El debate sobre el aborto es complejo y multifacético, involucrando consideraciones éticas, morales, sociales y, por supuesto, legales. Este artículo explora los argumentos jurídicos en contra del aborto, analizando las leyes restrictivas y su impacto en los derechos humanos, la dignidad y la autonomía física de las mujeres.
El Aborto y los Derechos Humanos
El acceso al aborto legal y seguro forma parte del conjunto de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos.
Estos incluyen: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida.
También el Relator especial de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa ratifican que la prohibición del aborto no hace que desaparezcan ni acaba con la necesidad de las mujeres y adolescentes a recurrir a este derecho. Por el contrario, una política de salud sexual y reproductiva integral, desde la formación e información hasta la atención sanitaria, garantiza la toma de decisiones responsables sobre el embarazo y la maternidad.
Todas las personas, en virtud del derecho internacional, tienen derecho a la vida desde el momento de nacer, y ningún organismo de derechos humanos ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida. Pero también el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado que lo que es una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y las adolescentes es prohibir el acceso a un aborto legal y seguro al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos, insalubres y de riesgo.
Defender el derecho a un aborto legal y seguro respetando la autonomía de las mujeres no está en contradicción con la defensa del derecho a la vida en el marco de los derechos humanos, independientemente del respeto que merece la posición moral, ética o religiosa de cada persona en conciencia.
También forma parte de los derechos humanos preservar la salud de las niñas, y sabemos que los riesgos ante el parto de niñas embarazadas se multiplican por cuatro respecto a las mujeres adultas. Las complicaciones de embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes.
El derecho al aborto no es un derecho aislado sino que forma parte de la salud sexual y reproductiva integral, de los derechos económicos y sociales, del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto significa que corresponde a los Estados garantizar a todas las personas el acceso a la educación afectivo-sexual, a métodos anticonceptivos, a los servicios de salud integral, incluido el aborto con garantías sanitarias, y todo ello asegurando la igualdad de trato y no discriminación por causas socioeconómicas, por ser minorías étnicas;o por cualquier otro motivo inherente a la identidad de la persona.
En primer lugar porque no es un derecho humano negar la atención médica por motivos de conciencia o de creencias religiosas. No podría suceder, como ha manifestado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el acceso a los servicios de aborto se dejara de prestar porque la población médica es objetora de conciencia.
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La Realidad de las Leyes Contra el Aborto
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado el sufrimiento y la desesperación que causan las leyes restrictivas sobre el aborto en todo el mundo. La prohibición total o la legislación restrictiva sobre del aborto de países como El Salvador y Polonia y, más recientemente, de varios estados de Estados Unidos (entre ellos Luisiana, Ohio, Kentucky, Misisipi, Georgia, Alabama y Misuri) tienen por objeto controlar a las mujeres y las niñas y obligarlas a ajustarse a los papeles estereotipados que se les asignan en razón de su género.
Para las personas transgénero y queer que necesitan someterse a un aborto, estas restrictivas leyes son el último de una larga sucesión de ataques a sus derechos y libertades.
Casos Reales: El Sufrimiento Detrás de las Leyes
Uno de los casos más terribles es el de la “Sra. Y”, mujer a la que se concedió asilo en Irlanda tras haber sido golpeada y violada por paramilitares en su país. La Sra. Y intentó suicidarse en varias ocasiones cuando le dijeron que no podía poner fin a su embarazo, resultado de la violación. Al final la obligaron a dar a luz por cesárea. En cada etapa del proceso, la preocupación de las autoridades irlandesas por la protección del feto estuvo por encima de toda consideración de la salud física y mental de ella.
En El Salvador es habitual acusar de homicidio a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica por ser sospechosas de haber abortado intencionadamente. Evelyn Hernández, salvadoreña de 21 años, sufrió en casa una emergencia obstétrica que le produjo un aborto. Fue detenida, juzgada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio, en el que Evelyn fue declarada inocente. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Fiscalía salvadoreña anunció que iba interponer un recurso contra la decisión, lo que puso de manifiesto la determinación obsesiva de las autoridades de imputar a la mujer en aplicación de la draconiana legislación del país.
Estadísticas Clave
Según estudios del Instituto Guttmacher, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, se estima que las tasas de aborto son de 33 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina y Caribe, regiones ambas donde el aborto está severamente restringido.
En España, según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de abortos en mujeres entre 15 y 44 es de 12,2 por mil mujeres en 2023; en este año se contabilizaron 103.093 abortos, con un aumento del 4,8% respecto al año anterior.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos. En 2023 unas 260.000 mujeres murieron durante o tras el embarazo o el parto; entre el 4,7% y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.
La OMS también advierte que, mientras en las regiones desarrolladas se producen alrededor de 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, en las regiones en desarrollo esta cifra asciende a 220 muertes por cada 100.000.
Tabla Comparativa: Tasas de Aborto y Restricciones Legales
| Región | Tasa de Aborto (por 1000 mujeres) | Restricciones Legales |
|---|---|---|
| África | 33 | Severamente Restringido |
| América Latina y Caribe | 32 | Severamente Restringido |
| España | 12.2 | Regulado (Ley de Plazos) |
Desmintiendo los Argumentos Pro-Aborto
Desde el «derecho a decidir», hasta la «salud sexual y reproductiva» muchas son las falaces razones esgrimidas por los abortistas; los provida tenemos más, y más razonables. No es interrupción: Interrumpir es detener la continuidad de una acción, o sea, que luego se reanuda. En el aborto podríamos hablar de frenar, liquidar, finiquitar, sacrificar, extirpar, truncar, tronchar, erradicar, triturar… pero de interrumpir, ni por asomo.
Un 75% de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre, sino obligadas por presiones insoportables de sus parejas, de sus familias y de su trabajo, frente a las que no ven otra salida. Si no se dan opciones, si no se facilitan alternativas, la decisión no es voluntaria, es obligatoria.
La activista gay Beatriz Gimeno afirma que «en el fondo del debate sobre el aborto late el miedo milenario a que las mujeres controlen sus cuerpos y su sexualidad sin permiso de los hombres». La realidad es que las feministas fundamentalistas odian hasta tal punto ser ellas las embarazadas en lugar de los hombres, que prefieren matar esa vida antes que reconocerse diferentes al género masculino. Y antes que ayudar a las mujeres que sí quieren tener esa vida.
Ninguna mujer tiene derecho a matar una vida. Aunque viva dentro de su cuerpo. Es esa vida la que tiene derecho a ser protegida. Las clínicas abortistas son un negocio millonario amparado por el Estado y los Gobiernos Autonómicos, cuyo único fin es el lucro (por 3.200 € son capaces de abortar a un no nacido sano de 26 semanas).
Los centros de aborto no informan a la mujer sobre los detalles de este tipo de intervención, las consecuencias físicas y psicológicas que tiene. Desde perforaciones uterinas, pérdidas y prematuridad del siguiente hijo hasta alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. El síndrome post-aborto es una traumática y dolorosa realidad que siempre se ha tratado de ocultar.
«La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizada en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional» (sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional).
Si tomamos la solidaridad como sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda o defensa, el aborto es justo lo contrario. Porque ni apoya a la mujer embarazada, ni respalda su situación, ni la ayuda a superarla ni, desde luego, defiende la vida que lleva dentro.
Todos los expertos coinciden: el aborto es un fracaso de la sociedad. Existe una reveladora carencia de recursos e interés, por parte del Estado, en la asistencia, la formación y la información. Algo que, según el doctor Jesús Poveda, evitaría 3 de cada 4 abortos. Eso sí que sería un logro de la sociedad.
No dejar nacer a un ser humano es matar todo su futuro. No dejar nacer cientos de miles de seres humanos es matar el futuro de una sociedad. Y, de paso, envejecer considerablemente la población. ¿Es eso progreso? ¿Ésta es la evolución que queremos? ¿Cuál será el próximo ´avance´?
Un aborto no es una irrelevante operación de apendicitis o de agmíldalas. Es la muerte y extracción de un ser vivo singular, independiente de la madre que lo cobija. Y es, en muchos casos, una experiencia traumática que puede provocar secuelas psicológicas severas cuando la mujer (o la niña) que ha abortado es consciente de que lo que le han extirpado es a su propio hijo.
En la Declaración de Madrid, más de 2.000 Académicos, médicos y expertos se han unido para afirmar que «existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación»; «el cigoto es una combinación nueva y singular», con ADN propio.
En los países donde se ha establecido la ley de plazos el resultado es unánime: más banalización, más embarazos, más abortos, más indefensión, más adolescentes y más veces. Y eso, sencillamente, no es una mejora.
No me lo invento yo, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» (Art. 1). «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» (Art. 3).
El aborto es un negocio más que rentable, pero sólo para los centros abortistas, claro. Para el resto de la sociedad es una gigantesca pérdida económica. Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina, ha evaluado en el 5% del PIB la pérdida de riqueza que supone el aborto en nuestro país en concepto de desierto demográfico y por la marginación laboral que sufre la mujer madre.
La única solución es que el aborto sea la última solución posible. El aborto es casi siempre un problema profundo. Para la madre, para su entorno familiar y laboral, para la sociedad… La única solución es evitarlo en lo posible. Simplemente con que la madre acuda al ginecólogo y vea la ecografía de su hijo se evitan 3 de cada 4 abortos.
La bipolaridad izquierda-derecha asociada a defensa-rechazo del aborto es absolutamente infundada. «No hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria que la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. Es el derecho de propiedad más absoluto concebible, más allá del derecho del amo sobre el esclavo». Lo dicen los Socialistas Cristianos.
¿Qué Derechos Humanos se Vulneran Cuando se Prohíbe el Aborto?
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal sanitario, los jueces, la familia y la propia sociedad, estigmaticen a las mujeres y las niñas que quieren ejercer su derecho responsable a abortar y, por tanto, sean discriminadas.
Como también son denostadas, perseguidas, atacadas e incluso condenadas judicialmente quienes defienden este derecho y sus organizaciones. Es el caso de Justyna Wydrzynska, una defensora polaca de los derechos humanos que se arriesgaba a una pena de tres años de cárcel por ayudar a abortar a una mujer que sufría violencia de género. En Polonia sólo es posible abortar si peligra la vida de la embarazada o si el embarazo es fruto de una violación.
En España, desde la regulación del aborto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el acoso a las mujeres que van a las clínicas autorizadas, ha sido una constante. Según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron a abortar en clínicas de toda España, el 89% se había sentido acosado y un 66%, amenazado.
¿Se vulnera el derecho a la vida cuando se dificulta el derecho al aborto?
Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias.
Fue el caso de Savita, una mujer residente en Irlanda, de 31 años y embarazada de 17 semanas, que murió en 2012 de septicemia porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. En aquel momento en Irlanda estaba prohibido abortar bajo cualquier circunstancia.
Porque contrariamente a lo que manifiestan quienes defienden la prohibición del aborto (alegando que el aborto es un asesinato y debe estar castigado por el código penal), el derecho a un aborto legal y seguro está amparado por los organismos internacionales de derechos humanos, y ninguno ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida.
¿Se vulnera el derecho de las mujeres a la justicia cuando se declara que el aborto es un delito?
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo sea a causa de una violación. Allí las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta con 40 años de cárcel y para quienes las ayudan a abortar, incluido el personal médico, las condenas pueden suponer 12 años de cárcel.
En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos.
¿Cómo afecta la desigualdad económica y social al acceso al aborto libre, legal y seguro?
Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
El Aborto: Un Derecho Fundamental
El control sobre nuestro cuerpo -y nuestra fertilidad y reproducción-, inalienable de nuestra dignidad como personas, se enmarca en los derechos humanos. Y pese a ello, el aborto libre, legal y seguro está aún por conquistar o en estado de amenaza constante. El aborto es un derecho y no hay que justificarlo. No es bueno ni malo por sí mismo. Y sus porqués no son relevantes para la defensa del derecho.