La legislación sobre el aborto en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra y Gales, ha sido objeto de intensos debates y modificaciones recientes. En este artículo, exploraremos la evolución de estas leyes, las controversias que las rodean y las implicaciones para la sociedad.
Tasas de aborto por país.
Antecedentes Históricos y Legislación Actual
En el siglo XIX y a principios del siglo XX, se promulgaron una serie de leyes en Reino Unido para reducir el acceso al aborto legal. Finalmente, tras la presión de las asociaciones que se autonominaban pro-choice, en 1967 la “Ley del Aborto” se aprobó, legalizando el aborto dentro de las 24 semanas de embarazo bajo ciertas condiciones ampliadas respecto a la ley anterior: riesgo de vida o de daño a la salud física o mental de la mujer y riesgo considerable de discapacidad en el niño por nacer. La ley entró en vigor el 27 de abril de 1968.
La actual legislación en Inglaterra y Gales permite el aborto en las primeras 24 semanas de gestación, pero la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 que la sustenta tipifica que, fuera de estas condiciones, sigue siendo un delito penal y puede conllevar la cadena perpetua, salvo en ocasiones puntuales en los que se constate que la vida de la madre esté en peligro.
La Enmienda de 2024: Un Cambio Trascendental
El Parlamento británico votó este martes a favor de una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía para despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación, sin que la mujer embarazada esté sujeta a una pena de cárcel. La enmienda, calificada como histórica, fue debatida y sometida a votación en la Cámara de los Comunes (baja), donde salió adelante con 379 votos a favor, frente a 137 en contra, y ahora continuará su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores hasta su votación definitiva antes de convertirse en ley.
La enmienda introducida hace un mes en Inglaterra y Gales elimina la posibilidad de que las mujeres sean procesadas penalmente por haber abortado incluso fuera del marco legal actual, es decir, más allá de los límites previstos por la ley de 1967 (que, como hemos visto, permite el aborto hasta la semana 24 con el consentimiento de dos médicos). La despenalización, sin embargo, se refiere exclusivamente a las mujeres que aborten, mientras que los profesionales sanitarios que realicen abortos fuera de la ley siguen siendo procesables. Se crea así una situación confusa a nivel legal entre la posibilidad de la mujer de abortar en cualquier momento y la persecución legal de los médicos que no cumplen con la ley.
La medida, propuesta por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, fue incluida en el Crime and Policing Bill y representa el mayor deterioro en relación con los supuestos “derechos reproductivos” de los últimos sesenta años en el Reino Unido.
Al exponer sus argumentos, la parlamentaria señaló que casi el 99% de los abortos ocurren antes de que el embarazo llegue a las 20 semanas, por lo que dejaba al 1% restante de las mujeres "en circunstancias desesperadas". Antoniazzi calificó de "farsa" los tres casos en los que algunas féminas habían sido arrestadas bajo delitos de aborto ilegal entre 1861 y 2022 y agregó: "Estas mujeres necesitan atención y apoyo, no criminalización".
En ese sentido, aseveró que la legislación hasta ahora vigente, proveniente de la época victoriana y aprobada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, estaba "obsoleta" y se utilizaba cada vez más contra mujeres y niñas "vulnerables". "Este es el cambio correcto en el momento correcto. Imploro a mis colegas que quieran proteger a mujeres, niñas y los servicios de aborto a votar por la nueva cláusula.
La votación parlamentaria fue también recibida favorablemente por la directora ejecutiva del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), Heidi Stewart, que aseveró que se trataba del cambio "más significativo" en la legislación sobre el aborto desde 1967 -cuando se aprobó la última Ley del Aborto-, según recogen medios británicos.
"No habrá más mujeres investigadas tras sufrir un aborto espontáneo, no más mujeres arrastradas de sus camas de hospital a la parte trasera de un furgón policial, no más mujeres separadas de sus hijos a causa de nuestra arcaica ley del aborto", agregó Stewart.
Entre los detractores se encontró la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y otros diputados de su formación como Caroline Johnson, que aseguró durante el debate que cuanto más tarde en el embarazo ocurre el aborto, más complicaciones médicas puede sufrir la mujer que se somete al procedimiento.
La gerente de Políticas Públicas de la denominada Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC, en inglés), Alithea Williams, aseguró en una nota que la decisión parlamentaria es "horrorosa y desgarradora" y prometió que seguirá luchando para conseguir impugnar la ley en sus próximas etapas parlamentarias.
Implicaciones y Controversias
La reciente noticia sobre la legalización del aborto hasta el momento del parto en Inglaterra y Gales es un reflejo alarmante de la grave crisis y decadencia moral en la que se encuentra nuestra sociedad. La decisión de permitir el aborto hasta el momento del parto es un acto que deshumaniza a los no nacidos y la sociedad en general. Este enfoque radical hacia la mal llamada “interrupción del embarazo” se presenta como un avance en los derechos reproductivos, pero en realidad, es un retroceso en nuestra humanidad.
Planned Parenthood vs pro-life.
La brutalidad de esta práctica radica en la profunda deshumanización que genera en la sociedad. Cuando se permite que un bebé sea asesinado en el momento de su nacimiento, se envía un mensaje claro: la vida humana tiene un valor relativo que puede ser desestimado por conveniencia.
Ciertamente, el infanticidio ha sido una práctica extendida a lo largo de la historia, motivada por una combinación de factores económicos, sociales, culturales y religiosos. En civilizaciones como Grecia, Roma, China e India, el infanticidio era a menudo una respuesta a condiciones sociales y económicas adversas. La pobreza y la falta de recursos obligaban a las familias a tomar decisiones desgarradoras sobre la vida de sus hijos. El abandono, una práctica común en Grecia y Roma, permitía a los padres evitar la culpa directa al dejar a los bebés en lugares públicos, donde podían ser recogidos, aunque el destino de muchos era incierto.
La reducción del infanticidio fue un proceso gradual, influenciado en gran medida por la difusión de religiones monoteístas que promovieron la dignidad de la vida humana. El judaísmo condenaba el infanticidio, considerándolo un pecado grave. El cristianismo, desde sus inicios, se opuso al abandono de niños, promoviendo la caridad y la adopción como alternativas. El islam también prohibió explícitamente el infanticidio, como se menciona en el Corán (17:31, 81:8-9).
Estos cambios legislativos, junto con mejoras económicas, como el aumento de la productividad agrícola, y la creación de orfanatos en la Europa medieval, proporcionaron alternativas al abandono. Hoy -bajo la fachada de los derechos reproductivos- están resurgiendo esas terribles prácticas infanticidas que fueron eliminadas en el avance de las sociedades y que fueron siempre vistas como uno de los actos más atroces que una sociedad puede cometer.
Y si, la legalización del aborto hasta el momento del parto es, en esencia, una forma de infanticidio, ya que permite la eliminación de un ser humano que ya puede desarrollar su vida fuera del útero materno. Se vulnera su derecho a la vida y a la protección de la infancia, se legitima la eliminación de un bebé de 9 meses. La reinstalación de esta barbarie en nuestra cultura es un signo de una enfermedad social que no respeta la vida ni la dignidad de los individuos.
En nombre de la defensa de los llamados “derechos reproductivos” se están restableciendo aquellas prácticas infanticidas presentes en diversas culturas que habían sido eliminadas con el progreso de las sociedades.
Además de todo lo relatado con anterioridad, la práctica del aborto, especialmente en etapas avanzadas del embarazo, conlleva serios riesgos para la salud de la madre. Los procedimientos abortivos tardíos son más complejos y pueden resultar en complicaciones físicas y psicológicas. Psicológicamente, muchas mujeres que han pasado por un aborto tardío experimentan sentimientos de culpa, depresión y ansiedad. La decisión de interrumpir un embarazo en una etapa tan avanzada puede dejar cicatrices emocionales que perduran a lo largo del tiempo.
Finalmente, la nueva enmienda a ley inglesa resalta aún más la negación del deber del médico. Como exprime bien el Prof. David Jones, director del Anscombe Centre, el observatorio de Bioética de referencia en el Reino Unido: “provocar deliberadamente un aborto espontáneo se considera la antítesis de la ética médica”.
Reacciones y Perspectivas Internacionales
La reacción de Donald Trump genera cierto desasosiego en Reino Unido, donde el populista Nigel Farage, líder de la derecha radical Reform e íntimo del inquilino de la Casa Blanca, encabeza las encuestas. El pasado mes de febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente J.D. Vance acusó a los políticos británicos de un "retroceso en el derecho a la conciencia" después de que Adam Smith-Connor -un veterano del ejército de 51 años- fuera procesado por rezar en las llamadas 'zonas de contención'. Estas impiden que cualquier persona haga algo que influya intencional o imprudentemente en la decisión de alguien de utilizar servicios de aborto en un radio de 150 metros de las clínicas abortivas.
Pero la preocupación británica no es un hecho aislado. Con la actual guerra de la administración estadounidense contra el derecho al aborto y el ascenso de gobiernos de extrema derecha en Europa, las clínicas abortivas se están viendo cada vez más amenazadas.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, pero esta resolución es no vinculante y no modifica la legislación actual. Para ello se requeriría el acuerdo de los 27 países miembros del bloque, incluidos aquellos con normas estrictas sobre el aborto, lo que, de momento, lo hace poco probable.
El retorno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos -donde estados individuales arbitran el derecho al aborto desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade hace tres años- ha reabierto el debate público sobre un asunto controvertido. Y ha suscitado temores de que una derecha envalentonada esté socavando de forma similar los derechos en Europa.
Las cifras del "turismo del aborto" muestran que las opciones para las mujeres en el Viejo Continente ya son limitadas. En 2022, al menos 4.500 mujeres europeas que decidieron interrumpir un embarazo tuvieron que viajar a los Países Bajos, España o Reino Unido para hacerlo, según cifras oficiales. Los Países Bajos, que sigue siendo el destino preferido hasta la fecha, registraron a 2762 mujeres de Alemania, Polonia, Bélgica y Francia, así como a unas pocas de Irlanda y a otras 500 de otros países no especificados. España registró a unas 1.500 mujeres que habían viajado desde otros países europeos. Y cientos viajaron a Reino Unido, según las estadísticas gubernamentales más recientes.
Tabla: Legislación sobre el aborto en algunos países de la UE
| País | Condiciones |
|---|---|
| Malta | Permitido solo cuando la vida de la embarazada corre peligro. |
| Polonia | Permitido en casos de violación o incesto, o si la salud de la madre está en peligro. |
| Hungría | La ley exige que las mujeres escuchen los latidos del corazón del feto. |
Casos Mediáticos Recientes
La iniciativa tiene por objetivo poner fin a casos polémicos que han tenido una fuerte repercusión mediática en los últimos meses. Uno de ellos es el de Carla Foster, una mujer de 44 años que fue condenada a 28 meses de prisión por tomar píldoras abortivas estando embarazada de ocho meses, un plazo muy superior al límite de 10 semanas establecido por la ley en el caso de los abortos con medicamentos. Foster se quedó embarazada durante el confinamiento de un hombre que no era su pareja y mintió sobre su estado de gestación en una consulta telemática -permitida en el Reino Unido desde 2020- para obtener la medicación.
Otro caso sonado ha sido el de Nicola Packer, una mujer de 41 años que obtuvo pastillas abortivas a través del servicio telemático pensando que estaba embarazada de menos de 10 semanas, cuando en realidad su estado de gestación era de 26. “Si hubiera sabido que estaba tan avanzada, no lo habría hecho. No habría sometido al bebé ni a mí misma a eso”, aseguró ante el tribunal, que la declaró finalmente inocente.
Tanto el número de abortos como de investigaciones policiales por exceder los límites legales han alcanzado cifras récord en los últimos años en Inglaterra y Gales. Según los datos más recientes, de 2022, el número de interrupciones anuales superó las 250.000, mientras que las autoridades han reclamado cerca de un centenar de historiales médicos a los servicios médicos para investigar presuntos delitos de aborto en los últimos cinco años.
En definitiva, la legalización del aborto hasta el momento del parto es solo la punta del iceberg en un tsunami de muerte que se avecina. Si no se toman medidas para abordar esta problemática, podemos esperar que la cultura de la muerte se expanda aún más. Este fenómeno no es exclusivo de un país o región; es un síntoma de una crisis global en la que se está perdiendo el respeto por la vida.
La historia nos ha enseñado que cuando una sociedad comienza a desestimar la vida de los más vulnerables, el siguiente paso es la deshumanización de otros grupos. La brutalidad de una sociedad que permite el asesinato de un bebé en el momento de nacer es un reflejo de una moralidad fallida.
La advertencia es clara: si no actuamos ahora, el tsunami de la muerte arrastrará con él no solo a los no nacidos, sino también a la humanidad misma.