Polonia, a instancias de grupos antiabortistas y con el apoyo de políticos populistas. En los últimos 25 años, alrededor de 50 países han reformado su legislación para ampliar el acceso al aborto.
Aunque los contextos nacionales varían, todas las campañas con las que se ha conseguido reformar las leyes sobre el aborto han tenido algo en común: mujeres que han hecho oír su voz. De Irlanda a Corea del Sur, las activistas han ayudado a disipar el estigma y el secreto existentes en torno al aborto contando sus casos. En Argentina y Polonia, más de un millón de mujeres se han manifestado para exigir que se escuchen sus voces.
Al mismo tiempo, los gobiernos deben ampliar el acceso de todas las personas al aborto y los métodos anticonceptivos seguros, legales y asequibles. No sólo es humano hacerlo, sino también una obligación del Estado, según el derecho internacional.
Las personas que necesitan abortar o que lo han hecho merecen nuestro apoyo y solidaridad. Sea dedicando tiempo y recursos a las redes nacionales de aborto, saliendo a la calle para protestar o explicando a quienes nos rodean que el aborto seguro es necesario, todas y todos tenemos una función que desempeñar en la reivindicación de nuestros derechos.
¿Qué derechos humanos se vulneran cuando se prohíbe el aborto?
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida, como veremos a continuación.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal sanitario, los jueces, la familia y la propia sociedad, estigmaticen a las mujeres y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y, por tanto, sean discriminadas.
Como también son denostadas, perseguidas, atacadas e incluso condenadas judicialmente quienes defienden este derecho y sus organizaciones. Es el caso de Justyna Wydrzynska, una defensora polaca de los derechos humanos que se arriesgaba a una pena de tres años de cárcel por ayudar a abortar a una mujer que sufría violencia de género. En Polonia sólo es posible abortar si peligra la vida de la embarazada o si el embarazo es fruto de una violación.
En Andorra, Vanessa Mendoza Cortés tuvo que soportar un proceso judicial durante más de cuatro años por apoyar a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder a un aborto legal y seguro en el extranjero desde su organización Stop Violències.
La buena noticia es que la movilización internacional ha conseguido que a Justyna Wydrzynska se le repita el juicio y seguimos presionando para que quede libre de toda culpa, y Vanessa Mendoza fue absuelta en enero de 2024.
En España, desde la regulación del aborto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el acoso a las mujeres que van a las clínicas autorizadas, ha sido una constante.
Según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron a abortar en clínicas de toda España, el 89% se había sentido acosado y un 66%, amenazado. Pero también el 12 de abril de 2022, penaliza con penas de hasta un año de cárcel esta forma de acoso, precisamente para proteger la intimidad y el derecho a decidir de las mujeres que acuden a estas clínicas.
Cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres, por lo que recomienda, entre otras cuestiones, la señalización discreta de la ubicación de los servicios de aborto. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necesidades y poder ejercer en la práctica su derecho a un aborto seguro.
El aborto y el derecho a la vida
¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto? Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2023 unas 260.000 mujeres murieron durante o tras el embarazo o el parto; entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.
Fue el caso de Savita, una mujer residente en Irlanda, de 31 años y embarazada de 17 semanas, que murió en 2012 de septicemia porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. En aquel momento en Irlanda estaba prohibido abortar bajo cualquier circunstancia. Este terrible caso contribuyó a que desde diciembre de 2018 el aborto en Irlanda sea un derecho.
El derecho a un aborto legal y seguro está amparado por los organismos internacionales de derechos humanos, y ninguno ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida.
Porque el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano y, por tanto estos no son aplicables a fetos, embriones, zigotos o gametos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004 señaló que "el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención” (el referido al derecho a la vida), porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.
El aborto y el acceso a la justicia
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
Las mujeres con menos información y con menos recursos económicos no sólo tienen mucho más difícil acceder a un aborto seguro, sino que también es desigual su acceso a la justicia cuando son acusadas de abortar y se les imputa un delito.
En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo sea a causa de una violación. Allí las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta con 40 años de cárcel y para quienes las ayudan a abortar, incluido el personal médico, las condenas pueden suponer 12 años de cárcel.
Evelyn es una mujer que carecía de recursos económicos y, por tanto, no pudo pagar un abogado que hiciera una buena defensa de su caso. Su defensa y todo el proceso quedaron condicionados por la presunción del aborto como delito. En el juicio la sentenciaron a 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, es decir bajo el supuesto de que había cometido el asesinato de su propio hijo.
Gracias a la presión de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de su país e internacionales, en 2019 se consiguió que el juicio fuera revisado y finalmente fue declarada inocente. Pero ella ya había pasado tres años encarcelada y alejada de su familia. Se vulneró así el derecho de Evelyn a un juicio justo y la obligación del Estado a protegerla. Todavía hoy otras mujeres como Evelyn, todas ellas con vidas precarias y con escasos recursos económicos, siguen en la cárcel acusadas de “homicidios” que nunca pudieron cometer, porque el aborto no es un delito.
En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos. Pero avanzamos porque la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, incluye la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.
Desigualdad económica y social en el acceso al aborto
Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas, y la tasa de mortalidad materna es mayor en los estados que tienen las leyes de aborto más restrictivas.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países. Era el caso de Irlanda antes de que se aprobara la despenalización del aborto en 2018. Entonces, cada año se obligaba a un mínimo de 4.000 mujeres a viajar fuera de su país, con el considerable coste mental, económico y físico. Pero las que no ...
El caso de Irlanda: Un referéndum histórico
La católica Irlanda ha votado este viernes en un referéndum histórico en el que sus ciudadanos decidirán si permite al Parlamento cambiar la legislación sobre el aborto, una de las más restrictivas en la Unión Europea. La gran expectación que ha levantado la consulta se ponía de manifiesto a media mañana, cuando la participación superaba a la de la consulta celebrada en 2015 para legalizar el matrimonio homosexual, si bien la campaña por el sí animaba por la tarde a seguir participando.
Más de tres millones de irlandeses estaban llamados a las urnas para revocar o mantener la Octava Enmienda del Artículo 40.3.3 de la Constitución, por el que se otorga el mismo derecho a la vida a un bebé no nacido que a la madre. Según este artículo, que entró en vigor en 1983, solo se le permite a la mujer abortar en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud.
En las papeletas, una simple pregunta que puede cambiar la historia de los últimos 35 años: ¿Aprueba la propuesta de modificar la Constitución contenida en el proyecto de ley mencionado más abajo? Dicho proyecto de ley se refiere a la 36 Enmienda que permitiría al Parlamento, en caso de mayoría del sí, legislar sobre la terminación del embarazo hasta las doce semanas o, en casos excepcionales, hasta las 24 semanas. Un tema tabú en un país profundamente católico que mira con recelo la consulta, donde los últimos sondeos coinciden en un empate muy ajustado, aunque en ocasiones, aventajado por el sí.
Sí, apoyado por el Gobierno, para "acabar con el legado de la vergüenza y la culpa", en palabras del primer ministro, Leo Varadkar, porque "una mujer a la que quieres puede necesitar tu sí" y para que "nunca más se repita el caso de Savita", una mujer india que murió en el hospital de Galway en 2012 de septicemia a las 17 semanas de embarazo, tras la negativa de los médicos a practicarle el aborto por encontrarse en un "país católico".
No, apoyado por la Iglesia, porque "mi hijo vive gracias a la Octava enmienda" o porque el denominado "aborto a la carta" "puede matar o salvar a un bebé". No para salvar "la preciosa ley""Esta preciosa ley protege a las madres y a los bebés", explica a RTVE.es desde Dublín la portavoz de Save The Eigth (Salvemos la Octava), Vicky Wall.
Wall compara el aborto en los países vecinos de Inglaterra o Gales: "Actuamos más rápido que en Inglaterra, pero en Gales matan a un bebé cada tres minutos. Se ha convertido en una cultura en la que el aborto pasa de ser aceptado a ser esperado", asegura. Sin embargo, Wall no obvia las críticas, sobre todo en los casos más delicados en torno al debate: la violación y el incesto. ¿Tiene una mujer derecho a decidir sobre lo que ocurre en su cuerpo? "No se trata de una elección sobre someterte a una cirugía, por ejemplo, sino de decidir quién vive y quién muere y nadie tiene ese derecho", responde.
La campaña a favor de legislar el aborto aglutina a doctores, hombres, mujeres y nuevas generaciones, que se han movilizado en las redes sociales a través del hashtag #hometovote. Es el caso del joven Ciaran Gaffney, que vive desde hace nueve meses en Buenos Aires (Argentina). "He venido a Dublín para votar a favor de la reforma porque la ley que tenemos ahora no prohíbe el aborto, el aborto pasa sí o sí y tenemos que responsabilizarnos de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras hijas, para que puedan cuidar de salud", explica a RTVE.es a solo unas horas de votar.
De los muchos los motivos esgrimidos por la campaña Together for Yes (Juntos por el sí), destacan dos: de ganar el sí, "una mujer ya no perderá su derecho a consentir o no consentir su tratamiento médico porque se quede embarazada"; o el hecho de que "el aborto es ya una realidad en Irlanda, pero inseguro, porque ocurre cada día sin la atención de un médico", y, al decantarse por esta opción, el país se convertirá en "una Irlanda más compasiva".
Las cifras desde 1980 a 2016, un total de 170.216 irlandesas se trasladaron a Reino Unido o Gales para practicar un aborto, según los últimos datos disponibles del Departamento de Salud británico. De ellas, 3.265 lo hicieron en 2016. En cuanto a la interrupción del embarazo legal en Irlanda en 2016, la cifra se reduce a 25, según el Ministerio de Sanidad irlandés. De estos, ocho fueron por riesgo de enfermedad física, 16 por emergencia por enfermedad física y solo uno por riesgo por suicidio.
| Año | Irlandesas que abortaron en Reino Unido/Gales | Interrupciones legales en Irlanda |
|---|---|---|
| 2016 | 3,265 | 25 |
Pero las mujeres irlandesas recurren a otro método: la píldora para abortar, ilegal según dicta la Octava enmienda.
¿Abortar o no abortar? Esa NO es la cuestión
No abandonar la batalla de la opinión pública es fundamental en la promoción de la cultura de la vida. Con una mayoría de medios de comunicación pro-choice (proaborto), el 48% de la población estadounidense se declaraba provida, frente al 45% que decía estar a favor del aborto, según la encuesta Gallup realizada en mayo de 2013. Han sido necesarios 40 años para dar este vuelco a la opinión pública, desde que el Tribunal Supremo quitó las restricciones al aborto en 1973, pero ha resultado posible gracias al dinamismo de la sociedad norteamericana.